La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género –y candidata de Unidas Podemos a vocal del CGPJ– Victoria Rosell, y su pareja de hecho, el periodista Carlos Sosa, tienen obligación de asistir al juicio de lo social y a responder a las preguntas de su exempleada doméstica. Foto: El día. La Opinión de Tenerife".
Victoria Rosell y Carlos Sosa serán interrogados por el abogado de su exempleada doméstica en el juicio del 15 de marzo
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02/3/2021 06:47
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Actualizado: 03/3/2021 14:31
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Federico Vicente, abogado de Simona Chambi –la empleada doméstica de origen Boliviano que trabajó en el chalet adosado que la delegada del Gobierno contra la violencia de género tiene en Las Palmas de Gran Canaria– interrogará a Victoria Rosell y a su pareja de hecho, el periodista Carlos Sosa, en el juicio de lo social fijado para el próximo 15 de marzo a las 11.50 horas.
Así lo ha decidido la juez sustituta y de refuerzo del Juzgado de lo Social 7 de Las Palmas, María José Andrade Santana, mediante una providencia que tiene fecha 15 de febrero: «Interrogatorio de las contrapartes al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas que se le formulen, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros, conforme al artículo 292.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
La candidata a vocal del Consejo General del Poder Judicial por Unidas Podemos, Rosell, y el ahora presentador de televisión, Sosa, fueron demandados por despido «improcedente» o «nulo» después de que Chambi fuera despedida el pasado 26 de mayo, cuando se recuperaba de una operación de cataratas, de la que había sido intervenida en el Hospital Doctor Negrín de la capital canaria.
TRABAJADORA ILEGAL Y EN NEGRO
La empleada de hogar comenzó a trabajar «en negro» –ilegalmente– para la magistrada en septiembre de 2011 y por espacio de cinco meses, estando ilegal en España, de acuerdo con el abogado de la demandante. Contraviniendo el artículo 311 bis del Código Penal, que castiga con pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses, a quien «de forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo».
Hasta que Simona Chambi se plantó y le dijo que se marcharía si no le hacía un contrato, esencial para regular su situación en España, relata el abogado en la demanda laboral.
La retribución pactada fue de 500 euros brutos al mes que, descontando los gastos de Seguridad Social se quedaron en 430 euros por un contrato indefinido.
Jamás la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género le entregó nómina alguna.
En 2014, la trabajadora solicitó la nacionalidad española, según el expediente 1378/12014, que se tramitó en el Registro Único de Las Palmas.
Ese mismo año, Simona Chambi tuvo que regresar a Bolivia por problemas familiares por lo que solicitó la baja voluntaria del contrato: «Firmó una documentación y causo baja en la Seguridad Social el 30 de noviembre».
ROSELL NO LE PAGÓ EL FINIQUITO
Aunque Chambi no tenía derecho a una indemnización, sí tenía derecho al finiquito que nunca le dio Rosell, cuenta el abogado.
La magistrada y el periodista siguieron manteniendo el contacto con su exempleada, hasta convencerla de que volviera a España para seguir trabajando con ellos. Porque otras empleadas que estaban probando en su ausencia no duraban ni dos meses, trabajando en una casa tan grande.
Simona Chambi regresó a España en agosto de 2015, nueve meses más tarde.
Según su abogado, la empleada fue contratada por la magistrada, otra vez, «en negro» –ilegalmente–, durante cuatro meses.
Hasta que volvió a plantarse. El 12 de noviembre de 2015 le hicieron un nuevo contrato, que «firmó sin leer» y del que nunca le entregaron copia alguna.
En 2017 le modificaron el contrato. Sosa sustituyó a Rosell en el papel de empleador.
«Solo a partir de insistir desde el año de 2017 le entrego nóminas, aunque seguía recibiendo instrucciones de su primera empleadora en los labores de limpieza de la misma casa que empezó a realizar su actividad profesional desde 2012«, dice la demanda.
«A partir de 2020, tampoco ha recibido ninguna nómina de Don Carlos Ramón Sosa Báez, ni le ha entregado nunca el contrato firmado en 2015 a fecha presente a la empleada», añade.
Simona Chambi también se ocupó, cuando estaba disfrutando sus vacaciones, de dar de comer a un conejo grande y de regar las plantas existentes en el inmueble sin recibir ninguna compensación económica al respecto.
Federico Vicente, abogado de la demandante, la trabajadora de origen boliviano Simona Chambi, que reclama despido «improcedente» o «nulo».
ROSELL DENUNCIADA POR PAGAR EN NEGRO 4 VECES A SIMONA CHAMBI
El abogado de Chambi denunció, el 24 de septiembre pasado a Rosell y a Sosa ante la Inspección de Trabajo de la isla gran canaria por infracción de normas laborales por haber pagado a su clienta, en negro, por transferencia, 4 veces en 2015.
En la misma se aportaron dos relevantes documentos.
El primero fue un certificado bancario que tiene fecha de 18 de septiembre.
Fue expedido por Fayna Lobato Rodríguez, apoderada de la oficina número 1503 de Caixabank en la que afirma que en la cuenta de Simona Chambi figuran abonadas las transferencias recibidas desde una cuenta de Victoria Rosell desde el 15 de mayo de 2012 hasta el 4 de abril de 2020. En total, ocho años.
Cuatro de esas trasferencias –por importe de 410 euros dos de ellas–, fueron realizadas el 8 de enero y el 7 de febrero de 2015, así como el 5 de mayo y el 3 de junio de ese mismo año –por 420 euros–.
Los conceptos fueron por «Sueldo Simona» y «Pago Simona».
Fue un periodo en el que Simona Chambi trabajó sin contrato y, por lo tanto, en negro, para Victoria Rosell, según el letrado.
«En total, mi cliente, Simona Chambi, trabajó en negro para Victoria Rosell 8 meses. Desde enero de 2015 hasta noviembre de de ese mismo año. Durante ese tiempo, Rosell le pagó en negro –vuelvo a repetirlo–, mediante transferencia, los meses mencionados. No estuvo dada de alta en la Seguridad Social. Los cuatro meses restantes fueron abonados en mano, también negro, por Rosell», explica el abogado Federico Vicente.
SOSA SOLO PAGÓ UNA VEZ A LA EMPLEADA DEL HOGAR; LA «PAGADORA» ERA ROSELL
Según el informe de vida laboral, que también adjuntó el abogado en su denuncia ante la Inspección de Trabajo, la pareja de Rosell, Sosa, dio de alta en la Seguridad Social a Simona Chambi el 12 de noviembre de 2015.
Sin embargo, de acuerdo con el mencionado certificado de Caixabank, la ordenante, la persona que siempre hizo las transferencias a la cuenta de Simona Chambi –entre 2012 y 2020–, fue la propia Victoria Rosell.
Y ella era la que le daba las órdenes sobre lo que había que hacer en la casa.
Sólo en una ocasión, el 7 de julio de 2016, el pago procedió de una cuenta de Sosa, con el epígrafe «Nómina».
FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL
En la denuncia interpuesta por el abogado de Simona Chambi, se solicita que se levante acta de infracción de cuotas a la Seguridad Social por los periodos referidos y que «se inicie procedimiento por vulneración en la contratación y fraude legal a la Seguridad Social, así como contratación ilegal, con las sanciones inherentes a tales infracciones«, concluye la denuncia.
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