La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confía en que las ayudas directas a empresas sean aprobadas en marzo. Foto: EP.
El Gobierno abre la puerta a las ayudas directas a empresas y autónomos
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16/2/2021 01:00
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Actualizado: 15/2/2021 23:55
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Doce meses de duro de sufrimiento y muchos negocios cerrados, pero al final el Gobierno da su brazo a torcer. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confía en que las ayudas directas a empresas sean aprobadas en marzo.
Estas ayudas se estarían diseñando junto con el Banco de España y las entidades financieras.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); Marco Bolognini, socio director de MAIO Legal; e Ignacio Regojo, socio de laboral del despacho Squire Patton Boggs, consideran que son necesarias, con un cierto control de supervisión.
Las ayudas directas han sido el caballo de reivindicaciones de colectivos afectados por el Covid-19 como la hostelería, que ha reclamado hasta 8.500 millones de euros para que el sector se mantenga a flote o el propio colectivo de autónomos a través de su patronal ATA.
Calviño, sin embargo, ha vuelto a defender que la experiencia con los avales del ICO ha demostrado que la colaboración público-privada ha sido «absolutamente clave» para atajar la crisis económica provocada por la pandemia.
En este sentido, ha subrayado que España ha transferido desde marzo «un gran volumen de ayudas directas» a empresas, trabajadores y familias. En concreto, ha recordado que solo en el pago de ERTE, prestaciones de autónomos e incapacidades laborales asciende a 40.800 millones de euros.
Este nuevo paquete de medidas al parecer irá en línea con la actualización del marco temporal de ayudas de Estado que ha adoptado la Comisión Europea, que permite ayudas por empresa de hasta 1,8 millones de euros o «la realización de quitas y otros instrumentos financieros, por ejemplo préstamos participativos, para apoyar la solvencia de empresas».
Los expertos reclaman esas ayudas
Desde FEDEA, de la que es su director ejecutivo Ángel de la Fuente, se sigue muy de cerca la crisis del Covid y su impacto en nuestra economía. Su boletín de seguimiento es uno de los más consultados por economistas, juristas y empresarios.
En él se cuestiona la discutible calidad de los datos sanitarios disponibles y se analiza la recuperación del empleo por sectores. Esta recuperación se ha estancado o incluso retrocedido a partir de agosto.
Al mismo tiempo, las actividades menos afectadas por la crisis muestran, en su mayoría, una preocupante tendencia a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia.
Para este experto, el Gobierno español debería establecer subvenciones directas para ayudar a cubrir sus costes fijos a los sectores más afectados por cierres o restricciones administrativas y a los que han sufrido pérdidas elevadas y persistentes de ingresos como resultado de la pandemia.
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
Una forma de reducir el coste para el contribuyente consiste en ofrecer ayudas al menos parcialmente recuperables a través de mecanismos híbridos de financiación con un componente de capital, como pueden ser los créditos participativos o la deuda tributaria de carácter contingente, instrumentos ambos que permiten condicionar la recuperación de las ayudas a la vuelta a beneficios de las empresas afectadas y reducen los incentivos para solicitarlas de aquellos que no las necesitan, especialmente si su solicitud implica algún tipo de recargo.
Otra opción interesante que se plantea desde FEDEA para reducir pesos muertos, autorizada explícitamente en la última modificación del marco temporal de ayudas de estado, es la conversión de garantías públicas en ayudas no retornables o en alguno de los instrumentos híbridos ya mencionados.
Desde el punto de vista de la política económica, en el frente doméstico cabe destacar la nueva extensión de los ERTE y la aprobación del Real Decreto-ley en el que se establece la estructura de gobernanza de las ayudas de recuperación europeas y se adoptan medidas para agilizar su gestión.
También se han extendido o mejorado diversas ayudas para familias vulnerables, autónomos y pymes y ciertos sectores especialmente afectados por la pandemia.
A nivel europeo, dos novedades importantes han sido la aprobación por el Parlamento Europeo del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y una nueva modificación del marco temporal que regula las ayudas de estado a las empresas en la que se aumenta el límite máximo de ciertas ayudas y se permite a los estados miembros convertir créditos y otras ayudas reembolsables en ayudas directas no retornables.
