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El entramado societario de Podemos, en el punto de mira de la Justicia por la denuncia de su excoordinador legal

El excoordinador legal de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, se ratificará hoy en su denuncia contra determinadas personas de Podemos ante el magistrado Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, donde ha caído su denuncia.
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El excoordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, ha sido citado hoy por el magistrato titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para que se ratifique en la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre de 2019, tras ser despedido por Podemos, por investigar presuntas irregularidades cometidas por algunos dirigentes del partido de Pablo Iglesias.

La denuncia del abogado señala a altos cargos del partido por presunto blanqueo de capitales, organización criminal para saquear de fondos a la formación morada, financiación ilegal de partidos, allanamiento informático, y administración desleal. 

Una de las claves de esta denuncia interpuesta por Calvente versa sobre las empresas supuestamente implicadas en esta “trama corrupta” de Podemos, y en unos “actos preparatorios” para la ocultación de los hechos que podrían ser delictivos.

Calvente, señala a la Cooperativa Kinema, una entidad madrileña fundada en 2006 por el diputado Rafael Mayoraljunto a su compañera sentimental, Elena Marcello, y la hermana de ésta.

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Kinema presta los servicios de gestoría laboral a Podemos y a sus grupos parlamentarios desde 2014.

El detalle sobre Kinema que señala el excoordinador jurídico del partido es que la actual gerente de Podemos, Rocío Val -ex vicepresidenta de esta cooperativa-, ha bloqueado desde su nombramiento en 2019 la licitación del servicio de la Gestoría de la formación de Pablo Iglesias, “incumpliendo así la ley y la normativa interna de la contratación del partido, en beneficio de su anterior empresa y perjudicando los intereses económicos de Podemos”.

Además, Calvente subraya que “la cooperativa Kinema ha recibido cuantiosas subvenciones públicas municipales y contratos de estados latinoamericamos de importe muy elevado”.

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La implicación de esta empresa en la trama vendría determinada por su posible vinculación en las actividades presuntamente irregulares del diputado, Rafael Mayoral, según el abogado denunciante.

En relación a Neurona Comunidad SL, una sociedad española con sede en Sevilla, cuenta con un administrador único, Elías Castejón Hernández, que podría ser un testaferro, pues administra alrededor de 40 sociedades.

El objeto de esta empresa, constituida en 2019, es contratar con Podemos los gastos de la campaña electoral.

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“Podemos ha celebrado con esta empresa contratos presuntamente irregulares con la empresa Neurona Comunidad SL, en las elecciones generales en 2019”, relató Calvente ante la Guardia Civil.

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La empresa ABD Europa LDA, una sociedad portuguesa, formaría parte de esta red de empresas vinculadas a la supuesta la trama de Podemos.

El socio único de esta entidad es la sociedad brasileña A. I. Big Data Group Participaçoes Ltda.

El partido de Pablo Iglesias “ha celebrado contratos presuntamente irregulares con esta empresa en las elecciones celebradas en 2019”, dice Calvente.

Finalmente, la empresa A.I. Big Data Group Participaçoes Ltda figura como un holding de instituciones financieras como actividad económica principal.

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Calvente sostiene que esta empresa es la accionista única y administradora de la empresa ABD Europa LDA, y por ello, “se supone que es la destinataria de los beneficios obtenidos de los contratos celebrados en España con Podemos en las campañas electorales”.

ACTOS PREPARATORIOS PARA OCULTAR HECHOS

EI relato de denuncia de Calvente está basado en unos “actos preparatorios” para la ocultación de hechos presuntamente delictivos.

“La presunta trama corrupta no habría podido realizar sus actividades presuntamente delictivas sin contar con el apoyo de la citada red interna de personas afines y eliminar cualquier elemento personal o material que pudiera entorpecer sus acciones o ser testigo de las mismas”, afirma.

Unos actos necesarios para facilitar la comisión y ocultar el resultado de los hechos denunciados.

La lista de Calvente respecto a las acciones encaminadas para “sustentar la trama” en Podemos, fue presentada en la Guardia Civil.

Entre los hechos, el abogado cita “el bloqueo de la transparencia del partido incumpliendo los estatutos”.  

En 2018 el Responsable de Finanzas de Podemos, y tesorero del partido, Daniel de Frutos decidió dejar de publicar la información contable en el portal de transparencia de la formación morada.

“Ya no aparecen los gastos detallados de los ejercicios de 2018 y de 2019, como sí aparecen en los ejercicios anteriores, de 2014 a 2017, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 82 de los Estatutos de Podemos, que establecen que “Podemos publicará en su portal de transparencia todos los gastos e ingresos de la organización”.

Y también que “se realizarán informes de transparencia detallados con una periodicidad trimestral”.

Este hecho no permite conocer el verdadero destino de los fondos del partido, asegura Calvente.

“La decisión de De Frutos de no publicar los detalles de ingresos y gastos del partido me pareció totalmente irregular y sospechosa”, subraya.

