Continuando con la serie iniciada hace unos meses, nos gustaría compartir en esta ocasión la experiencia vivida con ocasión de la recuperación de un derecho de crédito en un mercado tan desconocido -al menos en lo judicial- como es el indio.
Son bastantes las ocasiones en las que potenciales clientes se acercan a nosotros con alguna reclamación mercantil en ese país (ya sea por compraventas de bienes, o por prestaciones de servicios). Veremos que las notables particularidades del sistema judicial de ese país aconsejan seguir estrategias distintas a las habituales.
Vamos a partir de un caso (real) de un touroperador español, que tenía un derecho de crédito contra un cliente indio, de una cuantía considerable. El expediente se inició -como acostumbra a ser normal en cualquier sitio- con una reclamación extrajudicial.
La carta de reclamación fue enviada al deudor en marzo de 2018, y correctamente entregada en el domicilio social.
No se recibió respuesta alguna. Se intentó contactar por teléfono con el deudor, y aunque las llamadas eran atendidas, nunca contestaron al requerimiento de pago.
Nuestro despacho local tuvo que acudir personalmente a las oficinas de la sociedad deudora, a fin de obtener una respuesta.
Como es también usual el deudor alegó imposibilidad para realizar el pago, debido a dificultades financieras. Hasta aquí -pensarán- “nada nuevo bajo el sol”.
Cualquiera también podría pensar que el paso siguiente sería la reclamación judicial, mediante el equivalente indio a un procedimiento monitorio o un ordinario.
Sin embargo, en el presente caso, siguiendo el consejo de nuestros abogados locales, se optó por la vía de instar la declaración de concurso de la sociedad deudora, en lugar de una reclamación judicial de la deuda.
La razón es simple.
En la India (si bien hay diferencias en función de cada uno de los Estados que la componen), un pleito de reclamación de cantidad puede tener una duración superior a 5 años, pudiendo llegar a celebrarse más de 30 vistas (han leído bien).
Además, en el caso concreto que nos ocupa, el contrato entre las partes estaba sometido a legislación española y jurisdicción de la India, por lo que el litigio hubiera tenido una complejidad añadida, derivada de la necesidad de tener que acreditar ante el tribunal indio la existencia, vigencia y contenido del Derecho español aplicable (pues no rige en tales casos el principio del iura novit curia).
El procedimiento a seguir para presentar la solicitud de declaración de concurso en la India, a grandes rasgos, es el siguiente:
La solicitud de concurso requiere el previo envío de una carta de reclamación al amparo de lo dispuesto en el Indian Insolvency and Bankruptcy Code de 2016, dando al deudor un plazo de diez días para oponerse o para realizar el pago.
La carta es enviada por el propio acreedor que insta la declaración de concurso.
Una vez transcurrido el plazo anterior, el acreedor debe enviar copia de la solicitud de declaración de concurso a la empresa deudora, también con carácter previo a su presentación ante el tribunal competente.
La solicitud de concurso ha de ir acompañada de una serie de documentos: un poder especial denominado Vakalatnama, una declaración jurada respecto de los datos que constan en la solicitud, una certificación registral del acreedor, un extracto del libro mayor de la cuenta de la sociedad deudora, un extracto bancario de movimientos de las cuentas en las que debían haberse recibido los pagos del deudor, y un certificado bancario en el que conste que no se han recibido pagos del deudor en dichas cuentas.
Además, habrán de observarse determinadas formalidades: la solicitud de declaración de concurso, el Vakalatnama y la declaración jurada deberán llevar las firmas legitimadas notarialmente, y debidamente legalizadas; además, la referida solicitud de concurso tiene que ser visada y sellada por el acreedor, en todas sus hojas, e impresa necesariamente en un blanco especial, utilizado para documentos legales en la India, muy difícil de encontrar en España.
Por supuesto todos los documentos presentados en otro idioma diferente del inglés, requieren traducción jurada y debidamente legalizada.
Tras el envío de la carta de reclamación previa a la solicitud de concurso, y menos de 10 días después, se recibió la primera contestación por escrito del deudor (que recordémoslo, no había dado señales de vida hasta entonces), solicitando alcanzar un acuerdo.
No obstante, el plazo de prescripción de la acción estaba a punto de expirar, por lo que nos vimos obligados a presentar la solicitud igualmente, y en paralelo a negociar una solución amistosa con la deudora.
La solicitud de declaración de concurso fue presentada el día 10 de octubre de 2019.
El acuerdo para el pago de la deuda se firmó el 4 de diciembre de 2019, y tras verificar su cumplimiento, el despacho local retiró la solicitud de concurso presentada ante el tribunal.
A la vista de la duración y consecuente coste de los procedimientos judiciales en la India, quizás habría que recomendar a los clientes operando en este país que para asuntos de cuantía considerable, opten por el arbitraje.
En aquellos casos en los que el arbitraje no sea posible, y siempre que se trate del recobro de una deuda, es preferible instar una solicitud de declaración de concurso, que un procedimiento judicial de reclamación de cantidad.
