La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado sendos escritos ante el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que levanten ya la suspensión de plazos y actuaciones que se impuso al inicio del estado de alarma, hace más de dos meses.
Para la AJFV, “no deja de ser paradójico que se puedan consumir bebidas en una terraza, pero no se puedan incoar demandas en defensa de los derechos de los ciudadanos”, lo que supone una “grave limitación y flagrante vulneración” de la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas.
Por eso, la Francisco de Vitoria reclama formalmente que se reinicien los plazos procesales y se retome la actividad en los juzgados con las medidas de seguridad necesarias y en justa proporción a lo que ya han empezado a hacer otros sectores profesionales y servicios públicos.
Todo lo contrario de lo que acordó ayer la Comisión Coordinadora de la Crisis del COVID-19 en la Administración de Justicia al prolongar la Fase 1 del plan de desescalada anunciado por el ministerio la semana pasada.
La AJFV recuerda el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, no prohíbe la celebración de juicios, vistas, comparecencias o audiencias judiciales, ni cualquier otra actuación judicial que entrañe la apertura de un plazo procesal, en especial aquellas que no requieren de la presencia de testigos o peritos (audiencias previas civiles, vistas de medidas cautelares, juicios documentales, comparecencias sin práctica de prueba, etc.).
“Secuestrar y neutralizar” al Poder Judicial, una “útil ventaja” para el Ejecutivo
La AJFV considera que esta situación supone un “secuestro del Poder Judicial” por parte del Ejecutivo y Legislativo.
Y se está produciendo con el “inmovilismo” del CGPJ y del Ministerio y las Consejerías de Justicia, lo cual tiene “consecuencias devastadoras” para los “ciudadanos que no pueden hacer valer sus derechos”.
Incluso, apunta a que “quizá la neutralización del Poder Judicial se haya revelado como una útil ventaja para el Poder Ejecutivo para eludir el control de legalidad de sus actos y del ejercicio de su potestad reglamentaria, entre otros efectos”.
La segunda asociación de jueces recuerda que AJFV fue “de las más beligerantes” en pedir el cese de la actividad judicial cuando estalló la pandemia por el evidente riesgo de contagios masivos que había en ese momento no sólo para los profesionales y usuarios de la Justicia, sino para toda la sociedad española.
