Victoria Ortega es presidenta del Consejo General de la Abogacía España (CGAE). Foto: Carlos Berbell.
El ICAM apoya que la presidenta del CGAE actúe como codefensora del decano de Málaga, Francisco Javier Lara
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28/10/2020 06:43
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Actualizado: 28/10/2020 01:44
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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) apoya la medida adoptada por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) «asista jurídicamente», como codefensora –junto a Antonio Caba–, al decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quien el ha sido citado como imputado por un Juzgado de Instrucción por un supuesto delito de desobediencia.
«La defensa de los abogados y abogadas, en todos sus ámbitos, tiene que ser una prioridad para todos los Colegios, así como debe ser para el CGAE la defensa de sus decanos y decanas y sus consejeros y consejeras», dice el ICAM en un comunicado.
El decano de Málaga fue denunciado por la magistrada Estela Gómez Giner, titular del Juzgado de Instrucción 10 de esa ciudad, con cuyo marido, Pedro Molero Gómez, tuvo un encontronazo en una página de Facebook el pasado 2 de mayo en las que atacaba a la Abogacía, a la Junta de Gobierno del ICAMálaga y al decano Lara.
Molero Gómez es magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.
El encontronazo se produjo a raíz de una noticia “en la que el Colegio instaba al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) a convocar huelga en agosto tras expresar su rechazo al plan aprobado por el Gobierno para la recuperación de la actividad judicial”.
En dicho encontronazo también participó la magistrada Gómez Giner.
Cuatro días después del encontronazo con el magistrado Molero Gómez en Facebook, el 6 de mayo, a Lara le “allegó un apercibimiento del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, cuyo titular es doña Estela Gómez Giner, que además es la mujer del magistrado y también había intervenido en las conversaciones en redes sociales”.
Con ella Lara tuvo una discusión tensa porque estando de guardia, al parecer, estaba mandando a los abogados del turno de oficio, y a los que no lo eran, a los calabozos en vez que permitir la asistencia a los detenidos por videoconferencia.
“Le requerí apercibiéndola. Le dije que no iba a mandar a ningún abogado mientras no se cumplieran las medidas de protección. Al final, siguió nuestras indicaciones, pero la consecuencia fue que me dedujo testimonio por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Denuncia que terminó en el Juzgado de Instrucción 6 de Málaga, que es quien me ha citado”, explicó a Confilegal.
«El ICAM reitera la obligación de respetar la presunción de inocencia y recuerda que la vía penal tiene que ser utilizada siempre de forma absolutamente restrictiva y solamente cuando el resto de vías no resultan factibles», concluye.
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