Los diez componentes de la llamada comisión de expertos a la que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, encargó la elaboración del anteproyecto de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRrim), han terminado su trabajo y han producido el texto que se les requirió.
El nuevo proyecto ha tenido como base el anteproyecto que elaboró el gobierno del PSOE en 2011, y que no vio la luz por circunstancias electorales, y el borrador de código procesal penal del PP de 2013, que tampoco encontró una materialización, junto a las reformas realizadas a la actual LECRim a través de dos leyes, la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales.
El proyecto de LECRim viene a sustituir al actual, que data de 1882. Fue redactado trece años antes de que August y Louis Lumièr presentaran en París las primeras imágenes en movimiento de lo que después ha sido el cine, y fue obra personal del entonces ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez. Su pervivencia, hasta la fecha, ha sido de 138 años.
Según un comunicado del Ministerio, «el texto se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática».
«Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal», añade.
UNA LECRIM COMPRENSIBLE PARA LOS LEGOS
Además, respondiendo a las directrices marcadas por el ministro Campo, se ha puesto una especial atención en el lenguaje utilizado en la redacción del articulado para que sea comprensible, priorizando la claridad y la sencillez.
De acuerdo con el nuevo texto –como había sido previsto tanto por el PSOE como por el PP en sus respectivas propuestas anteriores–, la instrucción de los delitos pasará a la órbita de la Fiscalía General del Estado.
Algunos de los actuales jueces de instrucción, una figura que solo mayoritariamente pervive en España de los países que conforman la Unión Europea, pasarán a ser jueces de garantías; serán los que den luz verde, o no, a las entradas y registros, a las detenciones, a las intervenciones telefónicas y de Internet y a todas aquellas medidas que afecten a los derechos fundamentales.
«El cambio de modelo responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea», afirman desde el edificio de la calle de San Bernardo.
Campo prometió el pasado mes de febrero que tendría listo, para su aprobación, el nuevo proyecto de LECRim, en diciembre.
De ahí su satisfacción de que la comisión, formada el pasado mes de mayo, capitaneada por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan José López Ortega, y formada por 9 juristas, haya cumplido con el encargo a principios de septiembre.
El objetivo del ministro es someter el texto a todos los colectivos interesados «en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal”.
“Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras”, apostilla, insistiendo en que “dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos”.
De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.
Campo ya adelantó, en febrero, que la futura LECRim del siglo XXI una vez aprobada no entraría en vigor de inmediato, dada la complejidad de su adaptación.
