A la juez decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, no le salen las cuentas en lo que aparcamientos en los edificios judiciales bajo su competencia se refiere.
Entre las medidas restrictivas a aplicar, a partir del lunes próximo por acuerdo gubernativo, están las de los vehículos que van a poder acceder a las plazas de los edificios de Plaza de Castilla y los de las calles de Joan Maragall, Francisco Gervás y Rosario Pino, cuyas matrículas van a ser registradas mediante identificadores de matrículas.
De acuerdo con los cálculos que se han realizado, la cifra final de aparcamientos es de 872.
Salen así: Plaza de Castilla, 564; Joan Maragall (antes Capitán Haya), 214; Francisco Gervás, 45; y Rosario Pino, 49.
Nueve de esas plazas están reservadas a los 9 coches oficiales para incidencias. A los magistrados les han sido reservadas alrededor de 100 plazas, lo mismo que a los letrados de la Administración de Justicia. A los Colegios de Abogados y Procuradores, 37, entre los dos.
Haciendo la cuenta de la vieja, suman 246, pero pueden llegar a 300, o un poco más, según la reasignación que se está haciendo por razones de seguridad frente a la pandemia.
El problema es que en los cuatro edificios trabajan 1.800 funcionarios. 1.800 funcionarios para poco menos de 570 plazas. Por lo que buena parte de ellos tendrá que ir en transporte público.
Lo mismo que abogados y procuradores.
Un problema tan difícil de solucionar como cuadrar el círculo.