“La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público y de las Instrucciones Internas de Contratación de Podemos coincidió curiosamente con el bloqueo de la publicación de los gastos del partido en la web de transparencia, y por ello mi conclusión fue que lo que se pretendía era ‘ocultar’ el importe de los gastos de Podemos y evitar así que pudiera conocerse qué servicios debería ser licitados”, sospecha el exabogado del partido de Pablo Iglesias.

Por otra parte, el nombramiento de Rocío Esther Val como gerente de Podemos en 2019, con el antecedente de ser la  exvicepresidenta de la Cooperativa Kinema, empresa fundada por el dirigente y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, fue otro elemento de investigación interna para Calvente.

La Cooperativa Kinema es la empresa que presta los servicios de gestoría a Podemos, a sus delegaciones territoriales y al Grupo Parlamentario Europeo de la formación morada. Kinema ha sido objeto de discusiones internas por cobrar precios excesivos por los servicios prestados al partido y al grupo parlamentario Europeo.

Otro conflicto de Kinema es la obligación interna, -no escrita pero emitida verbalmente de forma expresa y sin anclaje estatutario ni reglamentario-, de que los órganos territoriales del partido contraten sus servicios de gestoría con Kinema sin permitir acudir a otras empresas más económicas en su territorio, además de no licitar la contratación, aclara Calvente.

OTRA IRREGULARIDAD: NO SE APROBARON EL PRESUPUESTO ANUAL DE PODEMOS PARA 2019 NI EL DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE ESE AÑO

El Consejo de Coordinación de Podemos, como describen otros como ejecutiva o dirección ejecutiva, no quiso elaborar el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019 ni el presupuesto de las campañas electorales previstas para 2019 y proponerlo al Consejo Ciudadano Estatal del partido para su aprobación, a pesar de ser una obligación legal impuesta por los Estatutos del partido, es otro de los escándalos con los que se encontró el ex jefe jurídico.

¿Dónde estaba Pablo Iglesias cuando se tenían que haber aprobado los presupuestos de Podemos?

En la práctica, la decisión de no aprobar los presupuestos de gastos —ni el presupuesto ordinario para 2019 ni los presupuestos especiales para las campaña electorales de 2019 — suponía que la formación morada podía recibir y disponer de fondos de forma totalmente opaca, libremente, sin control, sin ningún tipo de partida presupuestaria ni conocimiento de los órganos superiores del Partido“, destapa Calvente.

También apunta que “la inexistencia de presupuestos, por orden de la ejecutiva de Podemos con la complicidad del Responsable de Finanzas, supone un importante riesgo para el partido, dado que el solo hecho de hacer disposiciones de fondos sin ningún tipo de soporte presupuestario podría suponer responsabilidades penales por un delito de administración desleal de los bienes de la organización”.

OPACIDAD ABSOLUTA

“La realidad es que las cuentas de Podemos se manejaban en la más estricta opacidad tanto hacia afuera como hacia los propios órganos del partido y eso permitía disponer de los fondos de forma totalmente arbitraria y sin control legal y financiero, como ha ocurrido”, explica Calvente en su denuncia.

A raíz de esta complicada situación, se sobrevinieron las solicitudes de información por parte de la Responsable de Cumplimiento Normativo Penal que “se saldaron con agrias discusiones que precedieron a la imposibilidad de establecer comunicación, a represalias contra trabajadores contratados por el solo hecho de ser amigos de la responsable de cumplimiento, y, finalmente al cese de su responsabilidad al margen de los procedimientos para llevarlo a cabo”.

AUMENTO DE LOS SALARIOS DE LA GERENTE Y DEL TESORERO POR ENCIMA DEL CÓDIGO ÉTICO

Una irregularidad sospechosa, -indica la denuncia de Calvente-,  es que la llegada de la nueva, gerente Rocío Val, supuso tanto para sí misma como para el tesorero, Daniel de Frutos, la subida secreta y unilateral de su salario en 2019. Muy por encima de los tres salarios mínimos interprofesionales, que establece como retribución máxima el Código Ético de Podemos.

En concreto, un complemento de coordinación por importe de 210,32 euros y un complemento de coordinación ejecutiva por importe de 400,00 euros mensuales, que suman una subida salarial mensual de 610,32 euros”, vulnerando los límites de legalidad establecidos por el partido.

Además, estas subidas salariales no tendrían partida presupuestaria, puesto que no existen presupuestos aprobados para 2019.

Se habrían aplicado sin que conste un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación de los complementos que se han atribuido unilateralmente.

Tras esta subida salarial “opaca”, Daniel de Frutos y Rocío Val, “se convirtieron en los empleados del partido con la nómina más abultada, lo cual alertó de que podría ser un indicio de que se estaría premiando mediante un sobresueldo los servicios de opacidad financiera que necesitaba la presunta trama corrupta para realizar los actos irregulares detectados”.

Igualmente, en la denuncia se insiste en la irregularidad en el reembolso de gastos de desplazamiento de Rocío Val y de Daniel de Frutos, que consistirían, presuntamente, en desplazamientos personales y ajenos al desempeño de sus funciones, y que, debido a la regularidad en el pago, podrían ocultar un pago en especie al margen de la nómina, evitando su cotización a la Seguridad Social y su tributación en el IRPF.

