Una juez da 24 horas al Ministerio de Justicia y a la FGE para dotar de medios de protección a fiscales y a funcionarios de la oficina fiscal

Añade que éste dice que «el citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales» y que «este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio».

Alude a que el punto 2 del artículo 14 establece que “en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo».

«A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios”, prosigue el citado artículo.

Recuerda que el punto 3 expone que «el empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales».

La magistrada también manifiesta que el artículo 15 de la Ley establece que el empresario ha de evitar los riesgos y evaluar los riesgos que no se pueden evitar, y compartir los riesgos en su origen, y que el artículo 17 previene que “el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos”.

Asimismo, señala que el artículo 21 de la Ley 31/1995 prevé entre otras medidas, que cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a (…) “adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente”.

La juez María Sánchez Rivero señala que en el presente orden de cosas no puede desconocerse la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Expone que tampoco pueden ser desconocidos, como ya hiciera el citado auto del Juzgado de lo Social 41 de Madrid, los acuerdos que se han venido adoptando por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Recuerda que el CGPJ acordó el 14 de marzo, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en materia de prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados dirigir comunicación a la Administración prestacional “al objeto de que proporcionen cuantos instrumentos y medios se estimen necesarios para garantizar la protección de la salud a fin de evitar contagios propagación del COVID-19, tales como dotar de elementos de protección, así como poner a disposición carteles de avisos que faciliten información sobre distancias mínimas de seguridad”, sin que dicho requerimiento haya tenido adecuado cumplimiento hasta la fecha.

Añade que entre ese material se citaba en la instrucción del 11 de marzo del CGPJ mascarillas, soluciones alcohólicas, guantes y
papel desechable.

Recuerda que en la misma línea, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó el 18 de marzo que deben seguirse las recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y propagación de la enfermedad en todas las actuaciones judiciales que deban realizarse declarando que es necesario que se observen las “recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y propagación de la enfermedad” (…) “lo que hasta ahora no se está cumpliendo por ausencia de medios materiales necesarios para ello, con grave riesgo para la salud de quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia y de cuantos ciudadanos acudan a os órganos judiciales”.

Explica que como consecuencia de lo expuesto y en la medida que en presente caso concurren los principios característicos a los que ha de responder la solicitud de medidas cautelares para que esta pueda prosperar, «a saber, la apreciación de un peligro por la mora procesal (periculum in mora) que podrían perjudicar al derecho material discutido en la litis; y apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), que, como decíamos, necesariamente implica que, sin prejuzgar el fondo del asunto, se pueda establecer un juicio provisional indiciario favorable a la pretensión que se pretende proteger a través de la tutela cautelar (artículos 721 a 747 LEC)».

«Es por lo que en correlación con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 180.5 Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, las circunstancias que se han generado por la pandemia del virus COVID- 19 y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, procede la estimación parcial de la medida cautelar que ha sido solicitada».