También se ha dirigido al Ejecutivo comunitario en una pregunta escrita para llamar la atención de las autoridades comunitarias sobre el "posible uso irregular de ayudas provenientes del Fondo Social Europeo en los centros en los que estén produciendo estas prácticas".
Pagazaurtundúa denuncia que la Generalitat Valenciana ‘coacciona’ a los alumnos que quieren estudiar solo en castellano
Denuncia que "vulnera la libertad lingüística de los alumnos y coacciona a favor del valenciano"
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22/6/2020 17:01
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Actualizado: 23/6/2020 10:19
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La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha iniciado una serie de acciones ante diferentes organismos de la Unión Europea para denunciar «las coacciones que los alumnos que desean estudiar solo en castellano están sufriendo por parte de la Generalitat Valenciana».
Advierte que «podría estar vulnerándose la Carta Europea de Derechos Fundamentales respecto al derecho a la igualdad sin discriminación por razones de lengua».
Pagazaurtundúa ha remitido a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, un documento que muestra «los mensajes de coacción que sufren los alumnos que piden la exención del valenciano», en los que se señala entre otras cosas que «pueden tener menos oportunidades laborales».
El pasado viernes envió una misiva a la Defensora del Pueblo Europeo en la que destaca que «el Capítulo III de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge el derecho de los ciudadanos europeos a la igualdad, y en concreto la igualdad ante la ley, la no discriminación, la diversidad cultural, religiosa y lingüística».
La eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos expone en su carta a O’Reilly que anteriormente le ha escrito «para señalarle que Administraciones regionales con competencias educativas están realizando prácticas discriminatorias hacia alumnos de lengua materna castellana»; un hecho que «vulnera también la Constitución española aprobada en 1978, que indica que el español es la lengua común de toda la ciudadanía española, aunque otras lengua s son cooficiales en otras regiones»
Destaca que el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y añade que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y que, además, añade que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
«Aquellas familias que quieran pedir para sus hijos la exención del estudio de la lengua valenciana están siendo sometidas a coacciones por parte de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, lo que atenta a la libre decisión de las familias y el alumnado», denuncia en la misiva.
Traslada a la Defensora del Pueblo Europeo que en uno de los formularios denunciados, puede verse que bajo el membrete del Instituto, la Generalitat Valenciana y la Unión Europea Fondo Social Europeo y su lema ‘El FSE invierte en su futuro’, se advierte de toda una serie de supuestos perjuicios para aquellos niños que no cursen sus estudios en valenciano, formulándolo como una declaración de conocimiento expreso de aquello a lo que se exponen los que solo estudien en castellano:
“Si soy exento/a (de lengua valenciana) trabajaré del mismo modo que lo hacen mis compañeros en clase, haré los mismos deberes y trabajos que el resto, compraré los mismos libros de texto que los compañeros, leeré las mismas lecturas obligatorias,…. PERO no tendré nota oficial en la tercera evaluación, por tanto, mi esfuerzo no se verá reflejado. No se me convalidarán los cursos de ESO por el Certiticat Elemental de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciá que sí tendrán mis compañeros/os. No tendré el requisiso administrativo mínimo para desarrollar la función pública en las adminsitraciones de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. No podré competir en igualdad de condiciones con mis compañeros en la empresa privada”.
Pagazaurtundúa indica que el citado formulario también señala que “la exención de valenciano puede aplazar o impedir la consecución de los objetivos de una educación plurilingüe plena y el logro de los objetivos curriculares de todas las lenguas y puede poner en desventaja el alumnado para afrontar las exigencias y los retos de nuestra sociedad en un futuro inmediato”.
Y añade que «en la misma línea de coacción», se comunica a los interesados en estudiar en castellano que “según las notas de los cursos anteriores, el alumnado no exento del valenciano obtiene un 43% más de nota en lengua castellana que el alumnado que ha solicitado la exención del valenciano”.
El documento que entregan a los alumnos; va encabezado por el membrete del Instituto, la Generalitat Valenciana y la Unión Europea Fondo Social Europeo.
Maite Pagazaurtundúa pide a Emily O’Reilly que «añada esta nueva prueba de discriminación y coacción por parte del Gobierno autonómico hacia la comunidad castellano-parlante por cuanto vulnera el Capítulo III de la Carta Europea de Derechos Fundamentales respecto al derecho de los ciudadanos a la igualdad sin discriminación por razones de lengua».
La eurodiputada también se ha dirigido al ejecutivo comunitario en una pregunta escrita, para llamar la atención de las autoridades comunitarias sobre el «posible uso irregular de ayudas provenientes del Fondo Social Europeo en los centros en los que estén produciendo estas prácticas».
“Las autoridades públicas regionales, locales o de otro tipo que participan en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos tienen la obligación jurídica de respetar lo dispuesto en la Carta cuando actúan en el ámbito de la legislación de la UE”, recuerda Pagazaurtundúa.
La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, también ha preguntado al Gobierno cómo piensa garantizar que se respeten los derechos, no solo educativos y lingüísticos, sino también los derechos fundamentales de los niños en una pregunta dirigida a la Ministra de Educación, Isabel Celaá.
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