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El consejero de Interior de la Generalitat se niega a que se conozcan sus gastos cuando fue presidente del CICAC

Vanessa González, líder de ALTODO Cataluña, quien fue candidata a decana del ICAB y a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española, se dirigió al CICAC para que le facilitaran todos los gastos y dietas cobradas por Miquel Samper, consejero de Interior de la Generalitat, cuando fue su presidente. Le han dicho que Samper no lo autoriza. Foto: Carlos Berbell/Generalitat.

09/1/2021 06:46

Actualizado: 08/1/2021 22:51

Hace un tiempo solicite del Ilustre Consell de Col.legis d´Advocats de Catalunya [Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña] o CICAC, que me informase de los gastos ocasionados por el actual consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Samper, cuando fue presidente del CICAC entre 2012 y 2014.

Me pareció que una persona que se catapulta de una institución, que representa a la abogacía a la carrera política, ya que el también exdecano del colegio de abogados de Manresa debe especialmente rendir cuentas a las personas colegiadas de los gastos que nos ha ocasionado el ejercicio de su cargo.

En general el Consell de Col.legis d´Advocats de Catalunya, en mi opinión, es absolutamente opaco en la gestión del patrimonio colegial y de su gestión pues no se rinden cuentas de lo que se hace con nuestro dinero, ya que no hay asambleas ni información pública y las reuniones del pleno son absolutamente secretas para todas las personas colegiadas.

Estamos obligados no sólo a financiar colegios profesionales sino, instituciones diversas como consejos autonómicos, Consejo General de la Abogacía Española, grupos de abogados jóvenes autonómicos independientes a los de los colegios, agrupaciones españolas etc…, y cada vez que en un asamblea del ICAB he solicitado en el ejercicio de mis legítimos derechos como persona colegiada se me ha negado toda información siempre aludiendo que el CICAC o el CGAE son instituciones distintas al ICAB y sin rendir ni facilitar información alguna.

SAMPER SE NIEGA A QUE CONOZCAMOS LOS GASTOS QUE TUVO CUANDO FUE PRESIDENTE DEL CICAC

Cuál ha sido mi sorpresa al recibir la notificación del CICAC informándome de que el señor Samper se ha opuesto a mi petición de información y que, sin su consentimiento, no pueden facilitarme dicha información, porque se violaría a su juicio la ley orgánica de protección de datos.

¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? Porque su actitud es la de alguien que oculta algo. Y teme, por lo tanto. Como dice el viejo dicho, «Quien nada oculta nada teme». El señor Samper ha quedado retratado públicamente.

En mi opinión es una burda excusa, porque la ley de transparencia obliga a facilitar dicha información, que debería ser pública sin tener que ser solicitada por ninguna persona colegiada.

Pero el hecho de que se nieguen a facilitar dicha información me lleva a pensar que estoy viviendo en la época del despotismo ilustrado o del feudalismo y sentirme como una pagana sin derechos.

Y a sentir vergüenza por la respuesta del CICAC que, además, me preguntó para qué quería yo esta información, qué iba a hacer con ella. Esta pregunta del CICAC está fuera de lugar. También me pregunto, ¿por qué está protegiendo a Samper?

La respuesta de Samper y del CICAC me inducen a sospechar –ya lo sospechaba cuando solicité conocer sus gastos– que hay gato encerrado en todo esto. Que las cuentas de Samper cuando era presidente fueron excesivas.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Me parece impropia de cualquier persona que tenga un mínimo sentimiento interior de justicia. Pero sobre todo de lo que significa representar a sus compañeros y es que es inaceptable que quienes estamos obligados a pagar y parecemos ser concebidos únicamente como un nicho de negocio para pagar determinadas fiestas y negocios que, desde luego, en mi opinión, no redundan en beneficio de todas las personas colegiadas y que ni siquiera tenemos derecho a saber en que se gasta nuestro dinero y cuanto nos cuenta la representación de dichas instituciones.

Me parece una respuesta déspota en definitiva, oponerse a que dicha información sea pública y absolutamente contrario al funcionamiento democrático de los colegios profesionales y de la transparencia que les es exigible en cuanto al control y gestión del patrimonio y fondos colegiales.

No es de extrañar que en este contexto cada mes tengamos que aguantar que en lugar de pagar de forma inmediata a la recepción de las transferencias de la Generalitat de Catalunya se demoren las transferencias de los pagos del turno de oficio.

Y cuando un letrado se informa y llama al «Departament de Finances» de la Generalitat, según estos, siempre contestan que se han hecho las transferencias hace días.

Misteriosamente el pago tarda siempre unos días en efectuarse a los abogados de toda Cataluña y es que este año ni siquiera, pasado el día de Reyes, se han efectuado los pagos del turno de oficio.

Pero según el «Departament de Finances» hace días está hecha la transferencia al CICAC para efectuar dichos pagos.

¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Nadie nos quiere dar explicaciones, pero es curioso que desde que la antigua coordinadora del turno de oficio del ICAB, que fue trasladada a otro departamento después de muchas críticas a su gestión, se encarga de gestionar los cobros.

Desconociéndose los motivos de dicho traslado, ha sido contratada como gerente del CICAC. Tampoco sabemos por qué. Claro, estará muy atareada porque seguramente debe ocuparse de múltiples funciones.

Eso sí, seguramente gastarnos el dinero en un sueldo que probablemente supere mucho al de algunos diputados y cargos públicos electos. No sirve ni siquiera para que se apiaden de los abogados de Cataluña y al menos se transfiera el dinero para proceder a los pagos del turno de oficio puntualmente y al mismo momento de recibir esas trasferencias.

Entiendo que siendo el CICAC un mero intermediario en el pago, así como todos los colegios, ningún derecho asiste a nuestros representantes a demorar el pago del turno de oficio más allá de lo estrictamente imprescindible y cada mes se demoran sin justificación alguna.

Es inaceptable que ante esta situación se nos niegue el derecho en definitiva a saber que se hace con el dinero de todos los colegiados.

Debe ser un clamor de toda la abogacía modificar un sistema opaco que convierte a los colegiados en personas sin derechos y con una sola obligación, la de pagar cuotas, es hora de luchar por los derechos de las personas colegiadas.

De decir basta ya y de exigir transparencia y responsabilidades por una gestión corporativa que ni es transparente ni es democrática y por tanto viola lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Española, que exige a los colegios profesionales un funcionamiento democrático que obviamente a la luz de los últimos acontecimientos no existe para desgracia de la abogacía en Cataluña. Por eso estoy a disposición de todos los colegiados que se quieran unir a mi lucha, que debe ser la de todos.

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