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Pilar Llop, candidata por el PSOE-M: «Madrid no tiene modelo de justicia, esa es la asignatura pendiente»

Pilar Llop, presidenta del SenadoLa candidata del PSOE-M a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la magistrada en servicios especiales y presidenta del Senado, Pilar Llop, explica en esta entrevista que el mal principal de la Justicia en la Comunidad de Madrid es que no tiene un modelo definido.
| | Actualizado: 30/04/2021 10:38

Es la número 3 en la lista de candidatos del PSOE-M en las elecciones a la Comunidad de Madrid previstas para el próximo 4 de mayo. Pero Pilar Llop también es magistrada –en servicios especiales, un estado similar al de la excedencia pero con la salvedad de que cuando deje la política regresaría, en Madrid, al lugar que le correspondería estar si no lo hubiera hecho– y presidenta del Senado, la Cámara Alta.

Antes de convertirse en la cuarta autoridad de la nación, Llop fue diputada por la Asamblea de Madrid, donde se batió el cobre precisamente en esta arena, la de la Justicia. Conoce bien el percal.

Su percal.

Por su formación profesional, Llop es una mujer de Estado. Lo era antes de llegar al Senado y ahora también, solo que mucho más acentuado.

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A pesar de todo, no rehuye la contienda política y se siente en su salsa en el «fuego cruzado» de los debates. Una pena que la consigna desde los altos mandos de los partidos de izquierda haya sido la de que no había que ir a ellos.

De haberse producido el que tenía previsto el Colegio de Abogados de Madrid –y no la entrevista de 15 minutos a los 6 candidatos en un «no debate»– se hubieran clarificado mucho las cosas. En especial en la confrontación entre Llop y el consejero en funciones de Interior, Justicia y Víctimas, su compañero de carrera, Enrique López. 

Dos «Mihuras» frente a frente con la materia de la justicia madrileña como arena de combate.

Llop tiene palabras duras para la gestión en justicia del Gobierno autonómico del PP en Madrid: «Ha fracasado en la implantación de un modelo de gestión de la Justicia. Su forma de gobierno ha consistido en confrontar con el Gobierno central para hacer una cosa que es muy vieja: Generar un problema por la mañana para, por la tarde, decir que han encontrado una solución».

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«Madrid no tiene modelo de justicia, esa es la asignatura pendiente», añade.

¿Quiere usted decir que el gobierno regional del PP en Madrid ha ido de por libre en materia de justicia?

España es un país compuesto, con un modelo territorial descentralizado formado por 17 Comunidades Autónomas. En justicia, 12 de esas Comunidades Autónomas, tienen las competencias transferidas.

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Madrid es una de ellas.

Estamos a 2021. Desde 2018 venimos funcionando con unos presupuestos prorrogados, que fueron diseñados en 2017. Nosotros nos hemos comprometido a aprobar unos presupuestos en los primeros cien días de gobierno. A partir de ahí diseñaremos un modelo de justicia moderno y transformador, con una alta eficiencia organizativa.

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¿Serán necesarios más funcionarios?

No lo sabemos. En función del modelo que diseñemos sabremos qué recursos humanos necesitamos, con qué infraestructuras tenemos que contar. Vamos a facilitarle la vida a la ciudadanía y a los trabajadores de la justicia, para que puedan conciliar con responsabilidad.

Vamos a evitar los colapsos de los juzgados con los planes de agilización de los procedimientos concursares como, por ejemplo, las reclamaciones de trafico aéreo, que ahora están siendo muy numerosas.

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Y vamos a hablar de resolución alternativa de conflictos de mediación digital, que es un proyecto que se debe fomentar y que será sufragada con dinero público, porque entra dentro del servicio público y universal que es la Administración de Justicia.

En esto supongo que usted cuenta con la transformación tecnológica de la Justicia en camino, ¿no?

Las infraestructuras digitales son esenciales. Tenemos que abordar el proceso de digitalización de la Justicia a fondo, aprovechando los 410 millones de euros del fondo de residencia, transformación y recuperación del que se han establecido ya los criterios de reparto.

Hay que avanzar en el proceso de modernización tecnológica, en un sistema sencillo de gestión procesal que sea compatible con el resto de Comunidades Autónomas.

Actualmente hay 9 sistemas de gestión procesal en España y no son compatibles entre sí. 

Desde el Ministerio se está trabajando en ello. Pero para conseguir esa compatibilidad es necesario pasar por el diálogo entre el Ministerio de Justicia, las consejerías de justicia de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el Consejo General del Poder Judicial.

Esto es inevitable. Porque somos un estado compuesto.

El diálogo y su consecuencia directa: la cooperación. En dos sentidos, en la cogobernanza y en la colegislación.

La primera se produce a nivel de Gobierno central, con los gobiernos territoriales, por medio de los mecanismos de dialogo interterritorial que son las conferencias sectoriales del Ministerio de Justicia, los consejos interterritoriales y las conferencias de Presidencias.

