La Justicia belga se ha declarado «no competente» en la demanda civil presentada en un juzgado de Bruselas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros contra el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que acusan de falta de imparcialidad y piden que sea condenado en Bélgica a pagar una indemnización de un euro simbólico.
La sentencia se dictó el pasado 27 de marzo aunque no fue notificada a las partes hasta este lunes, según ha informado a Europa Press uno de los abogados de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, que ha añadido que la intención de los demandantes es recurrir el fallo ante el Tribunal de Casación, máxima instancia en Bélgica.
Según han señalado los abogados de Puigdemont y sus exconsellers, el juzgado de lo civil del Tribunal francófono de Bruselas que se ocupó del caso considera que las declaraciones de Llarena que sustentan la demanda fueron realizadas en su condición de juez y, por tanto, «están amparadas por la inmunidad de jurisdicción», por lo que, destacan, no se pronuncia sobre el fondo del caso.
Tampoco ha estimado la petición del equipo legal de los políticos independentistas de remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si la inmunidad de Estado «es conforme con el orden jurídico especial y autónomo europeo».
Los abogados de Puigdemont ya han adelantado que pedirán de nuevo que Bélgica remita la consulta al TJUE cuando el caso llegue al Tribunal de Casación. Las partes tienen un plazo de 30 días –a contar desde este lunes– para apelar a la última instancia.
Junto a Puigdemont son firmantes de la demanda civil los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica: Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluis Puig y Meritxel Serret.
Demanda por un euro
El caso se remonta a junio de 2018, cuando Puigdemont y los ‘exconsellers’ denunciaron ante los tribunales belgas que la instrucción llevada a cabo por Llarena supuso una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y pidieron una compensación de un euro simbólico.
Ya en marzo del año siguiente, la defensa de los políticos independentistas amplió la demanda para incluir al Reino de España, un movimiento con el que aspiran a impulsar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En las vistas preliminares del caso, la defensa de Llarena cuestionó la jurisdicción de las Cortes y Tribunales belgas y solicitó además que España pudiera personarse en la causa, una petición que prosperó y que los abogados de Puigdemont han interpretado como una oportunidad para demandar también al Reino de España e invocar el derecho europeo.
Los demandantes acusan también al Reino de España de cometer «violaciones sistémicas» del derecho europeo contra la «minoría catalana, sus movimientos políticos que buscan la independencia regional y sus representantes, en violación de los principios que residen en el Estado de derecho».
También cuestionan la inmunidad de jurisdicción que alega España para pedir que el fondo de este caso no sea examinado en los tribunales belgas y sostienen que se han violado varias directivas europeas que afectan a los procesos penales, además de atentado a los derechos fundamentales de los líderes independentistas.
