El juez propone juzgar a Villarejo y a otras 13 personas por espionaje a un despacho de abogados
Da un plazo de diez días a Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento; en la imagen el excomisario Villarejo.

El juez propone juzgar a Villarejo y a otras 13 personas por espionaje a un despacho de abogados

Por cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil
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08/5/2020 10:59
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Actualizado: 08/5/2020 10:59
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El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón propone juzgar al excomisario José Manuel Villarejo, al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, y a otras 12 personas entre las que también hay expolicías por la pieza número 2 del ‘caso Tándem’, ‘Iron’, sobre el encargo que un despacho de abogados, Herrero y Asociados, habría hecho a Villarejo para espiar a un bufete de la competencia, Balder IP Law.

El juez instructor dictó ayer un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, atendiendo así la petición que la Fiscalía Anticorrupción hizo hace unos días de finalizar la investigación de esta pieza, la primera en concluirse de la macrocausa Tándem, que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas de Villarejo y por la que se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.

Propone juzgar por un delito cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil a Villarejo, su mujer Gemma Alcalá, su socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, el abogado David Macías; a los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; al funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro, a los socios mayoritarios del bufete Herrero y Asociados, Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez, a la directora del departamento de marcas externas del despacho, María Ángeles Moreno, y al propio bufete como persona jurídica.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma.

El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende asída un plazo de 10 días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El magistrado Manuel María García-Castellón García-Lomas, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

García Castellón expone que los hechos que dan motivo a la esta causa parten de la «situación de crisis» del bufete Herrero y Asociados por algo que el despacho consideró como una «competencia desleal», al haberse constituido en el mismo edificio, por antiguos socios y empleados un despacho de abogados, Balder Ip Law, con la misma finalidad y objeto social.

Indica que los responsables de Herrero y Asociados «mantenían la convicción de que la empresa rival se estaba sirviendo de antiguos empleados de Herrero para filtrar información, lo que les permitiría sustraer contratos de la cartera de clientes de Herrero y Asociados».

Motivo por el cual cuatro de sus responsables, Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, de Herrero y Asociados, se pusieron en contacto con Villarejo y posteriormente con Redondo para «descubrir mediante los servicios de detectives privados elementos de una posible competencia desleal y de potenciales ataques en seguridad informática».

El juez explica que los indicios existentes y obrantes en las actuaciones han permitido corroborar que «la actividad contratada iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives», constatándose que Villarejo y Redondo ofertaron a Herrero y Asociados «un servicio dirigido a solventar una ‘situación de crisis'» que incluía la «obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado», como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law.

El magistrado expone que actuando a través de su administrador y presidente, Francisco Carpintero, su director general, Andrés Medina, su director financiero, Álvaro Martínez, su responsable del departamento de marcas a nivel nacional, Mario Carpintero y su directora del Departamento de marcas a nivel internacional, María Ángeles Moreno, habría contratado a Villarejo «a sabiendas de su condición de comisario activo» para que, «a través de su entramado societario Grupo Cenyt y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis».

«El precio del encargo se habría fijado en 325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito», y de esas cantidades «Herrero y Asociados habría abonado un total de 302.500 euros entre los meses de agosto y septiembre de 2013 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios», según relata el magistrado.

El trabajo prestado por Villarejo habría incluido acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder IP Law, así como a datos de carácter personal y patrimonial de sus fundadores, varios trabajadores, y de un socio de Herrero y Asociados y su esposa. No consta que accediera a sus tráficos de llamadas ni a su servidor informático, «como también habrían pretendido».

Para obtener toda esta información, se habrían abonado dádivas a funcionarios públicos, «ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado» entre Herrero y Asociados y Cenyt «dado su eminente carácter ilícito».

Entre los que habrían cobrado por el trabajo, el juez cita al comisario y exjefe de la UCAO Enrique García Castaño -también investigado en la pieza princioal de Tándem-, al inspector jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO Constancio Riaño, al subinspector de la UCAO Javier Fernández Pérez, al funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro y a «otros colaboradores de Cenyt en la Tesorería General de la Seguridad Social y en entidades financieras no suficientemente identificados».

Según el magistrado, la información obtenida sería utilizada «para presentar una denuncia por presunta sustracción de datos informáticos en nombre de Herrero y Asociados» contra los socios de Balder IP Law ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial».

El instructor señala que Villarejo tendría capacidad de influir para que los denunciados fueran «detenidos y formalmente imputados en un procedimiento penal» en el que se solicitarían «graves medidas» en contra de Balder IP Law.

Se trataba de que «se diera repercusión mediática a dicha actuación policial y al procedimiento judicial subsiguiente para destruir su reputación como despacho y como abogados competidores», detalla.

La denuncia fue interpuesta el 23 de enero de 2014 ante dicha brigada y dio lugar a diligencias policiales y a la incoación el 10 de febrero de 2014 de diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid.

«Aun cuando no fueron detenidos y fue rechazada la entrada y registro solicitada por los denunciantes, sí fueron citados los denunciados para prestar declaración judicial con la condición formal de investigados», indica el magistrado.

El 17 de julio de 2015 se acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias, resolución que alcanzó firmeza el 4 de noviembre de 2015 tras la interposición de sucesivos recursos, momento hasta el cual se habrían prestado por Cenyt sus servicios a Herreros y Asociados con relación a esta contratación.

ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN PARA TRES POLICÍAS, PARA UN EMPLEADO DEL BBVA Y UN INFORMÁTICO

El magistrado ha archivado la investigación para tres policías, Manuel Novoa, José María Serrano y Juan José Díez Álvarez, porque aunque consta que entregaron datos reservados de algunos de los perjudicados a sus superiores jerárquicos en la UCAO después de que éstos se lo ordenaran, «no consta suficientemente justificado que recibieran dádivas por ello o que conocieran la finalidad ilícita pretendida con dicho acceso».

También para César Bilbao, empleado de BBVA del que consta también acreditado que «habría facilitado datos bancarios de carácter reservado» tras una solicitud cursada oficialmente desde la Comisaría General de Información.

Sobre el informático Antonio Serrano, que según el plan del comisario jubilado «debía perpetrar un ataque informático» sobre Balder IP Law, el juez instructor reconoce que «formaba parte del proyecto y del precio pactado», si bien «no consta que se llegase a acometer» el trabajo.

El anterior instructor, el magistrado Diego de Egea, que llevaba esta causa como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 -después se incorporó a la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid-, ordenó en julio de 2018 el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto de Francisco Carpintero, Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz y María Ángeles Moreno Nogales.

En febrero de 2019 la Audiencia Nacional ordenó reabrir la investigación.

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