El TS confirma 1 año de cárcel a un guardia civil por manipular un justificante y hacer creer que iba a un examen
El agente no se encontraba de servicio cuando ocurrieron los hechos, estaba visitando a su familia durante unos días de descanso.

La AUGC pide 25 años de cárcel para tres individuos por el asesinato de un guardia civil en Don Benito (Extremadura)

Se trata del agente Juan Francisco Lozano Díaz, quien murió apuñalado tras intervenir en una pelea

8 / 03 / 2021 11:25

Actualizado el 08 / 03 / 2021 11:27

La Audiencia Provincial de Badajoz, en su sede de Mérida, juzga hoy a tres individuos acusados del asesinato del guardia civil Juan Francisco Lozano Díaz, quien murió apuñalado tras intervenir en una pelea en noviembre de 2018, en Don Benito (Extremadura).

El agente no se encontraba prestando servicio cuando ocurrieron los hechos.

Estaba destinado en el País Vasco, en la localidad guipuzcoana de Zarauz, y estaba en Don Benito, su localidad natal, visitando a su familia durante unos días de descanso.

Intervino atendiendo al «sentido del deber» en un altercado y recibió varias puñaladas pagando con su vida esta intervención», condena la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización a la que estaba afiliado la víctima, y que ejercita la acusación popular a través del abogado Segundo Berjano Murga.

Juan Francisco Lozano, de 50 años, tenía dos hijos, ambos menores de edad.

Su madre falleció poco tiempo después.

Serán juzgados cuatro individuos.

Tres de ellos, que son hermanos, están acusados de asesinato y un delito de atentado, y el otro sujeto, de atentado y encubrimiento.

Los tres hermanos responden a las iniciales de A. G. L, F. G. L y O. A. G. L. Tienen antecedentes policiales por lesiones.

El otro acusado, a las de G. A. G. y tiene antecedentes penales por lesiones.

Será juzgados por un jurado popular.

AUGC
La Junta Directiva Provincial de AUGC Badajoz, a las puertas del Palacio de Justicia.

La AUGC imputa a los tres hermanos un delito de asesinato en concurso con un delito de atentado y pide 25 años de cárcel para cada uno, así como la privación del derecho a residir en el lugar donde se ha cometido el hecho delictivo o acudir al mismo a donde residan los hijos y hermanas de la víctima durante 10 años.

Subsidiariamente, en caso de que se entienda que no es un delito de asesinato, sino que fueran condenados por homicidio, pide 22 años y seis meses de prisión.

G. A. G lo acusa de un delito de atentado por el que pide cuatro años y seis meses de cárcel y de un delito de encubrimiento por el que reclama otros tres años.

Además, la AUGC pide que los acusados indemnicen a cada uno de los hijos del difunto con 400.000 euros.

Según relata la Asociación Unificada de Guardias Civiles en su escrito de acusación, sobre las 0:30 horas del 1 de noviembre de 2018 los hermanos A. G. L., F. G. L. y O. A. G. L, y G. A. G. llegaron a un local de ocio nocturno.

Indica que sobre la 1.30 ó 1.45, ya en el interior de la discoteca, F. G. L. «comenzó una discusión con una de las camareras, implicándose a continuación el resto de acusados» en lo que terminó siendo «un incidente violento con golpes en la barra, lanzamiento de vasos, etcétera».

Señala que esa situación derivó a la intervención del equipo de seguridad de la discoteca que expulsó a los acusados del local.

Según expone el letrado Segundo Berjano, en el camino a la salida de la discoteca, los acusados se toparon con el agente Juan Francisco Lozano, quien «al ser consciente del comportamiento violento de los acusados, se identificó como agente de la Guardia Civil instándoles a que depusieran su actitud violenta».

Añade que lejos de ser así, los acusados increparon al agente con expresiones como “pues si eres guardia, me cago en tus muertos”, “me cago en los muertos de todos los civiles”.

También según el relato de la AUGC, «en función del comportamiento agresivo y de menosprecio a la condición de agente de la autoridad del guardia civil» Lozano, el propietario de la discoteca «le indicó que dejase actuar a los miembros de la seguridad del local que tenía contratados y que abandonase el local por su seguridad».

Juan Francisco Lozano salió de la discoteca andando en dirección a la Plaza de España, «en la confianza de que el equipo de seguridad estaba conteniendo a los acusados», relata la AUGC.

Indica que «sin embargo, estos cuatro individuos le siguieron, «insultándolo y amenazándolo con frases como “hijo de puta, te voy a matar”.

Según expone,  en un momento dado, en una acción coordinada, primero O. A. G. L. «le lanzó un vaso de cristal», a continuación, F. G. L. le propinó «un puñetazo en el tórax y otro en la mandíbula, aturdiéndolo, aprovechando el ataque de F. G. L, y restándose toda posibilidad de defensa», y finalmente, A. G. L., «con una navaja que portaba, le asestó tres puñaladas».

El abogado precisa que «las puñaladas fueron dirigidas intencionada y certeramente a zonas vitales del cuerpo con intención de matarlo: cabeza, cuello y abdomen».

Manifiesta que como consecuencia de este apuñalamiento, Juan Francisco Lozano, «herido de muerte cayó unos metros más adelante», donde fue atendido por las personas que estaban en el lugar y posteriormente por los servicios sanitarios, que nada pudieron hacer por salvar su vida.

La AUGC detalla que F. G. L. procedió a recoger y guardar el arma de su hermano A. y se dirigieron todos juntos donde tenían estacionado el vehículo.

Afirma que «huyeron del lugar de los hechos a tal velocidad que las personas presentes tuvieron que quitarse para no ser atropelladas».

Los hermanos F., A. y O. G. L. se escondieron en la vivienda donde residían, y una vez allí escondieron el vehículo en una nave. F. y O. se refugiaron en la edificación principal, mientras que A. en un remolque caravana aparcado en el terreno.

Allí fueron detenidos por la Policía a la mañana siguiente del mismo día, 1 de noviembre, a las 13.00 horas.

Por su parte, G. A. G. fue localizado y arrestado en su vivienda a las 8.40 horas de ese mismo día.

«Esperamos que se haga justicia y que los autores del asesinato de nuestro compañero cumplan íntegramente sus condenas», manifiesta a Confilegal Pedro Carmona, portavoz de la AUGC.

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