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Organizaciones de consumidores rechazan la propuesta del CGPJ de acudir a la vía administrativa para reclamar cancelaciones de aerolíneas

El CGPJ justifica su propuesta como un modo de aliviar la “elevada litigiosidad” en este sector.
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El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha mostrado su rechazo a la pretensión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de establecer para las personas consumidoras la obligatoriedad de reclamación previa ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en los casos de cancelación, denegación de embarque o retraso de los vuelos, considerando esa resolución vinculante y quedando expedita la vía judicial solo para el caso de recurso.

El CGPJ justifica su propuesta como un modo de aliviar la “elevada litigiosidad” en este sector, especialmente desde el inicio de la pandemia y las medidas de confinamiento. Considera también que se trata de asuntos de “complejidad baja” que deben abordarse de manera peculiar.

Para el CCU, sin embargo, esta medida no garantizará un trato igualitario a los clientes y supondría obstaculizar el derecho de acceso a la justicia de las personas consumidoras.

El bloqueo en los juzgados viene de lejos, solo en los mercantiles de Barcelona hay más de 20.000 demandas acumuladas. En el conjunto de España, las demandas rondan las 100.000, según fuentes judiciales.

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Así se ha pronunciado el órgano de representación de los consumidores a través de su presidente, Carlos Ballugera, en contestación a una carta remitida por la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, en la que esta asociación hace partícipe al CCU de su preocupación por la propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

La polémica está abierta en este tema. Desde el propio Ministerio de Consumo su directora general, Bibiana Medialdea ha manifestado que dicha reclamación administrativa no debería ser un obstáculo para la vía judicial. También se ha sabido, como adelantó el diario ‘Público’ que este Ministerio estudia crear un procedimiento nuevo extrajudicial.

Sin embargo, desde el CCU, se recuerda a la propia Medialdea que ya existe el sistema arbitral de consumo en nuestro país. Sin embargo, como señala Ballugera, este sistema habría que impulsarlo “de forma notable” porque en estos momentos no hay ninguna línea aérea adherida.

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El Consejo de Consumidores y Usuarios cree que es “inadmisible” que, mientras que para las compañías aéreas el sistema arbitral de consumo sea voluntario y no preceptivo, para los consumidores se pretenda convertir la reclamación administrativa en un requisito obligatorio, sin que puedan interponer demandas contra esas empresas.

Carlos Ballugera, presidente del CCU.

El CCU se muestra consciente de esa elevada litigiosidad en el sector del transporte aéreo, que aglutina una gran parte de las quejas de los ciudadanos recogidas por las organizaciones de consumidores y usuarios, pero recuerda que ello se debe al incumplimiento por parte las aerolíneas de las obligaciones que les impone el Reglamento (CE) nº 261/2004 en esta materia.

A juicio de este organismo, las medidas a adoptar deben pasar por intensificar la vigilancia e inspección de las autoridades sectoriales y de consumo, sancionando en su caso las malas prácticas de las empresas de manera proporcional pero también disuasoria, y no por restringir o menoscabar los derechos de los afectados.

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Asimismo, recuerda la necesidad de que, dentro del procedimiento sancionador, se cree un título ejecutivo que cuantifique el importe del daño por el que el denunciante deba ser resarcido.

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El Consejo apuesta también por incentivar la adhesión de estas empresas al Sistema Arbitral de Consumo como vía extrajudicial de resolución de los litigios, lo que permitiría la adopción de decisiones vinculantes para empresas y clientes contribuyendo a reducir en los juzgados el peso del elevado volumen de demandas.

En todo caso, el CCU pide que en la adopción de estas medidas se garantice la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios.

Hay que recordar que desde hace unos días, el Ministerio de Consumo y las asociaciones de consumidores están trabajando conjuntamente para mejorar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y facilitar acuerdos satisfactorios con empresas en aquellas compras o servicios que no se han prestado a causa de la crisis sanitaria.

Eso ha hecho que ambas entidades hayan creado una mesa de trabajo de carácter técnico con el objetivo de hacer un seguimiento permanente a las reclamaciones. No cabe duda que el tema de las reclamaciones aéreas es uno de los temas prioritarios a abordar.

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Así, Administración Central y personal técnico de las organizaciones sociales trabajarán conjuntamente para que las empresas ofrezcan alternativas satisfactorias a los bienes o servicios que no se han prestado a causa de la crisis sanitaria. Cuando el acuerdo no sea posible, el consumidor o usuario siempre mantendrá su derecho al reembolso.

Además, se busca un espacio de trabajo que oriente a los consumidores y usuarios ante la diversidad de organismos con competencias en recepción de reclamaciones.

Para Ballugera otra opción para desatascar los juzgados esta en impulsar las reclamaciones colectivas que se conocen desde 1998 pero que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no acaba de definir con claridad.

“Tenemos el mismo caso que se repite cientos de veces, pero no puede resolverse de forma global. Es urgente avanzar en los remedios colectivos”, apunta.

En este asunto de las reclamaciones colectivas, hay consenso entre los expertos consultados por Confilegal sobre su necesidad. Un jurista como el fiscal de Consumo de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, también era partidario de una regulación urgente de esta figura para evitar el colapso sobre asuntos masivos.

El problema de las líneas aéreas y su solvencia

La situación no es buena para el sector de las aerolíneas a nivel global. Las aerolíneas deben devolver el dinero de los billetes cancelados por la epidemia de Covid-19.

Las autoridades de transporte de la Unión Europea (UE) y de EEUU están de acuerdo en que las compañías aéreas no pueden ofrecer bonos a los clientes para volar en otra fecha, sino que deben devolverles los importes que hayan pagado por sus vuelos.

IATA, la patronal internacional del sector aéreo, calcula que las aerolíneas deberían prescindir de 35.000 millones de dólares (32.200 millones de euros) en efectivo en todo el mundo para realizar estos reembolsos.

El negocio aéreo ha sido uno de los más perjudicados por la epidemia de Covid-19 que se ha propagado por todo el mundo. Las aerolíneas funcionan con márgenes muy estrechos y fundamentan sus modelos de negocio en el transporte de millones de viajeros cada año.

Por eso, cuando se produce un desequilibrio entre gastos e ingresos quiebran tantas aerolíneas. IATA calcula que las líneas aéreas dejarán de ingresar 252.000 millones de dólares en 2020, un 44% menos que el año pasado.

Además, la asociación estima que entre abril y junio, las aerolíneas reducirán su liquidez, es decir, dinero disponible en cuentas bancarias, por valor de 61.000 millones de dólares.

Alexandre de Juniac, director general y consejero delegado de IATA, pidió hace unas semanas un plan de liquidez para las aerolíneas de 200.000 millones de dólares. Ahora con la desescalada en muchos países, habrá que ver cuál es el futuro de este sector tan maltrecho por la crisis del coronavirus.