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La AF: ‘Delgado asciende a la cúpula de la Carrera a fiscales de la UPF, asegurándose así una Junta de Fiscales de Sala proclive a sus planteamientos’
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, recuerda que la Junta de Fiscales de Sala asesora a la fiscal general en materia doctrinal, y también en los asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno, del que Delgado formó parte; en la imagen, los vocales electivos de la AF en el Consejo Fiscal junto a la ejecutiva de la asociación.

La AF: ‘Delgado asciende a la cúpula de la Carrera a fiscales de la UPF, asegurándose así una Junta de Fiscales de Sala proclive a sus planteamientos’

Los vocales de la AF afirman que con ello, la fiscal general culmina una "estrategia para procurarse una Junta de Fiscales de Sala que no le depare sobresaltos"
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07/5/2021 11:10
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Actualizado: 07/5/2021 16:55
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“La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, asciende a la cúspide de la Carrera a fiscales de la UPF, asegurándose así una Junta de Fiscales de Sala cada vez más en su sintonía”. Así lo han señalado hoy los vocales electivos del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera.

«Persigue con ello una Junta proclive a sus planteamientos”, sentencia a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.

Los cinco vocales de la AF -Concepción Talón Navarro, Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros, Juan Francisco Ríos Pintado, María Rosario Lacasa Escusol, María Rosa Rubio Ramos- han difundido un comunicado sobre los 20 nombramientos discrecionales propuestos por la fiscal general en Consejo Fiscal del pasado martes.

Destacan que de las catorce propuestas de nombramiento realizadas por Delgado, «siete son propuestas de ascenso a la primera categoría» -Fiscales de Sala- y que las siete se han hecho «en favor de siete fiscales miembros» de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que perteneció Dolores Delgado hasta su nombramiento como ministra de Justicia.

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Los cinco vocales de la AF, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Juan Ríos, Concepion Talón, Juan Andrés Bermejo, Rosa Rubio y Rosario Lacasa.

La presidenta de la AF pone el foco en que «la Junta de Fiscales de Sala asesora a la fiscal general del Estado, tanto en materia doctrinal como técnica, pero también en aquellos asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del Gobierno», y subraya que «de ahí que sea relevante la composición de sus miembros si el fiscal general del Estado quiere tener una Junta proclive a sus planteamientos, en lugar de una Junta de Sala que reúna a los mejores de la Carrera conforme a criterios de mérito y capacidad”.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los vocales aseguran que «acaba así la fiscal general con una estrategia», en cuanto a la cadencia de las convocatorias y las plazas concretas ofertadas, «para procurarse una Junta de Fiscales de Sala que no le depare sobresaltos».

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Los vocales consideran que se está produciendo «una hipertrofia en la primera categoría», porque «se están nombrando Fiscales de Sala por encima de la plantilla”.

Subrayan que ha conformado la Junta de Fiscales de Sala con «fiscales de su adscripción asociativa -que no parece dejar atrás, a pesar de su posición institucional», pero que para la cobertura de otras plazas de menor relevancia, en esta ocasión «ha limitado los excesos de sus plenos anteriores en las propuestas anunciadas», evitando con ello el «riesgo de interposición de otros recursos» por parte de la AF ante el Tribunal Supremo.

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Los vocales de la AF denuncian una «continua falta de transparencia”. Ponen como ejemplo que al término del Consejo Fiscal en el que se trató el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, «el gabinete de prensa de la fiscal general publicó de inmediato que el Consejo Fiscal había emitido un informe favorable, sin matizar que ese informe era solo de la mayoría del Consejo Fiscal y que cinco de sus doce integrantes habían anunciado la presentación de un voto discrepante con la petición de devolución del texto al Gobierno».

Añaden que también es ejemplo de la «falta de transparencia» que denuncian, una afirmación de la fiscal general al término del pleno, que hizo pública en su nota de prensa, sobre el avance que supone para la Carrera Fiscal en la equiparación de categorías con la Carrera Judicial en cuanto a la ratio actual de fiscales de Sala y magistrados del Tribunal Supremo el hecho de las promociones a la primera categoría de fiscales de segunda.

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Señalan que «si lo que realmente pretende la fiscal general es fomentar “el horizonte de la promoción profesional de los/las fiscales y sus posibilidades de movilidad al incrementarse las vacantes de segunda categoría”, como afirmó textualmente en la nota de prensa, «lo que debe hacer precisamente es afrontar una reforma integral de la Institución y realizar un estudio integral de la situación de las plantillas, de las cargas de trabajo, de las equiparaciones de categorías con la Carrera Judicial, incluidas la de los fiscales del Tribunal Supremo».

«Resulta evidente que, en el cálculo de necesidades y prioridades, la fiscal general ha decidido empezar por lo que le afecta a ella directamente: La composición de la Junta de Fiscales de Sala», manifiestan los vocales de la AF.

«Y es que nada, nada de lo que sucede pasa por casualidad», sentencian.

