Concluye que no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos a José Manuel Franco Pardo por el presunto delito de prevaricación administrativa. Foto: EP
La magistrada del 8-M acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid
Deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado
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12/6/2020 10:52
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Actualizado: 12/6/2020 11:30
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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M, al considerar que tras la práctica de las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por el presunto delito de prevaricación administrativa.
En un auto, dictado este viernes, de cincuenta y una páginas, Rodríguez-Medel señala que de todas las diligencias de investigación practicadas se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones.
Indica también que Franco «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario».
Finalmente, establece también que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19».
La magistrada, no obstante, deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado.
Este auto puede ser recurrido en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.
EL PRIMER QUERELLANTE ANUNCIA QUE RECURRIRÁ ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
El primer querellante, Víctor Valladares, ha anunciado que tiene intención de presentar un recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional de la causa.
«A ver si nos dejan presentar el recurso de apelación. ¿Por qué he tenido que adherirme a otra acusación si fuimos los primeros en cumplir todos los requisitos?», ha publicado Valladares en Twitter respecto a que la juez otorgó la dirección letrada de la acusación popular a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena a pesar de que no habían sido los primeros en querellarse.
La magistrada tomó el pasado miércoles declaración como imputado a Franco, quien aseguró que antes del 8 de marzo no había “ningún elemento” para prohibir la manifestación del 8-M, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y que siempre se cumplió la ley.
Franco, también secretario general del PSOE en Madrid, dijo en en su declaración, de más de hora y media, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir esta manifestación.
Contestó a las preguntas de todas las partes, reiterando en varias ocasiones que él no es competente en materia de Sanidad, por lo que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del Covid-19.
Ayer, la magistrada continuó con la ronda de interrogatorios con la declaración de 15 testigos.
Por la mañana comparecieron como testigo cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid y otros tres promotores de concentraciones, que confirmaron haber recibido llamadas por parte de la Delegación del Gobierno días después de la celebración del 8-M.
Las fechas sobre las llamadas preventivas por el coronavirus cuadran con lo declarado por el propio Franco durante su declaración como investigado, al reconocer que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo, un día después de la marcha feminista.
Los siete testigos que comparecieron por la tarde, promotores de concentraciones, confirmaron que la Delegación del Gobierno en Madrid les llamó para pedirles que desconvocaran las concentraciones que tenían previstas celebrar después del 11 de marzo por motivos sanitarios derivados de la crisis sanitaria del coronavirus.
Negaron que en estas comunicaciones se les presionaran para cancelar los actos de protesta.
A preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ejerce la defensa de José María Franco, dijeron que no interpretaron las llamadas como una orden, sino más bien como una «sugerencia» por la crisis sanitaria.
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