La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a ocho meses de prisión a un ciudadano que tenía depósitos no declarados a Hacienda en la filial suiza del banco Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC).
En la sentencia 428/2020, 20 de noviembre, contra la que cabe interponer recurso de casación, la Sección Tercera le considera autor de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de blanqueo de capitales con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.
El tribunal, formado por José Daniel Mira-Perceval Verdú -presidente-, Dolores Ojeda Domínguez y Amparo Rubió Lucas -ponente-, le impone también una multa que asciende a 300.000 euros por la comisión de los dos delitos, así como la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública con 378.619 euros, en concepto de responsabilidad civil. También le impone las costas procesales.
Durante el juicio celebrado el pasado 19 de noviembre, el acusado reconoció los hechos y su defensa se adhirió a las peticiones formuladas en sus conclusiones definitivas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La investigación se inició por una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 28 de junio de 2013 ante el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que remitió la causa tres años después a un juzgado de la ciudad alicantina de San Vicente del Raspeig, donde tenía su domicilio fiscal el contribuyente.
Según se recoge en la sentencia, el acusado defraudó a Hacienda 378.619 euros al ocultar en su declaración del IRPF del ejercicio 2007 diferentes rentas relacionadas o derivadas de inversiones que mantenía ocultas en la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse.
El ahora condenado ingresó en una cuenta judicial el importe de la cuota defraudada dos días antes de que se celebrara la vista oral, por lo que la Sala, tal y como solicitaron todas las partes, le ha aplicado la atenuante de reparación del daño.
También aprecia la atenuante de dilaciones indebidas ya que «el comienzo tardío de la investigación penal, cercana a la prescripción» y que pese a la complejidad de la causa la duración total de la instrucción y enjuiciamiento se ha alargado más de siete años.
