El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, firmó ayer dos acuerdos crucial con las Consejerías de Justicia de las 12 Comunidades con competencias transferidas –el Ministerio administra 5– cruciales para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
Uno desarrollara, durante el presente año el Programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia que serán financiadas con los 410 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).
Y el otro regulará la prestación de servicios en modalidad de tele trabajo en la Administración de Justicia.
La firma se produjo en el marco de la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada por videoconferencia.
“Justicia sigue siendo un territorio de consenso”, destacó Campo, quien recordó la reciente aprobación en la Comisión de Justicia en el Congreso, por amplia mayoría, de la ley del Registro Civil y de la Ley sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
El ministro valoró positivamente el esfuerzo colectivo, especialmente en momentos complicados, como el que se vive ahora fruto de la pandemia.
“La cogobernanza, junto a la dotación de los fondos europeos, ofrecen una oportunidad única para lograr la transformación de la Administración de Justicia y que sea un proyecto tractor en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, subrayó.
PRIMER ACUERDO EN JUSTICIA PARA EL REPARTO DE 410 MILLONES DE EUROS
Según el acuerdo suscrito, el Ministerio y las 12 Comunidades Autónomas compartirán los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU) destinados a las reformas estructurales a realizar en el servicio público justicia durante 2021.
Las inversiones de este primer ejercicio de ejecución se destinarán a infraestructuras digitales básicas, que den soporte al despliegue de los proyectos que se vayan acordando en cogobernanza.
El Programa completo permitirá a las Administraciones ejecutar de forma rigurosa y precisa los fondos de 410 millones asignados para los próximos tres años.
En este marco, durante 2021, además de la elaboración y tramitación de las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, que darán soporte a la nueva arquitectura legal del servicio público de Justicia, se implantará el Proyecto Cero de Justicia 2030.
El Proyecto Cero ha sido acordado entre las CCAA y el Ministerio para proteger la salud y asegurar la prestación del servicio público de Justicia durante la pandemia y contemplala puesta en marcha de las siguientes medidas: inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y la ciberseguridad.
REGULACIÓN DEL TELETRABAJO
En la reunión se aprobó también la resolución por la que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia.
La situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha exigido a la Administración de Justicia la prestación del servicio por parte de sus empleados públicos no solo de manera presencial, para asegurar su normal funcionamiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía con las debidas garantías técnicas, procesales y normativas.
Esta resolución tiene como objetivo la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.
JUSTICIA 2030 Y LA LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA
Uno de los principales ejemplos de esta cogobernanza es el plan Justicia 2030, “un proyecto global y de todos”, que, según Campo, permitirá generar estructuras que marcarán el Servicio Público de Justicia en el futuro inmediato.
En la reunión se hizo balance del camino que ya se ha recorrido y los proyectos previstos para los próximos cinco años dentro de este proyecto.¡
Según el ministro, si en la anterior Conferencia Sectorial el eje central fue la Ley de eficiencia procesal (en fase de integración de observaciones tras la audiencia pública), ahora, en la primera reunión de 2021, el protagonismo lo tiene el desarrollo de la Ley de eficiencia organizativa, con tres piezas clave: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial Digital y la Oficina de Justicia en el Municipio.
