El TJUE advierte que un investigado por uso de información privilegiada tiene derecho a guardar silencio

En la sentencia que se ha conocido hoy el TJUE, constituido en Gran Sala, reconoce la existencia, en favor de toda persona física, de un derecho a guardar silencio, protegido por la Carta, y considera que la Directiva 2003/6 y el Reglamento 596/2014 permiten a los Estados miembros respetar ese derecho en el marco de una investigación a la que la someta la autoridad competente y que puede llevar a que se declare su propia responsabilidad por una infracción que conlleve sanciones administrativas de carácter penal o su responsabilidad penal.

El TJUE señala que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativa al derecho a un proceso equitativo, el derecho a guardar silencio, que conforma la base del concepto de proceso equitativo, se opone, en particular, a que una persona física sea sancionada por su negativa a dar a la autoridad competente –con arreglo a la Directiva 2003/6 o al Reglamento 596/2014- respuestas de las que pueda resultar su propia responsabilidad.

Este análisis, explica, no entra en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las normas de la Unión en materia de competencia, «de la que resulta, en esencia, que, en el marco de un procedimiento sancionador por una infracción de dichas normas, se puede obligar a la empresa implicada a que facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento y a que presente, si fuere preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, incluso si estos pueden servir para probar, en particular respecto de la propia empresa, la existencia de una conducta contraria a la competencia».

Asimismo, añade que el TJUE «también ha declarado que no se puede imponer a dicha empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de tal infracción».

Sobre este asunto, precisa que esta jurisprudencia en materia de competencia «se refiere a procedimientos que pueden dar lugar a la imposición de sanciones a empresas y asociaciones de empresas. No puede aplicarse por analogía cuando se trata de determinar el alcance del derecho a guardar silencio de personas físicas que, como en este caso, son objeto de un procedimiento por una infracción de uso de información privilegiada».

Corresponde a los Estados miembros garantizar que la persona física no sea sancionada por su negativa a dar respuestas

El Tribunal de Justicia añade que, sin embargo, el derecho a guardar silencio no puede justificar la falta de cooperación de la persona afectada con las autoridades competentes, como sucede en el caso de una negativa a presentarse a una audiencia prevista por estas o de maniobras dilatorias dirigidas a aplazar su celebración.

Por último, señala que tanto la Directiva 2003/6 como el Reglamento 596/2014 se prestan a una interpretación conforme con el derecho a guardar silencio, en el sentido de que no exigen que una persona física sea sancionada por su negativa a dar a la autoridad competente, con arreglo a esa Directiva o a ese Reglamento, respuestas de las que pueda resultar su propia responsabilidad por una infracción que conlleve sanciones administrativas de carácter penal o su responsabilidad penal.

En estas circunstancias, el hecho de que no excluyan expresamente la imposición de una sanción por dicha negativa no puede afectar a la validez de las citadas disposiciones.

Así, concluye que corresponde a los Estados miembros garantizar que una persona física no pueda ser sancionada por su negativa a dar dichas respuestas a la autoridad competente.