El Ministerio de Justicia ultima un Real Decreto ley de medidas urgentísimas, previsiblemente para el martes
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, posando ante la puerta principal del Congreso de los Diputados, al que se someterá el anteproyecto de Ley de Agilización Procesal, Organizativa y Tecnológica que está gestando la cartera que él dirige. La foto fue tomada en 2017. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

El Ministerio de Justicia ultima un Real Decreto ley de medidas urgentísimas, previsiblemente para el martes

|
24/4/2020 01:00
|
Actualizado: 24/4/2020 03:32
|

El Consejo de Ministros del próximo martes previsiblemente aprobará el Real Decreto ley que el equipo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está ultimando y que contendrá medidas urgentísitimas y provisionales, de tinte organizativo y sobre asuntos de seguridad, principalmente.

Así se entendió que sucedería durante la reunión que ayer mantuvo con los representantes sindicales de CCOO, Luis Calero, CSI-CSIF, Javier Jordán, UGT, Victoria Carrero, STAJ, José Luis Fernández, ELA, Imanol Oyarzabal, y CIG, Jesús Sánchez, el ministro les informó que dicho decreto declararía hábil el mes de agosto y que se establecerían turnos de mañana y tarde, en horarios de 8 a 14 horas y de 14 a 20 horas. 

El ministro aseguró a los representantes sindicales que la principal prioridad para él es la salud de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, transferida y sin transferir.

Y se comprometió a dotarles de todas las medidas de protección personal para minimizar al máximo los contagios.

Esa es la razón de plantear la jornada laboral actual dividida en turnos de mañana y tarde. Una adscripción que se haría de un modo «voluntario o negociado».

Según una nota distribuida después por CCOO, «si no fuera así se impondría de manera forzosa», entendieron los sindicalistas.

Campo, ante las posibles dificultades para cubrir todas las plazas debido a la necesaria distancia, la incidencia de la enfermedad o la pertenencia de los trabajadores a los distintos grupos de riesgo, «ha planteado autorizar la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y siempre en la misma localidad en la que se encuentren destinados, una medida también sometida a negociación», explica el Ministerio en un comunicado.

El Real Decreto ley en gestación, que tiene una duración legal acotada de tres meses desde el momento en que se levante el estado de alarma, será de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional. 

Es previsible que también contenga medidas referidas a las jurisdicciones de lo social, mercantil y contencioso, que formarían parte del plan de choque y de la hoja de ruta, en elaboración.

Junto a Campo, en la reunión telemática, estuvieron el secretario de Estado, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues

La segunda gran medida, además del Real Decreto ley es el anteproyecto de Ley de Agilización Procesal, Organizativa y Tecnológica, que está en fase de gestación, el cual está previsto que se presente ante el Consejo de Ministros hacia la mitad de mes de mayo.

Dicho anteproyecto de ley contendrá las reformas procesales, organizativas y tecnológicas, producto de las aportaciones de los diferentes agentes sociales: Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, las 12 Comunidades Autónomas con Competencias transferidas, Consejos Generales de la Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, asociaciones de jueces, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia y sindicatos de funcionarios.

Una vez que el Consejo de Ministros le de luz verde, tendría que seguir los trámites preceptivos, con su envío al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, para que realicen los obligatorios informes, lo cual llevaría entre 5 o 6 semanas.

Después el Gobierno lo enviaría al Congreso de los Diputados. Dependiendo de su complejidad, podría llevarse, incluso, por el procedimiento de lectura única, si así lo decide la Mesa del Congreso. Como mínimo, para que vea la luz serían precisos tres meses, como mínimo. En total, la futura ley podría estar lista en 4 o 5 meses, metiéndole velocidad a la cosa.

Poniendo fechas, entre octubre y noviembre.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Política