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Los Colegios de Abogadas y Abogados necesitan inclusión y participación
León Fernando del Canto, abogado, ejerce como barrister en Londres y es el autor de “Abogacía Crítica. Manifiesto en tiempo de crisis” (Aranzadi, 2020). Twitter: @leonfdelcanto
06/9/2020 06:45
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Actualizado: 08/10/2020 10:22
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La gran enfermedad de la abogacía española no son los Merlos ni los toros, ni las togas ni siquiera el mes de agosto.
Nuestra dolencia principal es la falta de esperanza y de conciencia de clase
Se quejaban los decanos y decanas recién elegidas que la abogacía no participa en la vida colegial. Pero a estas alturas de su mandato, el problema que vinieron a resolver sigue sin respuesta efectiva. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, como por ejemplo:
• ¿Por qué en las elecciones al ICAM se registraron 12.000 votos de un censo de más de 80.000 miembros?
• ¿Con qué legitimidad gobiernan la abogacía 83 decanos y 949 miembros de las juntas de gobierno cuando ni siquiera hay quórum electoral?
• ¿En que se gasta un presupuesto que a ojo de buen cubero supera los 150 millones de Euros anuales las corporaciones de la abogacía en España?
La abogacía corporativista tiene que abrir un debate público y abierto.
Quienes mandan en todo esto no pueden acabar relacionándose con sus miembros como si fueran párrocos arengando a su feligresía.
No, la falta de participación no es una mera cuestión de dejadez, aunque a primera vista parezca ser lo obvio, ni se va a arreglar echándole la culpa a sus miembros.
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
El problema es una cuestión de inclusión y participación.
Dos palabras que se convertirían en un mantra para nuestros decanos y decanas si tan sólo entendieran su importancia.
Ningún miembro que paga sus cuotas se ausenta de un colegio o deja de participar en unas elecciones por que le parezca la mejor opción.
Si lo hacen es por el aburrimiento que genera ver sus intereses inatendidos, pero también la falta de inclusión y las pocas posibilidades reales de participar con voz y voto.
La participación y la inclusión no dependen de la arenga de los decanos ni de sus juntas de gobierno; y mucho menos de normas imperativas.
En este siglo XXI la participación en un colegio dependerá de la claridad y la transparencia con que se perciba la deliberación o toma de decisiones, y sobre todo de la existencia de unos cauces claros mediante los cuales sus miembros puedan contribuir a las mismas.
Para incluir a sus miembros, en una sociedad diversa, los colegios tienen que dedicar tiempo y recursos a tratar de integrar una amplia diversidad de ideas y posicionamientos, al igual que responder de forma ágil y proactiva a la crítica y el «feedback».
Muchas de esas posiciones están representadas por asociaciones.
En realidad lo tienen fácil; se trata de fomentar el asociacionismo y darle cabida en sus juntas de gobierno.
La inclusión debe orientarse a contar con una comunidad diversa involucrada en la definición y el tratamiento de cuestiones que afectan a la profesión.
La colectivización y transparencia en la gestión y la facilidad de votar y dar feedback es la forma de convertirla en una realidad.
La participación, por otra parte, se refiere a la aportación real que puedan hacer los abogados y abogadas a la definición de los programas, las políticas y, sobre todo, el destino que se le pueda dar a los presupuestos colegiales.
La participación es un derecho. No es ni un privilegio ni una concesión “graciosa” del colegio o el decanato.
Abogadas y abogadas tienen derecho a participar en el Colegio y en las decisiones que afectan a sus vidas profesionales.
La participación es, en definitiva, una cuestión política que desafía el control que se pueda ejercer por grupos empresariales o ideológicos en la gestión colegial.
En un estado social y democrático de Derecho el ejercicio del poder por el poder no tiene sentido si no se traduce en herramientas efectivas para luchar contra la discriminación de la ciudadanía en general; y, en particular, cuando hablamos de los colegios, el de las y los profesionales con menos recursos, con una voz mas débil o más marginados.
Es precisamente mediante la participación que las y los colegiados pueden aprender sobre las complejidades de la gestión institucional, identificar oportunidades y estrategias para la acción, y sobre todo, generar la necesaria solidaridad y mutualismo que ayude a una mejor organización de la profesión.
Pero no seamos naïfs.
Es un hecho que esto no va a ocurrir a no ser que las y los abogados independientes lo exijamos.
No debemos olvidar que existe en nuestro país una abogacía de toda la vida que aun cree que la abogacía le pertenece; y por otra parte algunas grandes firmas que siguen considerando que su particular forma de ver la profesión es la única posible.