La prórroga de los ERTE es necesaria por el alargamiento de la crisis, pero esta medida no es suficiente (incluso en combinación con mecanismos de apoyo a la liquidez) para garantizar la supervivencia de las empresas viables en los sectores más afectados.
Es necesario permitir que aquellas empresas que lo necesiten puedan ajustar sus plantillas. Con este fin, debería suprimirse la “prohibición” de despido por causas objetivas ligadas a la pandemia y habría que reducir las penalizaciones por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo de forma que estas sean proporcionales a los despidos realizados, en vez de suponer la devolución de todas las ayudas recibidas mediante exoneraciones de cuotas sociales ante cualquier incumplimiento.
Control de las ayudas estatales
Para Marco Bolognini, socio de mercantil de Maio Legal, “el debate sobre la necesidad de establecer un sistema de ayudas directas para los sectores más duramente golpeados por la crisis pandémica ciertamente no representa una particularidad española”.
Este experto aclara que “teniendo en consideración la experiencia de otros países del entorno europeo (léase Italia), considero que pueden representar una medida muy útil, pero, al mismo tiempo, entrañan riesgos extremadamente altos, si no se diseña su arquitectura normativa y de posterior control aplicativo con rigor y objetividad”.
Desde su punto de vista, “por un lado, puede ser importante delinear un marco de ayudas directas mixtas, en el sentido que sean parcialmente reembolsables y no totalmente a fondo perdido”.
Sobre las ayudas considera que “dichas ayudas deberían paliar los efectos de la crisis para todas aquellas empresas que tuviesen visos de sobrevivir o, al menos, opciones reales de hacerlo”.
“Si esto ocurriera, sería justo y normal que se devolviese a las arcas públicas (que son de los contribuyentes) al menos unas porciones del dinero recibido”, afirma.
Para este experto, “los riesgos más altos, en un sistema de ayudas directas total o parcialmente no reembolsables, residen en dos aspectos: el primero, práctico, de cuidadosa selección de sus beneficiarios (opino que no deberían serlo los probables ‘zombies’) y de control posterior sobre su uso”.
Otro aspecto que señala es “más cultural, tienen que ver con la posible retroalimentación de un asistencialismo caduco que podría insinuarse entre las mallas de una iniciativa normativa, económica y social que parte desde premisas nobles e útilmente pragmáticas”.
Marco Bolognini, socio de mercantil de Maio Legal.
En cuanto a las prórrogas de los ERTE, Bolognini señala que “desde luego es una buena noticia, es un ejemplo de gran calado de la solidaridad que debe regir una sociedad. Dicho esto, debemos reiterar las mismas consideraciones ya expresadas en relación con las ayudas directas”.
“No tiene sentido, ni económico ni social, mantener en vida con el respirador a empleos que, por desgracia, se perderán sí o sí en cuanto se acaben los ERTE, sea el 31 de mayo o en fecha posterior, de darse nuevas prórrogas”, comenta.
“Entiendo que sería deseable una revisión de los criterios para permitir los despidos por causas objetivas originadas por la crisis. En esta fase tan dramática, una vez más por desgracia, hay medidas que los empresarios deben tomar para asegurar que el negocio sobreviva una vez terminados los ERTE”.
Bolognini recuerda que “la prohibición de despido en los seis meses siguientes se podría mantener con matices, siempre y cuando se permitieran las reestructuraciones de plantilla ya en esta fase actual. Todo ello, por supuesto, cuando hubiese sólidas razones directamente vinculadas a la crisis pandémica y sus efectos directos sobre el negocio”.
Para este jurista “los grandes desafíos son básicamente tres, en mi opinión, y están directamente interrelacionados: en primer lugar, el éxito en la gestión de los fondos del ‘Next Generation EU’, marcará un antes y un después en la recuperación de la economía española. Cualquier importante desviación con respecto a las altas expectativas que tiene el mercado, produciría efectos imprevisibles”.
También señala “que la recuperación empresarial debe pasar por una política fiscal ventajosa y eficiente para los sectores más golpeados, para las pymes y para los autónomos. El tejido productivo necesita apoyo a largo plazo y no sólo ayudas directas puntuales”.
“Al mismo tiempo, debería llevarse a cabo desde ya una seria y rigurosa ‘spending review’ para recortar el gasto público superfluo. Menos gasto público y menos impuestos, podríamos decir, simplificando mucho”, advierte.
