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He vuelto a presentar una queja contra Victoria Rosell ante el CGPJ por atacar al juez García Castellón

He vuelto a presentar una queja contra Victoria Rosell ante el CGPJ por atacar al juez García Castellón
María Montero afea a Victoria Rosell que ella, siendo magistrada, critique el trabajo de su compañero, Manuel García Castellón, y llama la atención del CGPJ para que tome cartas en el asunto.
05/11/2020 06:45
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Actualizado: 22/2/2021 13:01
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En el año 2018, desde el programa «La ventana indiscreta«, interpuse una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, –en aquel entonces, titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria–, por su participación, como magistrada, en un acto auspiciado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a la asociación separatista Ómnium Cultural.

Un acto que tenía como objetivo «contemplar las movilizaciones masivas» respecto al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.  diseñado este evento definido como «una suma de luchas», con el leitmotiv «recoser heridas» y sin referenciar en concreto a la citada «consulta ciudadana», dado que es ilegal.

Posteriormente, en 2019 el Tribunal Supremo condenó a los líderes independentistas a penas de prisión por sedición en un concurso medial con malversación en el juicio del proceso independentista.

Pero el CGPJ no encontró motivación para expedientar a Rosell por su asistencia como magistrada a este acto en Barcelona.

Y lo archivó. 

Jamás olvidaré que, en las mismas fechas, el 29 de septiembre, cuando Rosell se daba palmaditas en la espalda con Colau en la antigua prisión de La Modelo, en un acto sufragado con fondos públicos, viví en pleno centro de Barcelona, en la Plaza de Cataluña para ser más exactos, el momento más terrorífico de mi vida.

En plena grabación de «La ventana indiscreta», cuando estaba entrevistando a policías nacionales y guardias civiles que se manifestaban reivindicando la equiparación salarial, los Mossos nos invitaron con urgencia a abandonar este espacio al ser abordados ilegalmente por los Comités de Defensa de la República (CDR). 

El miedo se acrecentaba en la respiración de los que allí nos encontrábamos, amenazados por estos grupos violentos radicales.

Mientras los CDR pretendían atacar a los policías, literalmente, nosotros tuvimos que salir corriendo bajo la protección de los Mossos d’Esquadra.

Ni Colau, ni Rosell, nunca, jamás, condenaron este altercado. Ni existió acto alguno para «recoser heridas» en favor de los policías.

Por este motivo, presenté una queja contra Rosell ante el CGPJ. La primera.

CUESTIÓN DE IMPARCIALIDAD Y ÉTICA

Aunque el órgano de gobierno del poder judicial la archivó, al menos planteé una cuestión de imparcialidad y ética a la que se deben los jueces y magistrados en este país.

Tras este incidente, Victoria Rosell, perdió el tren para ocupar una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial.

Tampoco Podemos, su partido, hizo demasiado hincapié en promocionar su carrera hacia el Consejo, aunque con posterioridad, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, la compensó haciéndola delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Tal vez por recomendación de la ministra, Irene Montero, que, al parecer, son mujeres progres, muy coleguitas ellas.

O quizá, para «recoser» la antigua herida de Rosell al no poder entrar en el CGPJ.

Existe un dato objetivo claro, Rosell tampoco entrará esta vez en el listado para el Consejo del Poder Judicial.

Por dos motivos: se encuentra en servicios especiales, fuera de la carrera judicial a efectos oficiales y no puede ser elegida como vocal judicial. Tampoco como jurista de reconocido prestigio.

Rosell se queda fuera del CGPJ definitivamente.

LA VALENTÍA DE GARCÍA CASTELLÓN

Sobre la reputación de los magistrados en España, es de justicia destacar la valentía del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el magistrado Manuel García Castellón, instructor del caso Tándem, -también conocido como caso Villarejo-, en la Audiencia Nacional.

García Castellón fue amenazado de muerte en redes sociales, el pasado 7 de octubre, cuando se conoció el contenido de la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo, en la que abría la vía para investigar al aforado Pablo Iglesias –vicepresidente segundo del Gobierno– por tres supuestos delitos, cometidos en relación a la pieza Dina, que forma parte de la macrocausa judicial de Tándem.

Este magistrado apuntaba en su escrito ante el Supremo hacia una presunta connivencia con Iglesias de la también podemita, Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, la polémica abogada Marta Flor, por su «relación íntima» con el fiscal Ignacio Stampa, y la ex asesora de Iglesias, Dina Bousellham. 

García Castellón se dirigió a la línea de flotación de Podemos, personado en las 28 piezas del caso Tándem. Mientras la cúpula organizativa podemita, la gerencia de Podemos, se encuentra imputada en el Juzgado Número 42 de Madrid, por presuntas irregularidades en la gestión económica.

Podemos podría estar comportándose como un «lobby de presión» en el caso Tándem, ejerciendo juicios paralelos en medios de comunicación y redes sociales, respecto a lo que acontece con este proceso judicial en la Audiencia Nacional. Tiene toda la pinta.

Es claro que, como grupo político, sus integrantes deberían abstenerse de realizar valoraciones jurídicas externas y respetar la independencia judicial.

Pero este tipo de críticas sobre el caso Villarejo, si cabe, se agravan cuando son ejercitadas por cargos públicos del Gobierno de España contra las decisiones del magistrado García Castellón.

SEGUNDA QUEJA CONTRA VICTORIA ROSELL

Este es el caso de Victoria Rosell.

