Para Cs la solución no es volver al sistema de 1980
Edmundo Bal advierte que "no se puede sustituir la lucha partidista por la pelea entre asociaciones". Foto: Pedro Ruiz

Para Cs la solución no es volver al sistema de 1980

Considera necesario un sistema de elección de los vocales del Consejo no vinculado a las asociaciones
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20/10/2020 10:16
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Actualizado: 20/10/2020 10:16
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Edmundo Bal, portavoz adjunto de Cs en el Congreso y portavoz de Justicia del partido, celebra que el PP plantee ahora una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) similar a la que su formación defiende desde hace varias legislaturas. Sin embargo, se pregunta por qué ha tardado «35 años» en hacerlo y hasta ahora se había dedicado a «repartirse» a los vocales con el PSOE.

Bal ha constatado el parecido entre la reforma del PP y la de Ciudadanos, que fue rechazada recientemente por el Pleno del Congreso con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos y el apoyo de PP y VOX. Ambas persiguen que sean los jueces y magistrados, no el Congreso y el Senado, los que voten para escoger a doce de los veinte vocales del CGPJ de procedencia judicial.

Sin embargo, «para Ciudadanos la solución no es volver al sistema de 1980», según ha manifestado Edmundo Bal a Confilegal. Cs considera necesario un sistema de elección de los vocales del Consejo «no vinculado a las asociaciones».

El portavoz de Justicia de Cs, abogado del Estado en servicios especiales, afirma que la reforma planteada por el PP «sustituye la dinámica de partidos por la de las asociaciones».

«No es una reforma que busque el consenso, sino formulada para ser rechazada por la otra parte», manifiesta, y subraya que la de Cs «permitía que tuvieran papel las asociaciones y a la vez que pudieran presentarse jueces por libre con opciones de salir elegidos».

«La nuestra no beneficia de antemano a nadie. El sistema de votación es neutral», apunta Bal.

Según señala, en la reforma planteada por el PP, el juez que desee presentarse puede hacerlo con el aval de una asociación o de 100 avales de compañeros, algo «muy difícil de conseguir», por lo que «obviamente, como la APM es mayoritaria, ganaría siempre».

Indica que con la reforma del PP, las asociaciones pueden avalar a 12 candidatos, pero cada juez solo puede avalar una candidatura. Y además se distingue por categorías judiciales.

«Nosotros exigimos solamente el aval por 25 jueces o una asociación. Sin límite de candidatos ni de categorías», explica Bal.

Por tanto, advierte que «no se puede sustituir la lucha partidista por la pelea entre asociaciones».

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL

Bal recuerda que el sistema actual fue establecido por el Ejecutivo de Felipe González en 1985 y que ninguno de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE lo han modificado.

«Llevan desde entonces repartiéndose los vocales», criticó ayer en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente, en la que celebró la reforma del PP, pero señaló que lleva «esperando 35 años» a que el PP la presentara.

Bal apuntó que la última vez que se conocieron las maniobras de los partidos, a finales de 2018, fue «infame», con aquel WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, «jactándose de que podían dominar la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás».

El portavoz de Justicia de Cs también ha vuelto a pedir a los partidos del Gobierno de coalición que retiren la proposición de ley que han presentado en el Congreso para que esos 12 vocales judiciales del CGPJ puedan designarse por la mayoría absoluta de las Cámaras en un plazo de 48 horas si en la primera votación no se alcanzan los tres quintos.

Denuncia que la propuesta del PSOE y Unidas Podemos es «una infamia y una aberración jurídica» que supondría que esos vocales se los repartiera «el Gobierno Frankenstein».

Afirma que es una «cacicada» que «aumenta el grado de politización del Poder Hudicial» al dejarlo «prácticamente subordinado al Ejecutivo», repartiéndolo entre «populistas y separatistas que lo único que pretenden es que a España le vaya mal, que sea un país débil».

Bal también rechaza lo que el PSOE sostiene de que su reforma es la única alternativa posible ante la negativa del PP a pactar con el Ejecutivo -por la presencia de Podemos en él- la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El dirigente de Ciudadanos destaca que el planteamiento de su partido evitaría esos dos caminos y, además, subraya que la reforma del PSOE y Unidas Podemos va en la línea del espíritu de la Constitución, de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, de lo que reclaman las asociaciones judiciales y fiscales y de los dictámenes de la Comisión Europea, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y los informes del Consejo de Europa.

Asimismo, indica que la modificación del sistema de elección del CGPJ que quiere hacer el Gobierno «dar herramientas a los países ‘frugales'» para denunciar la «degradación de la calidad democrática» y de la independencia del poder judicial en España y, con este argumento, intentar frenar las ayudas europeas pendientes de recibir frente a la crisis del coronavirus.

REFORMA DE LOS DELITOS DE SEDICIÓN Y REBELIÓN

Bal también se pronunció ayer sobre la intención del Gobierno de reformar los delitos de sedición y rebelión antes de que finalice el año. «Es una reforma que no veo por ninguna parte por ahora», solamente «se han dicho generalidades e inconcreciones», señala.

Se muestra partidario de «mejorar la redacción» de estos delitos ante las «imperfecciones» que los propios jueces señalaron tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista.

Lo que rechaza de plano es que «se utilice esto como arma política», ya que «con el Código Penal no se juega».

En este sentido, también ha prevenido contra posibles indultos a los condenados por el ‘procés’ porque «se han cumplido, por delitos muy graves, penas de cárcel todavía muy breves».

«Esos indultos serían una vergüenza, una ignominia y una afrenta contra el Estado de Derecho y la democracia», sentencia.

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