Los magistrados del Tribunal Supremo, Lourdes Arastey y Dimitry Berberoff, se sometieron, el pasado viernes, a las entrevistas preceptivas que, en estos momentos se están llevando a cabo en el Ministerio de Justicia para seleccionar a la persona que sustituirá a la juez por España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que Rosario Silva Lapuerta –actual vicepresidenta de ese organismo– termine su mandato, el 1 de octubre próximo.
Arastey está destinada en la Sala de lo Social desde 2009, cuando fue elegida magistrada del Supremo, y Berberoff en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a donde llegó en 2018.
En total se han presentado entre 13 y 14 candidatos, un número que no ha sido aclarado porque el proceso se está llevando casi en completo secreto, con ausencia completa de transparencia.
El Ministerio de Justicia solo ha facilitado la Orden PCM/121/2021 y el Real Decreto 972/2020, que regula el procedimiento.
Pero no los nombres de todos los candidatos, a pesar de que Confilegal los ha solicitado oficialmente.
El pasado viernes fueron «examinados» ocho candidatos en español y en francés, el idioma de trabajo del TJUE.
El «tribunal examinador» –Comité de Selección, en términos oficiales– está formado por Juan González-Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea; Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia; Antonio J. Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Pedro Cruz Villalón, expresidente del Tribunal Constitucional; e Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Los «examinados» del pasado viernes fueron, además de Arastey –quien forma parte del Tribunal Administrativo de la OTAN– y Berberoff, Sonsoles Centeno, abogada del Estado ante el TJUE; Alejandro Sáiz Arnaiz, catedrático de Derecho Constitucional en la Univesitat Pompeu Fabra (UPF), de Barcelona, y director de su Departamento de Derecho; Fernando Castillo de la Torre, asesor jurídico principal de la Unión Europea; Santiago Soldevilla, magistrado de la Audiencia Nacional y exjuez del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) –la primera instancia del TJUE–; Juan Ignacio Signes, letrado del TJUE; e Ignacio Ulloa, magistrado, jefe de Gabinete del presidente del Tribunal Constitucional y exjuez del TGUE.
Según ha podido saber Confilegal, otro de los aspirantes es Javier Diez-Hochleitner, catedrático de Derecho Internacional Público. Mañana lunes se completarán todas las entrevistas.
Este «tribunal examinador» será quien escoja a la persona que el Consejo de Ministros elija como candidata por España. El Gobierno enviará la propuesta a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.
EL «EXAMEN» DEL COMITÉ 255
Sin embargo, eso no la convertirá en juez del TJUE. Todavía tiene que pasar el «examen final», el más duro de todos, donde la persona escogida tiene que demostrar que conoce la jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo.
El nombre de Comité 255 hace referencia al artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Está compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del TJUE y del TGUE, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores, juristas de reconocida competencia y parlamentarios.
Sus miembros, actualmente son Christiaan Timmermans, holandés, exjuez del TJUE, quien ostenta la Presidencia; Frank Clarke, jefe de la Justicia de Irlanda; Maria Eugénia Martins de Nazarenos Ribeiro, abogada portuguesa en Lisboa y Bruselas; Andreas Vosskuhle, expresidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania; Mirosław Wyrzykowki, exjuez del Tribunal Constitucional de Polonia; Simon Busuttil, europarlamentario maltés; y Carlos Lesmes Serrano, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de España.
En este examen –una auténtica oposición multilingüe– se validará, o no, al candidato llamado a sustituir a Rosario Silva Lapuerta.
Si la persona escogida no lo pasara, el Gobierno estaría obligado a iniciar otra vez el procedimiento y plantear otra candidatura, lo que sería considerado un revés para España.