Rosell, muy podemita ella, cruzó la línea roja en medios de comunicación y en su cuenta de Twitter, con una crítica «jurídica» que no tiene ningún peso en la Audiencia Nacional ni trascendencia judicial porque esta señora no es parte en el caso Tándem.

Pero Rosell insufló de argumentaciones a unos cuantos incultos jurídicos a través de su cuenta de esa red social contra la resolución de García Castellón en su solicitud legítima de investigar a Pablo Iglesias en el marco del caso Dina. 

Estos incongruentes hechos me preocupan, me inquietan porque nuestra democracia tiene su base en la separación de poderes.

Y como no parece que Rosell lo haya asumido y lo tenga medianamente claro, desde «La ventana indiscreta» he interpuesto una nueva queja contra Rosell ante el CGPJ.

Sé que Rosell técnicamente no pertenece en estos momentos a la carrera judicial por encontrarse en servicios especiales, una especie de excedencia que, cuando termine su paso por la política, le permitirá volver a la judicatura al puesto que le hubiera correspondido si no se hubiera marchado.

Pero es que Rosell ha hecho algo muy feo: criticar a García Castellón, decir que se «equivoca» por perseguir los supuestos delitos cometidos por Iglesias.

¿Cuándo se ha visto que un juez en esa situación «arreé» a un compañero de esa forma públicamente?

No lo ha hecho ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, ni el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ni el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ni tampoco Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

ROSELL DEBE DEJAR DE CRITICAR A LOS JUECES

Rosell tiene el deber de abstenerse de hacer declaraciones críticas contra compañeros suyos y de tratar de influir activamente en la instrucción del caso Tándem.

Es una cuestión de ética personal, profesional y política.

El ejemplo es el principio de la autoridad y Rosell, en esto, no está dando ejemplo alguno. Todo lo contrario.

La magistrada en servicios especiales no puede hacer lo que hizo a través de su cuenta de Twitter.

Desde mi punto de vista, el Consejo General del Poder Judicial debería pronunciarse, decir que no es de recibo que critique a García Castellón, porque no tiene patente de corso para ello y que debe ser cauta y comedida, siguiendo el ejemplo de Robles, Campo, Grande Marlaska y López.

Dicen que lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad.

Creo que no se puede explicar con más claridad.

Cuando Rosell publicó en uno de sus tuits «Sinceramente, yo estoy atónita con esta resolución judicial/…/me parece que vamos a asistir a algo parecido a una repetición del ‘caso Alba’. Calvente tiene una credibilidad parecida a la de Alba, que también consiguió engañar a un juez con todo su revestimiento supuestamente jurídico», estaba induciendo a error a todos los que la leyeron.

Porque las denuncias por acoso sexual y laboral que la letrada Marta Flor interpuso contra el entonces coordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, han sido archivadas por la Justicia.

Y Podemos ha reconocido que despidió a Calvente de un modo improcedente y le indemnizó. El abogado no quiso volver. Lo pudo hacer. El tribunal de lo social hubiera declarado nulo el despido si lo hubiera querido.

Y sobre Alba, ¿hay que decir algo? Sí, que está pendiente de una resolución final en el Tribunal Supremo.

Rosell tampoco ha explicado el porqué de su silencio sobre el caso del dimitido magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré, que iba a ser juzgado en el Tribunal Supremo por supuestos malos tratos a su esposa.

¿Es porque Valdés Dal-Ré era el ponente de su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Una sentencia que tumbó, en un 95 %, la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le había dado la razón previamente?

El silencio de Rosell sobre el caso del magistrado Valdés Dal-Ré fue estruendoso. Un oximorón de libro.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género también se hizo eco de un defectuoso titular de la periodista, Elisa Beni: «Las meras hipótesis personalísimas de García Castellón sólo constituyen parte del cuadro que nos lleva a concluir que todo es bueno en esta guerra togada para tirar al Gobierno«.

Ambas han quedado retratadas.

EL CGPJ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LAS CRÍTICAS DE ROSELL CONTRA LOS JUECES

Pero Rosell, a mayor abundamiento, tuiteó de motu propio otra «perla» contra el Consejo: «El CGPJ tiene el deber de amparar la independencia judicial. Pero no lo ejerce cuando los ataques proceden de la derecha».

Este es el latiguillo burdo y soez, con el que esta podemita se dirige a esta institución democrática.

Rosell, como un patrón de conducta repetitivo, pareciera que cruza la línea permanentemente y de manera impertinente entre el poder político que ostenta y sus «latiguillos jurídicos», de todo punto infumables.

Lógicamente, el CGPJ ha respaldado al magistrado García Castellón. Se ha interesado por las investigaciones policiales sobre los delincuentes que han amenazado al juez.

Es más, la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales se han unido en un manifiesto que ha batido un récord de firmas por la independencia del poder judicial y la renovación del CGPJ.

Para concluir, desde mi punto de vista Victoria Rosell no debería tratar de influir sobre la resolución que el Tribunal Supremo debe tomar sobre la imputación de su coleguita de partido, Iglesias. 

Porque es –aunque esté en estado de «hibernación»–, recordémoslo, magistrada. 

Por eso, considero que el CGPJ debe renunciar a la tentación de archivar esta queja que he presentado, que está fundamentada sobre el sentido común.

Debería dictar una resolución alta y clara sobre las «mañas mediáticas» de Rosell contra el magistrado García Castellón y dejarle que haga su trabajo con la misma tranquilidad de ánimo que ella misma exigiría de estar en esas mismas circunstancias.

Y dejo lo del conejo grande de Rosell y el caso de Simona Chambi para otro día, que también ahí hay tela que cortar.

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