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Autónomos y Comunidades Autónomas denuncian el irregular reparto de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno

Este viernes el BOE publicó la Orden Ministerial de Hacienda por la que se establece el reparto de ayudas a autónomos y empresas.
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El reparto de los fondos para ayudas directas genera una gran distorsión entre los autónomos de diferentes Comunidades Autónomas. “No es equitativo”, asegura Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Este viernes el BOE publicó la Orden Ministerial de Hacienda por la que se establece el reparto entre las comunidades autónomas (CCAA) y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los 7.000 millones de euros con que está dotada la línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas.

Esta línea de ayudas está prevista en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia.

El Gobierno ha indicado el plazo en el que prevé que los autónomos empiecen a cobrar las nuevas ayudas directas. Si bien las transferencias a las comunidades, que son las encargadas de repartir estas subvenciones, se harán a lo largo del mes de abril, las autonomías tendrán todavía que abrir las convocatorias, fijar los plazos de solicitud y pagar a cada beneficiario la cuantía que le corresponda, entre los 3.000 y los 200.000 euros fijados por ley.

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Como ya avanzó Confilegal serán los gobiernos regionales, con los fondos que les sean asignados, los que pagarán a sus negocios las ayudas directas y, además, podrán modular y añadir los criterios de concesión que consideren oportunos en función de los recursos de los que dispongan.

Es probable que la intermediación de las autonomías, como es lógico, retrase un tiempo más de lo que cabía esperar el proceso. No obstante, según apuntó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una reciente comparecencia pública puede que «ya estén cobrando durante el verano».

La previsión es que se efectúen las transferencias a cada ente territorial con cargo a dos créditos extraordinarios. Uno, por importe de 5.000 millones de euros, con destino a las comunidades autónomas –con la excepción de Baleares y Canarias– y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Y el segundo, dotado con 2.000 millones de euros, para los dos archipiélagos, que han sufrido un impacto económico superior por la pandemia, dada su especial dependencia del sector turístico.

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Hacienda explica también que la transferencia de las cantidades se realizará dentro de los diez días una vez que se establezca el convenio que se realice con cada uno de estos territorios. Aunque los entes territoriales también podrán solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad.

La línea Covid se configura como una dotación de carácter presupuestario, cuyo objeto es la canalización de ayudas directas a autónomos y empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

Esa misma norma contempla también una línea destinada a la reestructuración de deuda financiera dotada con 3.000 millones de euros. Y además un fondo de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 de 1.000 millones de euros.

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“Habrá autónomos de primera y de segunda, según hayas sido afortunado de tener tu actividad en una comunidad u otra. Unos tendrán más recursos que otros”, añadió Amor.

Y es que, aunque los autónomos van a poder acceder en las mismas condiciones y por igual, en las comunidades es posible que “con este reparto escaseen los recursos y en otras ‘sobren’”, resalta el presidente de ATA.

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«Se castiga a autónomos de unas comunidades frente a otras. Vemos un reparto en el que corresponden 9.400 euros por autónomo en Baleares, los 8.800 por autónomo en Canarias, 4.100 en Ceuta o los 1.130 por autónomo en Galicia”.

A su juicio, es “un poco incoherente el reparto cuando autónomos han sufrido las consecuencias por igual en toda España”, afirma.

Al mismo tiempo muchos negocios quedarán fuera por no pertenecer a una de las 95 actividades fijadas por el Gobierno para recibir la inyección económica, requisito que Economía ha elaborado tomando como referencia los sectores que están haciendo más uso de los ERTE.

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Los perjudicados se defienden y apuntan que hay muchos negocios de autónomos y micropymes que no tienen trabajadores a su cargo y, por tanto, tampoco figuran en los ERTE, y que llevan sin facturar o arrastran una facturación muy menguada desde hace ya un año.

La distribución publicada por el BOE deja a Canarias como la principal receptora de estas ayudas, con 1.144,3 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109,2 millones, y Cataluña, con 993,2 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% de estas ayudas, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en el quinto lugar de este reparto, pese al gran impacto de la crisis en la capital, y recibirá 679,28 millones, un 9,7% del total.

Una medida muy cuestionada en el Congreso

Hay que recordar que este pasado jueves el Pleno del Congreso de los Diputados mostró su apoyo, aunque con una elevada abstención, a la convalidación del Real Decreto por el que se crea un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas.

Los grupos se posicionaron en sus intervenciones, dando su apoyo PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canarias; con los votos en contra de VOX, JxCat y Foro Asturias; y las abstenciones del PP, Cs, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH bildu.

Y es que todos los grupos en general han mostrado su disconformidad con el decreto por considerar las ayudas «insuficientes», principalmente porque solo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de ‘souvenirs’.

La mayor parte de este paquete de ayudas, 7.000 millones de euros, serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.

En este apartado se incluye la concesión de entre 4.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.

Otros 3.000 millones de euros serán para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas, y los 1.000 millones de euros restantes irán para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.

Fondos de ICO para reestructurar deuda

Además, las ayudas directas no son las únicas medidas de las que pueden disponer los autónomos en estos meses.

Para ayudar a los negocios a hacer frente al pago de sus créditos y que la devolución de estos préstamos no ponga en riesgo la viabilidad de su negocio, el Real Decreto aprobado por el Gobierno también reserva un fondo de 3.000 millones dirigido exclusivamente «para que el ICO -Instituto de Crédito Oficial- pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera con aval público», según avanzó la vicepresidenta y ministra de asuntos económicos, Nadia Calviño, tras la aprobación del paquete de 11.000 millones.

Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.

Al parecer, la idea del Gobierno es que, sobre la base del análisis del cliente que ya están haciendo las entidades financieras, se puedan acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Por último, se podría «permitir la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia», según comunicaron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Al parecer, será la entidad financiera la que decida si el cliente está en una situación en la que necesite alguna de estas tres medidas, y cuál sería la apropiada, según los resultados de su análisis de riesgo.

En este cuadro, ATA indica cómo se han organizado las ayudas en las diferentes Comunidades Autónomas.

Fuente: ATA.

Hay que recordar que el Real Decreto 5/2021 marca que los autónomos en módulos percibirán un máximo de 3.000 euros y el resto entre 4.000 y 200.000 euros.

“Si el 50% de los autónomos en Galicia o en Castilla y León acceden a la ayuda no habrá dinero suficiente, pero si lo hacen el 100% de los autónomos en Baleares, aún queda dinero”, subraya el presidente de ATA.