La UPSJ afirma que la Proposición de Ley del PSOE sobre el Registro Civil llevará el servicio ‘a la debacle’
Lidia Urrea, portavoz de la UPSJ, reclama al PSOE que "deje de torpedear la Ley 20/2011, que era el futuro del Registro Civil"; ve bien que se deje al letrado de la administración de justicia como encargado, pero "con una organización eficiente, no con las actuales circunstancias".

La UPSJ afirma que la Proposición de Ley del PSOE sobre el Registro Civil llevará el servicio ‘a la debacle’

Pide a los grupos parlamentarios que paren "tal despropósito"
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01/10/2020 11:40
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Actualizado: 03/2/2021 12:56
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La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) afirma que la Proposición de Ley del PSOE de reforma del Registro Civil, que supondrá la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos, «llevará el servicio a la debacle».

Así lo afirma en un comunicado, en el que explica que USPJ se opone frontalmente a esta iniciativa del PSOE por lo que se reunirá con los diferentes partidos políticos, «para parar tal despropósito», como hicieron con la Proposición de Ley presentada por el PP sobre el Registro Civil en 2018 poco antes de las elecciones que perdieron.

Afirma que de aprobarse esta reforma, «la debacle registral está próxima».

De momento, hoy se reúne con Ciudadanos, y en breve con el resto de partidos.

Lidia Urrea, portavoz de la UPSJ y letrada del Juzgado de Instancia número 2 de Lérida, manifiesta a Confilegal que «esta iniciativa es muy peligrosa».

«Es otro intento de dejar sin efecto la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suponía un cambio en la organización territorial del Registro Civil y que dejaba atrás la dispersión de microregistros que actualmente tenemos en todo el territorio y que se ha demostrado precisamente ahora con la pandemia que no son dan un servicio moderno ni eficaz que pueda ayudar al ciudadano ni al Estado», explica.

Al respecto, señala que «no hubo manera de conocer con certeza ni rapidez el número de fallecidos por Covid» y que «se produjo un gran atasco en las inscripciones de defunción, que eran esenciales para tramitar la documentación del fallecimiento».

Recuerda que la Ley 20/2011, que fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, «descansa fundamentalmente en ese cambio organizativo» y denuncia que la reforma presentada por el PSOE «quiere anularla».

«En definitiva, la única reforma que plantea es excluir al juez de la llevanza del Registro y nada más», critica Urrea.

Además, afirma que la exclusión del juez va a significar que toda la tarea y la responsabilidad que ahora descansa en dos profesionales, el juez y el letrado, con la reforma pasará a manos de un solo funcionario, que es el letrado, quien «tendrá el doble de trabajo y de responsabilidad con la misma retribución».

Por ello, UPSJ solicita que se deje sin efecto esta reforma y se planifique la implantación progresiva de la Ley 20/2011, «dejando al letrado de la administración de justicia como encargado, pero con una organización eficiente».

El Congreso debatió el pasado 15 de septiembre la toma en consideración de esta Proposición de Ley del PSOE de reforma del Registro Civil.

PP y Ciudadanos han adelantado su apoyo a la tramitación, mientras que VOX, PNV, JxCat y BNG han avanzado su voto en contra.

Según el PSOE, esta Proposición pretende mejorar la Ley aprobada en 2011 y que nunca entró en vigor por sucesivos aplazamientos, y la iniciativa de los socialistas prevé que entre en vigor el próximo 30 de abril.

La UPSJ señala en su comunicado que el nuevo Registro Civil sigue en stand by y que «el futuro no es nada halagüeño». «Seguimos con un modelo decimonónico y desfasado, absolutamente manual, y con juzgados municipales sin sentido», lamenta.

Esta asociación indica que la Ley 20/11 «es una ley muy especial». Argumenta que el hecho de que fuera aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, con los votos del PSOE y del Partido Popular, «le dota de un carácter muy especial. Inusual hoy en día».

Además, dice que el hecho de que su entrada en vigor haya sido prorrogada durante nueve años por varios equipos ministeriales «también es especial y solo puede interpretarse como el respeto a una ley que marcará un antes y un después en un servicio público esencial para el Estado y para el ciudadano; porque todos sin excepción necesitamos el Registro Civil».

DESTACA QUE EL PP PRESENTÓ UNA REFORMA SIMILAR EN 2018, Y EL PSOE VOTÓ EN CONTRA, PERO AHORA EN EL GOBIERNO LA PRETENDE APROBAR ÉL

La UPSJ recuerda que en febrero de 2018, el Partido Popular propuso al Congreso de los Diputados una reforma «muy similar» a la del PSOE, a la cual votó en contra el PSOE, y que no obtuvo mayoría para ser aprobada.