SUBIDA SALARIAL IRREGULAR PARA MARTA FLOR

La letrada del caso Tándem, Marta Flor, también experimentó una subida salarial irregular por 210 euros mensuales, mediante la aplicación del complemento de responsabilidad personal que solo perciben los empleados de la categoría salarial 4, responsables y coordinadores de equipo, sin que conste oficialmente que Flor realice estas funciones de responsabilidad. 

Además, deduce Calvente, “resulta especialmente irregular la solicitud de reembolso de la cantidad de 1.863 euros correspondiente a las cuotas abonadas por esta abogada de Podemos a la Mutualidad de la Abogacía, cuando se trata de un gasto totalmente personal derivado de su condición de abogada por cuenta propia o autónoma, no como empleada del partido”.

Las aportaciones a la Mutualidad de la Abogacía Española es un régimen alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social al que pueden acogerse los abogados que desempeñan una actividad profesional por cuenta propia, pero no los abogados que están empleados en una empresa y que cotizan por ello en el Régimen General de la Seguridad Social.

En el caso de la abogada Marta Flor, al estar contratada laboralmente por Podemos, sus pagos a la Mutualidad de la Abogacía no tendrían el carácter de reembolsables, porque no se deben al desempeño de sus funciones como abogada contratada laboralmente, y deberían declararse en su nómina como retribución en especie, matiza el letrado.

 CAMBIO INJUSTIFICADO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL PARTIDO

La persona Responsable de Compras y Servicios es la encargada de realizar todas las tareas y toda documentación asociada a los procesos de contratación de obras, servicios y suministros de partido, según las propuestas del órgano.

Es una figura vital para el cumplimiento de los principios generales de contratación del partido, la publicidad, la concurrencia, la transparencia, la confidencialidad y la no discriminación, es decir, conseguir el objetivo de lograr la mayor transparencia y la mejor relación calidad-precio en las contrataciones del partido.

Este cargo estaba ocupado por Nieves Serrano, pero fue degradada a labores meramente administrativas por la gerente, Rocío Val, y se vio sometida a una situación de acoso laboral para forzarla a cambiar de equipo de trabajo.

“Esta decisión de la gerente levantó mis sospechas puesto que de facto suponía que todas las competencias en materia de gastos en compras y servicios del partido y en materia de licitaciones pasaban directamente a Rocío Val, quedando prácticamente suprimido el control que debería ejercer la Responsable de Compras y Servicios”, explica Calvente en su denuncia.

Este hecho provocó que Rocío Val “paralizara la licitación pública del servicio de gestoría del partido, en manos de su cooperativa Kinema, incumpliendo lo acordado por el anterior gerente Pablo Manuel Fernández Alarcón, que había dispuesto que a principios de 2019 se licitaran todos los servicios del partido para optimizar el gasto”.

La consecuencia fue que las obras de reforma del inmueble propiedad de Podemos, en la calle Francisco Villaespesa de Madrid, “se hubieran adjudicado sin licitación, de forma totalmente ilegal, incumpliendo la ley y las Instrucciones Internas de Contratación, puesto que las obras se adjudicaron a dedo y la licitación fue únicamente una farsa para ocultar la adjudicación a dedo y simular el cumplimiento de la ley, permitiendo además que los gastos reales de las obras se hayan elevado duplicado respecto al presupuesto de obras inicial”.

DESAPARICIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA Y FALTA DE CONTROL DEL GASTO

Calvente hace alusión a otro elemento necesario para ocultar las irregularidades financieras: la eliminación de la Auditoría Externa a partir del ejercicio 2018, un control que Podemos venía realizando desde sus orígenes para demostrar la transparencia de sus cuentas.

Pero al no haber presupuestos en 2019, las decisiones sobre gastos y pagos del partido, tanto los ordinarios como los de campaña electoral, fueron adoptadas libremente por el tesorero Daniel de Frutos y por la gerente Rocío Val, quienes podían acordar cualquier pago sin necesidad de contar con una partida presupuestaria.

En el ejercicio 2018 no se hizo una auditoría externa debido al solapamiento de comicios electorales, declara Calvente exponiendo que “estos eventos junto con el cierre anual de 2018 suponen un volumen de trabajo cuyas dimensiones requieren la atención del 100% de los recursos del partido y han impedido simultanear en esta ocasión una auditoría externa de las cuentas de 2018”.

Aún así destaca que el equipo técnico del Tribunal de Cuentas realiza un trabajo óptimo que cubre este proceso.

Las excusas dadas por el tesorero De Frutos para justificar que no se realizara la auditoría externa —excesivo volumen de trabajo por culpa de las elecciones y llevamos cuatro años haciéndolo bien— no convencieron a nadie, revela el exabogado del partido.

Esta noticia unida al bloqueo de la transparencia de las cuentas, levantaron todo tipo de especulaciones sobre la gestión financiera del partido.

Finalmente, Calvente suscribe que le confirmaron que todos los indicios que denuncia estaban encaminados a ocultar las cuentas del partido, suprimir los controles financieros y dejar vía libre a cualquier tipo de contratación irregular.