El Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias –el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias autonómicas– los servicios de los 765 médicos forenses que no estén prestando servicios esenciales en la Administración de Justicia, para reforzar el frente médico contra el Coronavirus n toda España.
«En el ejercicio de su función, estos profesionales desempeñan funciones sanitarias de diagnóstico, atención primaria, monitorización o cualesquiera para las que estén capacitados dentro del campo de la medicina», ha explicado el Ministerio en un comunicado.
La decisión fue tomada ayer por acuerdo con los responsables de las consejerías de las 12 Comunidades Autonómicas con competencias transferidas en Justicia en una reunión telemática, en el marco de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus.
Este mecanismo de coordinación tiene por función consensuar actuaciones para la adecuada prestación de los servicios esenciales durante la crisis del Covid-19 por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia.
También se han puesto a disposición de la situación de la alerta sanitaria a los 180 facultativos, 84 técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que pueden dar apoyo en la detección del COVID-19.
Es personal formación especializada en la realización de pruebas PCR (las que se utilizan para la detección del virus) a tiempo real.
Esta la cuarta reunión que este foro ha celebrado hasta ahora y la primera en la que el Ministerio de Justicia ha asumido la capacidad de decisión final tras la orden del Ministerio de Sanidad, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado.
A pesar de ese poder de decisión final, los responsables del Ministerio están actuando en modo de colaboración plena y de consenso entre todos los responsables de justicia de las Comunidades Autónomas a la hora de llegar tomar decisiones, en un ejercicio de consenso constante.
Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la Fiscalía General del Estado (FGE) han dado su visto bueno esta decisión.
«Sin perjuicio de las competencias que corresponden al CGPJ y a la FGE, las instituciones representadas en el nuevo órgano –creado al amparo de la Orden 261/2020 del Ministerio de Sanidad- también han acordado establecer coordinadamente una norma común para todo el territorio del Estado en materia de medidas preventivas y de seguridad que deben adoptar los funcionarios de justicia que prestan cada día servicios esenciales en materia de Justicia durante la contención de la pandemia», dice el comunicado.
LA ABOGACÍA TAMBIÉN ESTARÁ EN ESTA COMISIÓN
A esta Comisión también se integrarán los Colegios profesionales con competencias en materia de justicia en la próxima reunión.
Los participantes en esta última reunión ha reconocido la labor de todos los profesionales –jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de Justicia, abogados, procuradores, forenses, psicólogos, graduados sociales y personal de limpieza- que, pese a la instrucción general de permanecer en el domicilio, acuden cada día a su trabajo para garantizar la tutela judicial de todos los ciudadanos en un momento tan excepcional como este.
Para asegurar que se aplican las medidas preventivas acordadas por el Gobierno y, en definitiva, mantener un servicio público imprescindible para nuestra democracia y más en situaciones críticas como la actual.
Y han recordado los servicios esenciales acordados por el CGPJ, Fiscalía y ministerio en diálogo reforzado con las comunidades autónomas.