La segunda tiene que ver con el Senado, que es la Cámara territorial, donde las Autonomías tienen una voz por medio de sus senadores. a través del Senado, de los senadores, los parlamentos autonómicos participan en la elaboración de los leyes y se dimensionan, a nivel nacional, los intereses, las singularidades y las necesidades de los territorios.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lleva muy a gala el nivel de entendimiento conseguido con las Comunidades Autónomas, la cogobernanza y la colegislación. Una prueba de ello fue la aprobación de la reforma de la Ley de Registros Civiles…

Por eso es importante que Madrid tenga un modelo de justicia, que no lo tiene. Un modelo transformador, que lleve la modernización real y la eficiencia organizativa a la justicia. Una Comunidad Autónoma no puede ir de por libre. A la madrileña. Como si fuera una receta de cocina.

Tiene que  hacerlo dentro de un país donde la condición social se vértebra a través de la cohesión territorial.

Las Comunidades Autónomas tienen, ahora, una  oportunidad con este Ministerio, que ha asumido un liderazgo compartido en este proceso transformador y de eficiencia organizativa, basado en la lealtad constitucional.

Los tres anteproyectos en proceso de materialización, el Anteproyecto de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, suponen una oportunidad histórica para España. Para modernizar la Justicia.

Como políticos, tenemos la obligación de garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan el mismo derecho de acceso a la Justicia no importa dónde se encuentren en nuestro país. Ese debe ser nuestro norte, nuestro objetivo: la cohesión territorial.

¿Está usted de acuerdo con el proyecto de la Ciudad de la Justicia?

Este gobierno autonómico concreto lleva gestionando al justicia desde hace dos años y no ha hecho nada. ¿Dónde está el informe de viabilidad de la Ciudad de la Justicia?

No se han gestionado bien las sedes judiciales. La Comunidad de Madrid –y un gobierno del mismo partido– vendió por 72 millones de euros en pública subasta, la sede de la calle Hernani y otro edificio que era también propiedad de la Consejería de Justicia.

Luego tuvo que reubicar estos juzgados de lo Social en la Plaza de los Cubos. Actualmente, se pagan más de 5 millones de euros anuales por ese alquiler. Ya nos hemos gastado mucho más de los 72 millones de euros en pagos de alquiler a una inmobiliaria.

La realidad es que han ido descapitalizando el patrimonio judicial inmobiliario que antes poseíamos. En claro perjuicio a las infraestructuras de la Administración de Justicia de Madrid.

Y esto es muy importante, vital. Porque las infraestructuras judiciales son un elemento clave de la protección de los derechos fundamentales de las personas.

¿Por qué?

Porque es muy importante que cuando una víctima accede a un órgano judicial no tenga que confrontar visualmente con su agresor, que los detenidos suban por un lado y las víctimas por otro. Las infraestructuras contribuyen a la defensa de los derechos fundamentales.

Es necesario recordar que después de estas elecciones quedan 750 días hasta las próximas elecciones. 750 días en los que va a ser imposible abordar estos grandes proyectos de implantación de sistemas digitales.

Sinceramente, no creo que lo vayan a hacer en dos años cuando no lo han hecho en veinticinco de años.

¿Qué proponen ustedes en concreto?

Implicarnos a fondo en el proyecto de eficiencia organizativa que está implementando el Ministerio de Justicia. Hacer que se sienta el liderazgo de la capitalidad que tiene Madrid. Potenciar esos mecanismos de diálogo interterritorial e interinstitucional entre Ministerio, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas.

No tenemos que olvidar que de ese proyecto de eficiencia organizativa se deriva la implantación de la Oficina Judicial, los tribunales de instancia, las oficinas judiciales municipales, para que la ciudadanía pueda hacer determinadas gestiones, a nivel administrativo, que no es necesario que lleven los juzgados, o descargar a los tribunales de instancia, como por ejemplo con citaciones para juicios.

Nosotros en esos 750 días que van a haber hasta las siguientes elecciones autonómicas vamos a sentar las bases para abordar en el siguiente periodo legislativo la construcción física de la ciudad de la justicia.

¿En Valdebebas?

Nosotros creemos que puede ser en Valdebebas. Hay que ver el informe de viabilidad. De hecho, la Comunidad Autónoma de Madrid estaba esperando que se hiciera un informe de viabilidad. Lo que indica que ellos tampoco están seguros de que tenga que ser allí.

De la construcción en Valdebebas se deriva una cosa muy importante, que también depende de este modelo de eficiencia organizativa, que es la creación de una red de centros de teletrabajo para los funcionarios para que aquellos que tengan que hacer grandes desplazamientos o que tengan que teletrabajar.

El Ministerio ha hecho un acuerdo con CCOO en ese sentido. Nosotros queremos ampliar ese acuerdo con el resto de los sindicatos. Creemos que tenemos ir a esa red de teletrabajo para que los trabajadores no tengan que hacer grandes desplazamientos. Si desean teletrabajar que lo hagan desde sus casas.

Y sobre los baremos de justicia gratuita, ¿cuáles son sus ideas?

Que hay que aumentar el presupuesto en esta materia. Lo han hecho las Comunidades Autónomas de Valencia, Andalucía o Asturias, por poner tres ejemplos.

Madrid, que es la capital de España y que tiene el efecto de capitalidad, donde hay una alta tasa de litigiosidad, donde se ven las causas más complejas, resulta que no ha habido un modelo de gestión para hacerlo. Ni de vocación.

Si los ciudadanos nos dan su confianza el 4 de mayo próximo, todo esto va a cambiar.