«Los papeles ahora se invierten, y es el PSOE el que presenta el engendro», critica esta asociación.

«Parece que cuando uno llega al poder, más que luchar por ejecutar aquellos que valen la pena, algunos molestan ¿?», apunta.

UPSJ subraya que es «una malísima noticia que uno tras otro desprecien un Registro Civil de futuro para los ciudadanos, y muy peligroso que los dos grandes partidos del arco parlamentario decidan dar un plumazo a la Ley 20/11″.

Considera que lo que convendría al país es planificar una implantación a medio plazo de la Ley, y reservar cada presupuesto las cantidades que fueren precisas y que todos los partidos aceptaran esa planificación por el bien de España.

UPSJ recuerda que la Ley 20/11 descansa sobre dos pilares: La modernización tecnológica de un servicio, que es amanuense, así como la reorganización territorial y reordenación de los efectivos para ser eficaces y eficientes en la gestión.

A juicio de esta asociación, la Proposición de Ley del PSOE «pretende derribar uno de esos dos pilares: el de la organización territorial y reordenación de los efectivos».

«Sin los cambios territoriales aprobados en 2011 seguiremos con una estructura territorial ineficiente por no decir deficiente», asegura.

También señala que los Registros civiles de ámbito provincial previstos en la Ley en vacatio -aprobada, pero que no ha entrado en vigor- podrían prestar un servicio «de más calidad en comparación a los actuales, puesto que contarían con una plantilla amplia de funcionarios especializados, compuesta por los funcionarios que ahora están prestando sus servicios dispersos en los Registros del territorio».

La UPSJ afirma que «parece que el PSOE ha olvidado el espectáculo vergonzoso ofrecido al ciudadano cuando se quiso recontar el número de fallecidos por el COVID-19 al inicio de la pandemia».

«Recordemos que el Gobierno fue incapaz de facilitar con agilidad el número de fallecidos por COVID-19 pasado más de un mes del inicio de la pandemia. La causa no fue otra que la obsoleta organización registral», apunta.

Recuerda que las defunciones se inscriben en el lugar del fallecimiento, y que «España cuenta solo con 16 Registros Civiles exclusivos ( en grandes ciudades) y 431 Registros principales ( en las cabezas de partido judicial), pero el resto de inscripciones las practican los 7.667 Registros delegados ( uno en cada municipio)».

Dice que «es tal la ramificación de órganos que fue imposible que se coordinaran con rapidez y exactitud para ofrecer las cifras reclamadas».

También señala que estos Registros Delegados «corren a cargo de Jueces de Paz, y disponen de muy poco personal, sin preparación especial para la llevanza del Registro, y con horarios de atención al público muy reducidos».

UPSJ señala que la propia Ley vigente del Registro Civil reconoce estas circunstancias, y que por ello obliga a estos Registros Delegados a pedir minuta al Registro Principal del cual dependen para poder realizar algunas de las inscripciones. «O sea, que necesitan ser en muchas ocasiones tutelados para evitar disfunciones al inscribir los hechos del estado civil», agrega.

Manifiesta que a pesar de todo ello, les «llama la atención que en plena crisis sanitaria, económica y social, el PSOE se atreva a presentar esta proposición de Ley», a juicio de la UPSJ «con la intención de poner en jaque mate» el pilar de la reorganización territorial y reordenación de los efectivos.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia afirma que esta iniciativa del PSOE «no ofrece ninguna solución adecuada a la organización del actual Registro Civil».

«Y es lógico, porque no hay mejor solución que la aprobada por la Ley 20/2011, que está en vacatio», apostilla.

También considera que esta Proposición de Ley, «salvo algunas mejoras tecnológicas», que la asociación aplaude, algunas de ellas inevitables como el código personal, y otras «avergonzantes como la firma electrónica a estas alturas», en el plano organizativo simplemente pretende «excluir a los jueces como encargados del Registro, sin más».

Para UPSJ la proposición «responde a intereses corporativistas, ajenos desde luego al bien del servicio público y por tanto, al bien del ciudadano».

Insiste en que «España no puede permitirse el lujo de prescindir del pilar organizativo de la Ley 20/11, bajo pena de mantener una estructura ineficiente e ineficaz, y un derroche de recursos públicos que hay que ser conscientes que salen de los impuestos, precisamente de los ciudadanos».

