La actual presidenta de la UPF, Teresa Peramato, es una de las propuestas a fiscal de Sala del Supremo, la primera categoría de la carrera. Foto: Onda Cero.
La UPF, asociación de la fiscal general del Estado, gran beneficiada en las últimas propuestas de nombramientos
Fuerte división en el Consejo Fiscal sobre las propuestas de nombramientos que favorecen a la UPF
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04/5/2021 23:14
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Actualizado: 05/5/2021 09:54
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Tres de los cinco puestos de Fiscales de Sala propuestos, la primera categoría de la carrera, han correspondido a fiscales que son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), como María Antonia Sainz Gaite, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la la Fiscalía General del Estado quien se convertirá en la futura fiscal de Sala jefe de la Inspección Fiscal, o Teresa Peramato, fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, que será fiscal de Sala Coordinadora de Violencia sobre la Mujer.
Peramato es, actualmente, la presidenta de la UPF.
Y también a personas muy relevantes que fueron afiliadas a la UPF, como Pedro Crespo Barquero, quien dejó la asociación en junio de 2019, a quien el Gobierno nombrará nuevo fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
Crespo Barquero, cuyo nombre sonó con fuerza en 2018, cuando el PSOE asumió el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, es actualmente fiscal de Sala Jefe del lo Contencioso-Administrativo.
NOMBRA EL GOBIERNO
Ni la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ni el Consejo Fiscal, tienen capacidad para hacer nombramientos discrecionales de la misma forma que el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo Fiscal, presidido por Delgado y formado por 9 miembros electos –5 de la Asociación de Fiscales (AF) y 4 de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– y dos natos –el teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo, Juan Ignacio Campos, y el fiscal inspector de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena–, tiene el derecho a ser oído sobre tales nombramientos.
Y a votarlos; la votación, sin embargo, no es vinculante. Pero es la fiscal general del Estado, que también forma parte de este consejo consultivo, la que tiene la última palabra de proponerlos al Gobierno, al Consejo de Ministros. Que es el que tiene la potestad para materializarlos, según el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En la reunión del Consejo Fiscal celebrada hoy, los tres nombramientos se saldaron con el mismo resultado: 6 votos –los 4 de la UPF, y los 2 del teniente fiscal del Supremo y del jefe de la Inspección– a favor y los 5 en contra de la AF.
Un resultado idéntico obtuvo Emilio Fernández García, predecesor de Peramato en la Presidencia de la UPF, al ser seleccionado como futuro fiscal superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Fernández fue uno de los grandes valedores y defensores de Delgado cuando era ministra de Justicia.
Almudena Lastra de Inés, también de la UPF, por el contrario, obtuvo la unanimidad de todos los miembros del Consejo Fiscal al haber sido la única candidata a la vacante de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.
Previamente, su antecesor, Jesús Caballero Klink, había sido propuesto como nuevo fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional después de cumplir solo un mandato a su frente, dejando vacante el puesto.
Sainz Gaite, Peramato, Crespo y Fernández tuvieron como rivales a José Hidalgo, destinado en la Inspección; a Jesús Tirado, actual teniente fiscal del Tribunal Constitucional; a Angelina Garrido, fiscal delegada de violencia de género; y a Francisco Ramón Sánchez Melgarejo, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, y portavoz provincial de la AF y fiscal superior en funciones desde la marcha de José Martínez Jiménez al Tribunal Supremo.
Por otra parte, Fidel Ángel Cadena Serrano, uno de los cuatro fiscales del caso «procés», fue renovado como fiscal de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo por 10 votos y 1 abstención, la de Inés Herreros Fernández, de UPF, al igual que Miguel Ángel Torres Morano, como fiscal de Sala de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, quien obtuvo el respaldo unánime.
Los dos son no asociados. Como Antonio Romeral Moraleda, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha sido propuesto como teniente fiscal, número dos del fiscal jefe Alejandro Luzón, el cual consiguió 5 votos (tres de la UPF y los de los dos miembros natos), igualando a los conseguidos por Carlos Alba, a quien apoyaba la AF. El cuarto voto de la UPF fue a un tercer candidato.
Por otra parte, por lo que se refiere a la Fiscalía Antidroga, María Jesús Armesto Rodríguez, en comisión de servicios en dicho destino, consiguió el apoyo de los 4 de la UPF y los dos votos del teniente fiscal y del jefe de Inspección, superando así los cinco votos obtenidos por Luis Uriarte de la AF.
SEIS FISCALES SUPERIORES
Además de Emilio Fernández para Castilla-La Mancha, María Asunción Losada, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Aragón, obtuvo una mayoría de 6 votos (UPF más los dos miembros natos) frente a los 5 de Felipe Zazurca, fiscal jefe provincial de Zaragoza.
María Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, se presentaba a su segundo mandato. Y consiguió ser propuesta con el apoyo de los cinco votos de la AF y los dos votos natos.
Lo mismo que Fernando Suanzes Pérez, fiscal superior saliente de Galicia, a quienes apoyaron igualmente la AF y los dos miembros natos. Una sorpresa porque la favorita era Pilar Fernández, de la UPF, cuyo nombre suena para vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El candidato elegido para la Fiscalía Superior de la Comunidad de Extremadura ha sido Javier Montero Juanes, teniente fiscal de este órgano desde 2007, a quién respaldaron los 5 de la AF, Aurelio Blanco Peñalver, de la UPF, y los dos miembros natos.
Por lo que respeta a los puestos de tenientes fiscales de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Islas Canarias, La Rioja y Comunidad Valenciana, los elegidos –por unanimidad– han sido José Rogelio Muñoz Oda, Demetrio Pintado Marrero, y Santiago Herráiz España, respectivamente.
José Fernández Mérida y María Díaz Berbel han sido propuestos para la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Burgos y de Castellón.
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