Justicia y libertad de expresión

Con supremo respeto, considero, que no procede legal, social ni legítimamente invocar que “pedir justicia y libertad de expresión” sea realizado desde la violencia, ruptura de adoquines, daños en contenedores, ruptura de espacios privados y públicos, constituyendo tales comportamientos, presunta ilicitud, violencia o agresividad.

Invocar la libertad de expresión desde la agresión, desde la violencia, desde lo presuntamente ilícito, no resulta justo ni conforme a Derecho, en ningún Estado Social y Democrático de Derecho.

Normalidad democrática y normalidad política, jamás se logrará desde presunta ilicitud, ni desde la violencia, resultando atroz, invocar justicia o libertad, a golpe de violencia, ya que, vulnerar presuntamente la ley , no es protestar.

La manifestación, la protesta, forma parte del Estado Social y Democrático de Derecho, pero la violencia ¡jamás!, venga de donde venga y nazca de donde nazca, ya que la violencia nunca está justificada.

Identificar protesta con violencia, con presunta ilicitud, con presunta gestación de vandalismo, no sólo resulta improcedente, sino que además deben ser enjuiciados, conforme a Derecho, todos los comportamientos, que vulneren la letra y el cuerpo de la legislación vigente, sin que nada ni nadie, quede fuera de lo legal, lo lícito, en conformidad con nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Pretender politizar comportamientos violentos, no sólo mancharia la libertad, la igualdad, la protesta pacífica, sino que gestaria situaciones de anormalidad democrática, poniendo en peligro la paz social, la convivencia, la libertad de manifestación y la libertad de expresión, dicho sea todo ello con supremo respeto y con la mejor voluntad, desde la reflexión constructiva.

Difamar, injuriar, vulnerar las Instituciones, jamás debe ser considerado social ni jurídicamente libertad de expresión, ya que la libertad, choca frontalmente con violencia, opresión, vulneración de derechos, sin olvidar qué en todo Estado Social y Democrático de Derecho, la violencia constituye su más flagrante vulneración.

Los cambios sociales, legales, institucionales, no resulta lícito ni legítimo imponerlos, a golpe de violencia, de disturbios públicos, de ruptura de contenedores, de comportamientos violentos sin ninguna base legal y sin ningún resquicio de legitimidad, ya que, ni la libertad de expresión ni la petición de justicia, procede realizarla desde lo presuntamente ilícito o violento.

El orden social, el orden público, el orden económico, los derechos y libertades individuales, también terminan gravemente dañados por la violencia, que resulta distante y distinta de la protesta, de la manifestación pacífica conforme a Derecho, en beneficio de que todas y todos nos sintamos seguros, protegidos y defendidos, sin discriminaciones, sin abusos gestados por fuerza física ni actuaciones con resultados no queridos, sancionados o prohibidos por la vigente legislación nacional, comunitaria e internacional.

Respetuosamente, considero, que los países pueden romperse cuando sus pueblos, sus mujeres y hombres, no respetan los derechos, las libertades, la legalidad, ni los más elementales principios de seguridad ciudadana, normalidad democrática, seguridad pública, social, ambiental y garantía jurisdiccional, no cumpliendo lo dictado por los Tribunales de Justicia.

Disfrutamos en nuestro país de magistral Administración de Justicia, a todas luces democrática, eficaz, segura, justa y legitimada, resultando, a mi respetuoso entender, gravemente nocivo, pretender cambiar Resoluciones Judiciales, a golpe de violencia, de presunta ilicitud, con abuso de la fuerza, con brutales y violentos comportamientos, que a todas luces, con evidencia, hieren, sangran y aniquilan la libertad, la justicia y la legalidad vigente, vulnerando toda Declaración Universal de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

La violencia sangra el corazón de las libertades, hiere las arterias sociales de la convivencia, destruyendo toda legitimidad para obtener modificaciones legislativas, judiciales o institucionales.

¡Las raíces de libertad, constituyen el más valeroso y eficaz antídoto contra las raíces de violencia!

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