Será juzgado a partir del próximo viernes, 17 de julio, en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía pide 7 años de prisión para el exgerente del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid)
Acusa a Sebastián R. P. de malversar caudales públicos
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10/7/2020 11:19
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Actualizado: 10/7/2020 13:56
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La Fiscalía Provincial de Madrid pide siete años de prisión para el exgerente del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) Sebastián R. P., por un supuesto delito continuado de malversación de caudales públicos.
De 1991 al 31 de mayo de 2012 prestó sus servicios como jefe de Administración y gerente del Colegio.
Además, el Ministerio Público reclama que en concepto de responsabilidad civil indemnice al ICAAH con 23.584,36 euros, y que el representante legal de la empresa Seroanda indemnice al Colegio con 97.248,60 euros.
La defensa de los intereses del ICAAH la ejercen los letrados José María Garzón y Jesús Garzón, socios-directores de Garzón Abogados, de Madrid.
El juicio comienza el próximo viernes, 17 de julio, a las 9.45, en la Audiencia Provincial de Madrid.
Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación provisional, Sebastián R. fue el administrador único de Serodanda S.L. en dos etapas distintas: desde 1993 hasta 2009 y la segunda entre los años 2012 a 2014.
La Fiscalía explica que el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares es una corporación de Derecho Público “que tiene el mandato legal de regular y organizar a través de las Juntas de Gobierno los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas”.
Añade que está obligada a garantizar su prestación continuada “atendiendo a los criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de fondos públicos puestos a su disposición”.
Para ejercer dichas funciones, el Colegio de Abogados percibía subvenciones tanto por parte del Ministerio de Justicia como de la Comunidad de Madrid con cargo a dotaciones presupuestarias para la implantación y prestación de asistencia jurídica.
La Fiscalía indica que «para hacer efectivos estos servicios, el acusado abrió cuatro cuentas corrientes en una entidad bancaria».
Expone que las cantidades de dinero recibidas eran la “fuente de ingresos” que se destinaban a abonar los servicios de asistencia jurídica que prestaban los profesionales.
Sin embargo, afirma que entre 2003 y 2009 Sebastián R. se dedicó a transferir dinero de esas cuentas a otras que tenía abiertas a su nombre sin que dichas cantidades “se correspondieran con ningún pago o derecho que el acusado debiera percibir del ICAAH”.
Dice que lo hacía mediante remesas ocultas en otras que obedecían a pagos a letrados o mediante transferencias directas que debería haber cobrado el Colegio.
Según la Fiscalía, gracias a las claves de acceso que tenía para realizar operaciones bancarias vía Internet, se embolsó a su cuenta personal 23.585,36 euros y otros 97.248,60 euros a la cuenta de Seroanda S.L., de la que era administrador único.
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