Por su parte, como tercer elemento cree que hay “que pisar el acelerador en la modernización de la maquinaria administrativa. El dinero europeo, sin agilidad en su gestión, se convertirá pronto en dinero viejo e improductivo. Es más: no hay mejor ocasión que la actual para llegar a la revolución copernicana de una administración pública al servicio del contribuyente y no al revés”.
Ayudas directas necesarias
Por su parte, Ignacio Regojo, socio de laboral del despacho Squire Patton Boggs, cree que la situación es extremadamente preocupante y difícil tal como se refleja en el estudio de FEDEA.
Para este jurista, “desgraciadamente esta pandemia ha llegado cuando todavía no nos habíamos recuperado en España de la última crisis (la financiera) y sobre todo cuando todavía no habíamos hecho los deberes sobre un cambio del sistema productivo de nuestra economía”.
Regojo cree que es hora de centrarse en solventar la situación tan grave que atravesamos, confiando eso sí, en la eficacia de las vacunas y en la agilidad para su distribución.
“Además de solventar el futuro debemos ser conscientes del presente de multitud de negocios y empresas en España que siguen dependiendo del turismo y la movilidad y no siempre están preparadas para buscar otros mercados internacionales”, advierte.
A su juicio, “los sectores más afectados como la hostelería, restaurantes y cafeterías, cultura o comercio, claramente necesitan algo más de lo que se les está ofreciendo”.
Para este jurista, “si bien en este sector hay, por supuesto, empresas que podrían mantenerse con recursos propios o ajenos, la mayoría y -sobre todo, los pequeños negocios y autónomos que generan casi todo el empleo en nuestro país, se verán abocados a un cierre que se acerca a medida que pasan los días”.
“Debemos hacer todo lo posible para que esto no ocurra, por nuestro propio bien”, subraya.
En opinión de este experto en derecho laboral “la prórroga de los ERTE hasta finales de mayo era una medida necesaria, sin duda. Era impensable dejar sin cobertura a las 739.000 personas que actualmente están acogidas a un ERTE”.
“No obstante, entendemos con el informe, que no es suficiente. Salvo que nos queramos hacer trampas a nosotros mismos y a nuestra economía, deberíamos en primer lugar, ser realistas y, además, valientes para enfrentarnos a las auténticas necesidades de nuestro tejido productivo y de nuestra capacidad para mantener el nivel de empleo”, advierte.
Este experto recuerda que “la imposibilidad de extinguir relaciones laborales se planteó el pasado año como una situación coyuntural, pero que tras casi un año de pandemia debe de afrontarse como una necesidad”.
Al mismo tiempo, “el riesgo de tener que devolver la totalidad de las ayudas recibidas ante un error o falta de cumplimiento íntegro, o el riesgo de que un despido sea declarado nulo por basarse en razones derivadas del Covid-19, no debería estar sobre la mesa de los empresarios cuando están luchando por conseguir que el negocio sobreviva y con ello, poder salvar el mayor número posible de puestos de trabajo”.
Ignacio Regojo, socio de laboral del despacho Squire Patton Boggs.
Regojo destaca “cómo el Banco de España apunta a que, pese a las importantes ayudas que se han puesto en marcha, hasta un 40% de las empresas españolas necesitará llevar a cabo en los próximos meses al menos una reestructuración de los plazos de su deuda para poder seguir haciendo frente a los intereses”.
También señala que las ayudas directas son esenciales. «Entendemos adecuadas las ayudas al menos parcialmente recuperables a través de mecanismos híbridos de financiación con un componente de capital, como pueden ser los créditos participativos o la deuda tributaria de carácter contingente”.
“Con ello, no serían ayudas a fondo perdido o sin que haya que cumplir con las condiciones, pero sí se concederían porque son necesarias para mantener la viabilidad de los negocios y el nivel de empleo presente y futuro”, aclara.
Para Ignacio Regojo, “no deberíamos esperar a que llegue la recuperación que se anuncia para la segunda parte de este año sin habernos enfrentado a la cruda realidad y haber hecho los ajustes necesarios ya que se nos escapará otra vez la oportunidad de generar empleo de calidad, eficiente y sostenible”.
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