Por primera vez en la historia, una fiscal general del Estado y un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial leerán sus discursos ante un foro de «enmascarados» –con mascarilla, se entiende, pero el efecto es el mismo– togados, magistrados y fiscales del Alto Tribunal, y personalidades del mundo de la justicia, de las diferentes profesiones legales y de la política.
Falta por ver si la fiscal general, Dolores Delgado, o el presidente en funciones del Supremo, Carlos Lesmes, van a leer sus respectivos discursos, sobre las memorias de sus instituciones, enmascarados también.
Si es así, sin duda alguna se enlentecerá la lectura por la evidente falta de oxígeno.
Pero es lo que hay para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Y ya se sabe, el ejemplo es el principio de la autoridad.
¿Qué mejor lugar para dar ese ejemplo y proyectar el mensaje a la nación de que hay que ir enmascarados por el bien de la salud de todos?
Y no solo el Rey, don Felipe, los mencionados, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los 12 miembros de la Sala de Gobierno, del que forma parte la tercera mujer de su historia, Susana Polo –que este año posará con los demás componentes– y el resto de los togados.
Para dar ejemplo también habrá una nutrida representación de autoridades del Estado, como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, las presidentas de ambas cámaras parlamentarias, Meritxel Batet, por el Congreso, y Pilar Llop, por el Senado, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, la del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
También el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y otros magistrados del máximo tribunal de garantías.
Sin olvidar al jefe de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, y el responsable de Justicia e Interior de la Ejecutiva de ese partido, Enrique López, consejero, a su vez, de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Flotará, y será objeto de los consiguientes comentarios, la decisión del PP de negarse a negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un año y 9 meses caducado, y de los 4 magistrados salientes del Tribunal Constitucional, aduciendo la presencia en el Gobierno de coalición de Unidas Podemos, un partido que ha pedido al Rey que abdique y que se convoque un referéndum sobre la monarquía, que ha pedido un cambio de régimen constitucional, que aboga por un referéndum de autodeterminación para Cataluña, que trata a EH Bildu como un interlocutor político y que, además, ha sido imputado por financiación irregular, según Casado.
Lo curioso, y sobre lo que nadie reparará, es que este solemne acto, hoy, en 2020, está obsoleto. Porque en él ambas instituciones presentan los resultados de sus respectivas memorias… de 2019. ¡Nueve meses después, entrado 2020 y a tres meses de la próxima Navidad!
¿Nadie ha reparado en ello? Los datos, obligatoriamente, son antiguos.
A diferencia de otros años, el acto, que se podrá seguir a través de la página web del Consejo –www.poderjudicial.es– comenzará a las 14 horas y esto se debe a que este año no se ofrecerá el tradicional cóctel en el Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo. Cada uno para su casa, una vez que llegue a su fin.
