La Red Latinoamericana de Jueces también rechaza la reforma del CGPJ

Esta organización ha publicado un comunicado en el que transmite su «apoyo y solidarización» a los jueces de España y se adhiere a las manifestaciones realizadas por la asociación Foro Judicial Independiente (FJI), así como el resto de asociaciones «en la lucha por un cambio de sistema en la elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, de tal forma que se cumpla un sistema mixto de elección y que sean los propios jueces quienes elijan democráticamente a doce de los veinte miembros» de dicha institución.

Hace hincapié en que el principio de separación de poderes es consustancial al Estado democrático de derecho y se configura como «un sistema de equilibrios y contrapesos y así evitar su concentración».

Destaca que «sin separación de poderes no existiría una auténtica democracia».

Esta organización recuerda el artículo 23 del Estatuto Universal del Juez, aprobado por la Unión Internacional de Magistrados, señala que “el Consejo de la Judicatura debe ser completamente independiente de los demás poderes del Estado» y «debe estar compuesto por una mayoría de jueces elegidos por sus compañeros, de acuerdo con procedimientos que aseguren su mayor representación”.

Recuerda que la Asociación de Magistrados Europeos, el Consejo Consultivo de jueces europeos y el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa han manifestado su «profunda preocupación por la situación de algunos países europeos, en concreto por esta reforma en España.

La REDLAJ llama la atención sobre «la importancia de la separación de poderes en todo Estado social y democrático de derecho, así como sobre la necesidad de cumplir estándares mínimos que refuercen esa independencia y la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia».

La Red Latinoamericana de Jueces fue creada el 24 de noviembre de 2006 en una asamblea general celebrada en la Escuela Judicial de España, en Barcelona, durante la realización de la Aula Iberoamericana.

Tiene por objetivos defender y representar intereses y prerrogativas ante las autoridades y entidades nacionales e internacionales, pugnando por el creciente prestigio de la actividad judicial, por la efectividad del Derecho y la integración de los países latinoamericanos.

Actualmente, está formada por magistrados representantes de 18 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y miembros de honor del Tribunal Supremo de España.

SÁNCHEZ ANUNCIÓ LA SEMANA PASADA QUE DETENÍA LA REFORMA Y PROPUSO AL PP LLEGAR A UN ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Cabe recordar que tras las críticas suscitadas tanto en nuestro país como a nivel internacional contra esta reforma, registrada en el Congreso el pasado 13 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró la semana pasada que detenía la tramitación de la Proposición de Ley “para poder llegar a un acuerdo” con el PP.

Tres de las cuatro asociaciones de jueces han arremetido duramente contra esta reforma, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que considera que lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, pero ve “lógico” que el Ejecutivo tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) afirman que esta reforma es “inconstitucional”.

También ha manifestado su rechazo la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera.

EL CGPJ APLAZA SU POSICIÓN SOBRE LA REFORMA

El Consejo General del Poder Judicial iba a dar ayer su respuesta institucional sobre la reforma, después de que siete vocales de este órgano pidieran la celebración de un Pleno extraordinario para fijarla, pero ante el anuncio de Sánchez ha decidido no expresar por el momento una «opinión fundada».

Así lo acordó ayer, con 13 votos a favor, cuatro en contra y otros cuatro en blanco.

El CGPJ ha señalado que estará «atento a la evolución de los acontecimientos para expresar su opinión fundada en el caso de que entienda que cualquier iniciativa que se retome o se plantee para la reforma pueda ser contraria a la Constitución o a los valores fundamentales en los que se sustenta la UE».