Se trata pues, de grupos de poder fáctico que tratarán siempre de cooptar o neutralizar una participación diversa. Este es un asunto que fastidia mucho y desilusiona a la profesión pero que no debería ser un motivo para el desencanto, sino precisamente para luchar con más ahínco por una profesión en la que nos jugamos todo.
ES PRECISO ORGANIZAR LA ABOGACÍA
En primer lugar hay que entender que el problema es sistémico. Es un problema de la propia estructura. Una estructura desorganizada, en el sentido objetivo de la palabra.
En su artículo “La medición y la importancia de la desorganización institucional” (1938), el sociólogo estadounidense John F. Cuber diagnostica la desorganización de una institución en base a tres características:
1.- Disminución de la participación, cualitativa o cuantitativa, de sus miembros.
2.- Estado de desasosiego, confusión y, a veces, conflicto abierto entre quienes la dirigen y sus propios miembros.
3.- Tendencia por parte de sus dirigentes a “experimentar” con innovaciones (a veces incoherentes entre sí, en cuanto a propósito o método) en un intento de encontrar una solución a sus problemas.
Así en relación al punto uno, la falta de participación e inclusión se deja ver tanto en las elecciones, como en las actividades y asuntos colegiales.
Creo que sería optimista decir que la participación colegial supera el 15-20 % de la población letrada total.
En relación al punto dos, el estado de desasosiego es amplio.
Si nos atenemos a lo que ha ocurrido durante este verano, no sería descabellado decir que más de la mitad de la población letrada está muy insatisfecha con el apoyo que recibe de los colegios.
En relación al punto tres, me consta que la mayoría de las decanas y decanos actúan con una gran dosis de voluntariedad y buena fe, y su trabajo no está pagado (literalmente).
Deberíamos evaluar cuál es la función real de esos 83 colegios que requieren 1.000 directivos en un colectivo de 250.000 miembros.
LOS PASOS NECESARIOS PARA UNA TRANSFORMACIÓN ORDENADA
A raíz de la reciente publicación de mi libro, “Abogacía crítica. Manifiesto en tiempo de crisis” (Aranzadi, 2020), recibo muchos mensajes de compañeros y compañeras –y también de decanos y decanas–, a favor y en contra de mis posiciones.
Pero todos los comentarios coinciden en que tenemos que hacer algo, y lo tenemos que hacer colectivamente.
El intento de organizar la abogacía de forma eficiente y participativa se ha convertido en una necesidad imperiosa. Nos jugamos mucho.
Y no hay porqué realizar una “toma de la Bastilla”, o asociarnos a derechas o izquierdas con partidos políticos o movimientos populistas para quienes nuestro colectivo no es más que un trofeo electoral.
Tenemos que seguir los cauces que ya tenemos para realizar una transición ordenada y los pasos están claros:
En primer lugar tenemos que cambiar los colegios y su forma de funcionamiento. Pregunten, crítiquen abiertamente, den sugerencias a sus decanos y decanas.
En segundo lugar, la abogacía institucional tendría que renunciar a su Estatuto, en favor de un Proyecto de Ley. Es decir reconvertirse en una organización verdaderamente profesional, representativa, participativa, y dedicada a defender los intereses de sus miembros, con un vigor que ahora no existe.
En tercer lugar, una gran mayoría pensamos que la abogacía debería construir puentes mucho más sólidos con la ciudadanía y los agentes sociales y económicos. Pero sobre todo, entender directamente sus debates, disputas y conflictos, más allá del confinamiento a lo estrictamente judicial.
En cuarto lugar, la abogacía tiene que convertirse en un verdadero contrapoder. A pesar de lo que a muchas y muchos nos gustaría, muy pocas veces la hemos visto como un paladín al servicio de los derechos de la ciudadanía. Y con mucha menos frecuencia, como una defensora de la ciudadanía más desposeída, discriminada y desfavorecida. En los tiempos que se nos vienen encima, esto es algo fundamental.
En quinto lugar, la abogacía institucional que emerja de este proceso, tendrá que dejar a un lado la política con minúsculas, la pequeñita, la parroquial, la partidista. En la gestión de la profesión de la abogacía, todas las abogadas y abogados somos iguales. Tenemos derecho a expresar nuestra ideología y defender nuestros intereses políticos, económicos, sociales o culturales, dentro de la institución, tanto de forma individual como colectiva.
Vivimos unos momentos críticos en nuestro país, y en Europa en general, y como decía la vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Šuica, es necesario tener “… un espacio para un debate abierto, inclusivo, transparente y estructurado sobre los asuntos europeos que consideren importantes”
La abogacía es un asunto, también europeo, de gran importancia.
Por favor, si les interesa la iniciativa, sigan haciéndome llegar sus comentarios –por Twitter preferiblemente–.
Prometo responder
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