La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las «graves carencias» en los medios de protección individual que necesitan Policía Nacional y Guardia Civil para que los agentes ejerzan las facultades que les han asignado durante el estado de alarma para evitar el contagio del Covid-19.
Así se han manifestado a través de un comunicado conjunto en el que anuncian que han adoptado esta medida tras comprobar que no se proporciona a los agentes medios de protección suficientes como mascarillas, guantes, geles desinfectantes o gafas.
De esta manera, el objetivo es que un organismo oficial, como es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, acredite esa «exposición de alto riesgo, grave e inminente» y que «exija a la Administración las medidas para evitar transmisiones del virus».
Ambas asociaciones han anunciado, además, que esta iniciativa no es la única, puesto que ya han iniciado los trámites para interponer una demanda ante la jurisdicción de lo social «exigiendo que se ordene la compra y distribución efectiva y real de equipamientos de protección que eviten que los agentes y sus familias, como colectivo de alto riesgo, estén expuestos a un contagio sin las necesarias medidas profilácticas».
«Si no se soluciona esa situación, el SUP y AUGC demandarán de la autoridad judicial que depure las responsabilidades de los mandos que pongan a sus subordinados en riesgo por guardar equipamiento sin utilizarlo o evitar su uso».
👥Juntos @Sup_Policia y @AUGC_Comunica denunciamos ante la Inspección de Trabajo la falta de materiales y exigimos que realicen los test #COVID2019 de manera prioritaria a #PoliciaNacional y #GuardiaCivil.
⚖Nuestro siguiente paso será interponer denuncia en sede judicial. pic.twitter.com/fsXbXXwWSv— SUP (@Sup_Policia) March 25, 2020
En la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, SUP y AUGC recuerdan que ya «hay 9.000 funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas contagiados«.
Asimismo, apuntan que esta cifra es «consecuencia directa» de una exposición incidental a agentes biológicos contemplada en el Real Decreto 664/1997.
En este sentido, recuerdan que existe un «riesgo grave o inminente» generado en el lugar de trabajo» mientras el trabajador desempeña su actividad laboral, que puede suponer un daño para su salud de difícil o imposible reparación.
Para poner fin a esta situación, plantean en su denuncia que se apliquen pruebas para detectar el COVID-19 a todos los funcionarios de ambos cuerpos y saber así cuántos de los ahora aislados padecen realmente el virus o están trabajando sin presentar síntomas.
También exigen la provisión inmediata de gafas de protección, mascarillas FPP2 y FPP3, guantes y buzos. Todo ello, subrayan, en cumplimiento de las obligaciones de la Administración de proteger la salud de los policías nacionales y guardias civiles.
Además, piden que inspectores de trabajo comprueben ‘in situ’ que «la ausencia de protección entre los agentes no es puntual sino generalizada».
