La plataforma ‘Afectados Coronavirus’, que «agrupa a ciudadanos que han visto sus derechos violados o han sufrido injusticias durante la pandemia», ha anunciado que en los próximos días se presentará la primera demanda contra la Generalitat de Cataluña por su posible responsabilidad patrimonial en la gestión de las residencias de mayores durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
La responsabilidad patrimonial es la exigencia por parte del ciudadano frente a la administración competente para que resarza los daños ocasionados por acción u omisión de las Administraciones Públicas.
Afectados Coronavirus ha anunciado que se trata de «la primera de otras acciones legales» que se iniciarán contra comunidades autónomas, residencias de mayores y otras entidades que familiares de afectados por el coronavirus han señalado como responsables, y a las que exigen dignidad y justicia.
Así lo ha informado en rueda de prensa telemática, en la que ha participado Ángel Juárez, portavoz de los afectados por el Covid-19 y reclamante de este caso concreto, Abraham Granadino, portavoz de la plataforma, y Alberto Ruiz Ojeda, socio del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, bufete que ha sido contactado por Afectados Coronavirus para que colabore, de manera altruista, con orientación legal.
Desde Cremades & Calvo-Sotelo señalan que el despacho no hará negocio con su colaboración con la plataforma de afectados ya que sólo les asesoran ofreciéndoles orientación jurídica probono.
Esta primera demanda se centra en el caso de la madre de Ángel Juárez, fallecida el pasado 16 de abril por coronavirus después de infectarse en una residencia de Barcelona.
Según ha manifestado Juárez, la familia no pudo despedirse de ella, sólo enterrarla días después de que les anunciaran su muerte.
«En su entierro sólo hubo tres personas, es el drama de muchas familias», apunta Juárez.
Informa que su madre falleció en el hospital a los pocos días de contagiarse en la residencia en la que vivía.
Afirma que cuando llevaba varios días con fiebre le indicaron que carecían de médico porque estaba de baja por coronavirus y contaban sólo con dos enfermeras.
Ángel Juárez considera que en su caso particular se dio una falta de control sobre esta residencia por parte de la administración competente, en este caso la Generalitat de Cataluña, y apunta que además de su madre fallecieron otras once personas de ese mismo centro.
Su madre había entrado en la residencia sólo un mes antes de contagiarse y pagaban por su estancia 2.300 euros al mes.
Alberto Ruiz Ojeda, socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, encargado de dirigir el caso concreto de Juárez, informa que comenzarán con una reclamación por responsabilidad de la administración pública, y si a los seis meses no hay contestación, comenzará el proceso contencioso-administrativo.
Explica que “sin perjuicio de otras actuaciones en el ámbito civil y penal, podría considerarse la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que los daños –incluido, obviamente, el resultado de muerte- hayan sido provocados por el funcionamiento de servicios sanitarios o asistenciales de titularidad de una entidad pública y pueda demostrarse debidamente la relación de causalidad entre dicho funcionamiento y los daños sufridos”.
Según se desprende de la web de Afectados Coronavirus, es una «plataforma de información general y orientación jurídica» gratuita, creada con el propósito de atender las diferentes necesidades que puedan surgir como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.
Nace como un «proyecto solidario cuya única finalidad es ofrecer orientación jurídica gratuita a los afectados por el Covid-19».
«Todos los afectados, fallecidos y sus familiares merecen un mínimo de Dignidad y Justicia», destaca.