UPSJ explica que la propia exposición de motivos de la proposición dice expresamente por un lado que “dada la complejidad de la Ley y el cambio absoluto respecto al modelo anterior del Registro Civil, se precisa de un periodo de implementación desde el punto de vista tecnológico, estructural y organizativos a los efectos de dotación de medios digitales y materiales, provisión de plazas y formación de personal», mientras que por otro, dice que «la puesta en funcionamiento de forma simultánea de todas las nuevas Oficinas del Registro Civil constituiría una forma de organización enormemente ineficiente ante la escasez de recursos públicos y a la luz de los principios sobre el funcionamiento de las administraciones públicas y los órganos del sector público…”.

Para esta asociación, son «falacias». «No es que no se pongan todas las Oficinas del Registro Civil en funcionamiento, sino que no se pone ninguna», critica.

Asimismo, señala que tras leer el articulado de esta proposición, ve que el «único cambio organizativo» propuesto es «excluir» a los jueces de la llevanza del Registro, y que el resto es un simple cambio de denominación y que lo que ahora llamamos Registros Principales, la proposición lo llama Oficinas Generales y donde ahora dice juez o magistrado encargado, se sustituye por un letrado de la administración de Justicia encargado o por un funcionario del subgrupo A1.

«Se abre, pues, la veda del puesto de encargado, cuestión que nos sorprende muy negativamente cuando desde el Ministerio se va diciendo que es un proyecto del Partido Popular, pero no es cierto, puesto que lo previsto era que el encargado fuera un Letrado de la Administración de Justicia, y el grupo parlamentario de En comú Podem presentó no hace tanto un proyecto en el sentido de la proposición», expresa al respecto.

UPSJ subraya que «ningún funcionario del subgrupo A1 tiene preparación para ser a día de hoy el encargado». Además, afirma que esta «licencia política a favor de las CC AA tampoco persigue la excelencia en la llevanza de este servicio». «Tendrá otros intereses, pero no los públicos», espeta.

Asegura que hay «más falsedades» en la exposición de motivos, y pone como ejemplo que se diga que «se ha intentado alcanzar un consenso con trabajadores, sindicatos y partidos políticos para revisar la reforma del Registro Civil, y que se van a respetar completa y escrupulosamente los derechos de los profesionales durante y después de la implantación».

UPSJ asegura que esta propuesta nunca se ha trasladado a esta asociación ni a otra de letrados de la administración de justicia, y denuncia que así, infringe el derechos que tienen a ser oídos.

Además, afirma que también es «mentira» el aludido respeto a los derechos de los afectados en cuanto al letrado de la administración de Justicia.

«Pretende que el próximo 30 de abril de 2021 finalice la vacatio legis y entre en vigor la nueva ley, y el Nuevo Registro Civil. UPSJ considera inadmisible que los propósitos corporativistas para satisfacer a los jueces se enmascaren en una pseudoreforma que dejaría nuestro Registro Civil esencialmente igual al que tenemos», argumenta.

La UPSJ también destaca que los letrados de la administración de justicia son «el Cuerpo mejor preparado» para encargarse de este servicio en cuanto sea desjudicializado, pero dice que el planteamiento de la proposición es «absurdo y suicida» desde el punto de vista organizativo.

«¿Que se pretende ?  ¿Que un LAJ haga de encargado, ya sea en un Registro Civil exclusivo o compartido, doble su tarea y responsabilidad y encima por el mismo sueldo?», se pregunta indignada.

Señala que «sólo se eximirá a los Registros de las cuestiones jurisdiccionales que son tareas menores que no suponen ni un 15% de la labor diaria», y añade que si encima se reitera desde el Ministerio que no hay dinero, «UPSJ entiende que hay que dejar de lado el cambio o el nuevo Registro civil nacerá inviable».

«Inviable en cualquier Registro, pero especialmente inviable en los registros con funciones compartidas, o sea quienes además de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción tienen asignada la llevanza del Registro Civil», explica.

También pone el foco en que la reforma propuesta liberará de la llevanza del Registro al juez encargado, pero que el Letrado de la administración de justicia que se quede después como encargado compatibilizará a la vez el Registro civil con sus otras funciones, como dirección de las oficinas, guardias de instrucción con entradas y registros, detenidos, vistas de delitos menos leves, vistas civiles, y dirección técnico procesal de todas las causas civiles y penales.

UPSJ considera que «o se duplican plantillas de letrados de la administración de justicia, o se establece un sistema adecuado que permita que dicho LAJ encargado lo pueda asumir, con plazas exclusivas que se encarguen de más de un Registro, etc… siempre con el reconocimiento económico que esta responsabilidad ha de llevar aparejado».

Concluye su comunicado diciendo que si Campo «quiere pasar a la posterioridad como el ministro que se cargó un  Registro Civil digno, va por buen camino».

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