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¿Por qué el magistrado Manuel García Castellón no llama a declarar a José Manuel Calvente?

¿Por qué el magistrado Manuel García Castellón no llama a declarar a José Manuel Calvente?
José Manuel Calvente, excoordinador del equipo legal de Podemos, posee información que podría ser vital para que el magistrado García Castellón pueda determinar con claridad si el "caso Dina" fue artificialmente creado por el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para utilizarlo en las elecciones de 2019.
04/8/2020 06:50
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Actualizado: 22/2/2021 13:06
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¿Y por qué el teniente fiscal de la Comunidad de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, tampoco ha llamado a declarar a Calvente, el excoordinador del equipo legal de Podemos, en el marco de las diligencias de investigación penal al fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, con el fin de saber si se ha producido un delito de revelación de secretos?

Hace ya tiempo que me vengo haciendo estas dos preguntas. Y no entiendo a qué están esperando García Castellón y Ruiz de Alegría.

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón, despojó de su condición de «perjudicado» al líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno al llegar a la conclusión que el llamado «caso Dina» era todo menos eso, un caso. 

Ayer publicamos en Confilegal unas declaraciones de Calvente en las que éste dice haberles dicho a sus jefes podemitas que lo que estaban pergueñando con la tarjeta robada a Dina Bousselham «era un montaje».

Un montaje propagandístico de cara a unas elecciones –las generales, europeas, autonómicas y locales– del que se podía sacar oro, bien manejado, con el «relato» de que Unidas Podemos había sido diana de la llamada «policía patriótica» del PP, que había intentado hundirles, con el comisario encarcelado, José Manuel Villarejo a los mandos.

Nada más lejos de la realidad. Lo afirma Calvente, que ya ha aportado una denuncia por burofax y una denuncia contra determinados dirigentes de Unidas Podemos que está dirimiendo el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.

Señor magistrado García Castellón, lo tiene usted muy fácil: Cite, de una vez, a declarar a Calvente. Compruebe si lo que dice es la verdad.

Y si es así, actúe.

¿No es el fin último de la justicia de la búsqueda de la verdad?

Supongo que el hecho de que Iglesias sea vicepresidente del Gobierno le puede producir cierto vértigo. Es lógico, lo comprendo. Pero recuerde aquel principio romano que figuraba en el edificio de los fiscales italianos de «Mani Poluti»: «Fiat iustitia, ruat caelum», que se haga Justicia, aunque se caiga el cielo. 

También tiene la otra vía, la de Villarejo, del que puede usted no creerse tres de cada cuatro palabras que pronuncia –y está usted en su derecho–. Pero usted cuenta con la maquinaria precisa para contrastar la veracidad de sus afirmaciones. Porque da nombres, apellidos y fechas. Un hilo perfecto del que tirar.

INVESTIGACIÓN SOBRE STAMPA

Y lo mismo sucede con la investigación que el teniente fiscal de la Comunidad de Madrid, Ruiz de Alegría, está conduciendo para saber si se ha producido un delito de revelación de secretos en la «relación íntima» o «relación sentimental» –dos descripciones acuñadas por Calvente– que han mantenido la abogada de Unidas Podemos, Marta Flor, y el fiscal anticorrupción Stampa.

Estamos a 4 de agosto. Ruiz de Alegría tomó las riendas de la investigación el 10 de julio y que yo sepa, sólo ha declarado ante él la abogada podemita, Marta Flor, con una manifestación contundente de que quizá había «exagerado» su relación con Stampa.

Pero no ha llamado a comparecer ni a Stampa ni a Calvente, que es lo suyo. De otra forma, quedará muy claro que no hay interés en aclarar nada.

Es evidente que el hecho de abrir una investigación para indagar si uno de los fiscales anticorrupción del «caso Tándem», Stampa, ha tenido una «relación íntima»  con la letrada de la acusación popular podemita, personada en la causa  en representación del partido morado, es un hecho sin precedentes.

Si bien es cierto que,sí esta circunstancia se hubiera dado con anterioridad en algún fiscal, no tenemos constancia de ello.

Pero si se constata finalmente que, por esta «confianza» fiscal-abogada hubiera habido revelación de secretos en relación a información del caso Villarejo, sería uno de los mayores escándalos del poder judicial en la democracia española.

Este debate social abierto en nuestro país, en una democracia «moderna», sobre las relaciones íntimas o sentimentales entre fiscales y abogados o jueces en la Audiencia Nacional, -y demás sedes judiciales-, pone en jaque al código deontológico de la profesión.

Nos lleva a la pregunta inevitable sobre si estos escarceos suceden muy a menudo en los juzgados, se filtran datos cruciales entre roces íntimos que antes no se purgaban en la prensa, y el «papelón» de la Fiscalía General del Estado para «paliar» semejante telenovela.

Resulta cuanto menos incomprensible –repito y subrayo– que, hasta la fecha, ni la Audiencia Nacional, ni ninguna fiscalía implicada en la investigación sobre «la relación íntima entre la abogada de Podemos, Flor y el fiscal Stampa, y una supuesta revelación de secretos», no se haya llamado a declarar a Calvente.

