La propuesta de modificación del Código Civil para introducir una versión moderna y avanzada de la cláusula ‘rebus sic stantibus’ –una disposición general sobre revisión o resolución del contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias, como estas provocadas por el COVID-19–, finalmente no salió en la sesión de trabajo de la Comisión de Justicia celebrada hoy en el Salón Ernest Lluch del Congreso de los Diputados.
PSOE y PP han pactado que, en plazo de tres meses, el Gobierno presente una proposición ley de reforma del Código Civil que, consecuentemente afectará también a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Ambos partidos consideraron precipitado modificar el Código Civil a través de una norma proveniente de un Real Decreto-ley. Separándola, además, de la LEC porque será necesario, casi con toda seguridad, aprobar alguna norma procesal para articular la «rebus».
Según Luis Santamaría, portavoz del PP en la Comisión de Justicia, «el plazo de tres meses es razonable, incluso antes. Yo creo que el Ministerio de Justicia tiene hecho el trabajo. Además todos disponemos del informe realizado por el profesor de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña«.
Este profesor, que durante 10 años fue magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, hasta que presentó su renuncia, fue el ponente de las dos sentencias del Alto Tribunal que supusieron la actualización de este concepto dentro de su jurisprudencia la 2823/2014 de 30 de junio, la 5090/2014 de 15 de octubre y la 1698/2015 de 24 de febrero.
Actualmente no existe una cláusula, como tal, en el Código Civil, si bien existen dispersas previsiones legales que tienen en cuenta el cambio de circunstancias en el cumplimiento de las obligaciones que introducen excepciones que flexibilizan las consecuencias del principio «pacta sunt servanda» (los pactos están para cumplirlos) y del principio de la responsabilidad del deudor.
La regulación de la «rebus» fue propuesta, en este marco, por Ciudadanos, PdeCat y Compromís, que aportaron el informe de Orduña, convertido ahora en referente para la base de la futura proposición de ley.
Es una regulación que ya han acometido los principales países de nuestros entorno, como Francia, Italia, Alemania, Holanda y Portugal y que, según sus impulsores, como la Unión de Hoteleros Españoles, responde al interés general de miles de pequeñas empresas para que se negocien los contratos entre arrendadores y arrendatarios en términos de igualdad.
APROBADO EL PROYECTO DE LEY
Por otra parte, la Comisión de Justicia, tras una larga sesión de trabajo en la mañana de hoy, aprobó el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Dicho Proyecto de Ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de mayo pasado en la votación a la totalidad que se llevó a cabo.
Y se aprobó por una gran mayoría. Sólo VOX votó en contra.
La presidenta de la Comisión, la socialista Isaura Leal García, subrayó, al terminó de múltiples votaciones, el apoyo mayoritario «a unas medidas de carácter urgente para el sector de la Justicia y esperada para todos los operadores jurídicos».
«Creo manifestar que en nombre de todos que el trabajo y la voluntad de acuerdo han prevalecido en la mejora y en la ejecución de estas medidas a la mayor brevedad posible. Mi agradecimiento personal, como presidenta de esta Comisión», concluyó.