En especial porque en su burofax remitido al diputado podemita, Alberto Rodríguez, -antes de ser despedido por Podemos-,  señalaba con claridad que tiene «audios y mensajes» de las irregularidades que denunció ante el partido sobre este asunto.

NO HAY «RELACIÓN ÍNTIMA» SI NO SE ES PAREJA DE HECHO O MATRIMONIO

La controversia social por esta causa es indiscutible. La Fiscalía General del Estado (FGE) «no quiso saber nada de la relación íntima abogada-fiscal», que podría conllevar a una revelación de secretos entre Marta Flor y Stampa. Se ajustó a la legalidad: La relación íntima solo podía existir si eran pareja de hecho con un año de convivencia o matrimonio.  Fuera de eso, no existe relación íntima de ninguna clase. Carpetazo al asunto. 

Las consecuencias de esa «relación sentimental» fue desviada por la FGE a la Fiscalía Superior de Madrid para que se investigue si hubo intercambio de información entre ambos sobre los asuntos del «caso Tándem».

Aunque también, la Fiscalía madrileña aceptó el guante que le tendimos desde el programa La ventana indiscreta, para que revise nuevamente la repercusión de la relación abogada-fiscal, que es clave en esta madeja supuestamente corrupta.

El simple hecho de pensar en lo que pudiera suscitarse en «relaciones íntimas interesadas» en la Audiencia Nacional, resulta escalofriante.

Pero, la resolución que vaya a dar la Fiscalía Superior de Madrid sobre el asunto Stampa-Flor, sembrará otro precedente inédito en España, que podría condicionar al magistrado García Castellón. Refrendar al fiscal Stampa, o apartarlo del caso Tándem.

¿Tendrá valor esta fiscalía madrileña para expedientar al fiscal Stampa?

¿O no hay voluntad investigadora para realizar un careo entre Stampa, Calvente, Marta Flor y Pablo Iglesias?

Ante esta fiscalía, también hemos depositado el informe de la juez, Lucía Barrancos, en el que se denuncian las irregularidades sobre la instrucción del caso Unión, una macrocausa en la que Stampa fue el fiscal en Lanzarote. Que quede constancia, que hay un hilo conductor hasta llegar al «lío» de Tándem.

Un escándalo que hoy aflora, que, Calvente trató de impedir con todas sus fuerzas, se opuso radicalmente a esta situación abogada-fiscal en defensa de los intereses procesales de Podemos en el caso Villarejo.

CALVENTE, UN TIPO HONESTO

Calvente quiso defender la personación del partido de Iglesias en el caso Villarejo de una manera honesta, pero le costó serias broncas con Marta Flor, una acusación «falsa» de acoso sexual, perdió su  trabajo como letrado de Podemos, sufrió incontables presiones, y fue abandonado por la responsable de su equipo, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que nunca hizo una defensa pública sobre Calvente con tal de preservar su carrera política.

Pudo dimitir y seguir a Calvente, pero dejó la cruzada y siguió en el poder.

Por eso, este debate va más allá, ni siquiera vamos a discutir cuántos fiscales son expedientados al año por la Fiscalía General del Estado, ó sí hay muchos «líos de faldas» en el gremio.

Sino, la gran trascendencia de lo que se juega la sociedad española en este caso, como es la impunidad de los fiscales, la falta de seguimiento de las fiscalías instructoras, a no ser que se haga una férrea presión mediática sobre jueces y fiscales para destapar la verdad, especialmente en casos de corrupción, y la injerencia política a través de «abogados» en macrocausas judiciales,

Lo publicó en Confilegal, el abogado, Ramiro Grau, sobre «la guerra de los fiscales», describiendo muy acertadamente la inacción de las fiscalías en detrimento de las acusaciones populares.

Recordamos al fiscal, Emilio Valerio, expedientado en 1986 en el caso del superatraco a Banesto, pero el caso ante el que nos encontramos, sopesa escrupulosas dimensiones de la Justicia.

Y otro aspecto preocupante. Cómo quedan los denunciantes de corrupción, como Calvente. Sin ser escuchado por los actores judiciales del caso Tándem. Sin la transposición de la normativa europea, todavía, en España, que protege a estos denunciantes.

Solo, ante el peligro, levantando un debate diario que hasta ahora nadie quería tocar, al permanecer en una «zona de confort mediática» entre políticos, algunos medios de comunicación, y tribunales.

En mi caso, desde el programa radiofónico, La ventana indiscreta, comenzamos, -al igual que Calvente-, esta andadura ilusionante para tratar de cambiar las deficiencias del sistema, aunque nunca pensamos que llegaríamos tan lejos. Por este motivo altruista, no le daremos la última palabra a la Fiscalía Superior de Madrid, sea cual sea su veredicto.

Gracias a miles de españoles por confiar en nuestro trabajo, constante, sin descanso, pero colmado de satisfacciones por las muestras de cariño que recibimos a diario.

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