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La presidenta de la AF reclama a la fiscal general del Estado que en lugar de ascender a fiscales de segunda categoría a primera, con el «sobrecoste» que ello supone, «dedique sus esfuerzos a reclamar al Ministerio de Justicia la ampliación de la plantilla con plazas de segunda categoría, y la reconversión de plazas de tercera a segunda».

También ve necesario «un estudio de la carrera profesional, y mejoras de los sistemas de guardia, un nuevo modelo de productividad, la adopción de criterios de selección de fiscales sustitutos o la previsión de traspaso entre la Carrera Fiscal y Judicial y sus requisitos para ello».

También es necesaria, según la AF, «una reforma íntegra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ampare la figura del fiscal frente a presiones e injerencias políticas y que vele por la idoneidad de la figura del fiscal general separándolo por completo del Poder Ejecutivo».

Asimismo, afirma que es «esencial» un reglamento en consonancia con el nuevo Estatuto Fiscal que reclama.

SU ANÁLISIS SOBRE LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO DE ALTOS CARGOS

Los vocales de la AF también han realizado un informe pormenorizado sobre estas 20 propuestas de nombramientos dicrecionales que la fiscal general ha remitido al Consejo de Ministros.

Señalan que de las 14 propuestas en la cúpula del Ministerio Fiscal,»ocho han sido en favor de fiscales asociados a la UPF», y que en siete casos han ascendido, además, a la primera categoría.

Apuntan que también han sido renovados dos de fiscales adscritos a la AF, Fidel Cadena, fiscal Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo, y Miguel Ángel Torres, jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que concurrían en candidatura única a su primera renovación «sin tacha alguna en el ejercicio de su función».

«Aunque las otras cuatros restantes propuestas lo han sido en favor de fiscales no asociados, debemos advertir que quien fue propuesta para asumir la Jefatura de la Inspección Fiscal hacía saber en la presentación de su candidatura su baja en la UPF y que quien será nombrado fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional ha sido un miembro destacado de la misma asociación hasta fechas relativamente recientes», relatan.

También indican que «la fiscal general no siempre ha seguido el criterio mayoritario del Consejo Fiscal». En este sentido, señalan que en dos ocasiones, las propuestas las ha realizado con igualdad de votos entre dos peticionarios y que en otras dos «han sido en minoría de votos», como ocurrió en la plaza de fiscal de Sala Jefe de lo Civil del Tribunal Supremo y en la de fiscal de Sala Jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Alto Tribunal. «En este último caso, además, el finalmente nombrado fue igualmente promovido a la primera categoría aun sin el parecer mayoritario del Consejo Fiscal«, destacan.

Respecto a lo ocurrido en el último pleno del Consejo Fiscal, sostienen que «nada ocurre por casualidad». Para los vocales de la AF, «es así como se explica» que Delgado proponga para conformar la Junta de Fiscales de Sala a fiscales de su misma adscripción asociativa, y que haya «limitado los excesos» de los plenos anteriores «conjurando con ello el riesgo de interposición de otros recursos ante la Sala que ha de resolver el que ya pende sobre su falta de idoneidad e imparcialidad» y en la que también hay ya un recurso interpuesto por la AF sobre el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban como Jefe de la Unidad Coordinadora de Menores de la Fiscalía del Supremo.

«Y es así también como -en el ejercicio de sus funciones, ciertamente- no dudó en alterar el orden para el informe de las distintas propuestas por los vocales, de suerte que la plaza de fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional fuera informada con antelación a la de fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Madrid», añaden.

Afirman que de este modo, «al evitar seguir la pauta marcada» según lo publicado en el BOE y lo previsto en el orden del día, Delgado «se aseguró que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid quedara con una sola candidata (adscrita, además, a la UPF)», al haber anunciado previamente que propondría para la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional «a Jesús Caballero Klink (no asociado), el actual fiscal Superior de Madrid, que había solicitado su renovación en tal plaza y que iba a contar con el apoyo de los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales en atención a su trayectoria profesional y a la gran labor realizada en el que ha sido su primer mandato».

«En esta misma línea, en la que -como decimos- nada ocurre por casualidad, la fiscal general se sintió en la obligación al concluir el pleno de informar a los vocales sobre los porcentajes de adscritos a alguna asociación profesional o no adscritos en las propuestas que había realizado al Gobierno, lo cual nos produjo sorpresa y a la vez una preocupación importante», exponen.

«Sorpresa porque no deja de llamarnos la atención que la ocupación de la fiscal general sea la de hacer un reparto de cuotas en función de las adscripciones o no asociativas, en lugar de justificar sus propuestas en la atención tan solo a los principios de mérito y capacidad, con independencia de la procedencia (o no) asociativa del candidato»; y «preocupación importante» porque «nos parece insólito que la Fiscalía General pueda manejar – como parece que hace- relaciones o listados nominales sobre la pertenencia a una u otra asociación o a ninguna», explican.

Apuntan que el de las adscripciones asociativas es «un dato que ninguna Institución debiera tener (por carecer de cobertura legal para ello o de autorización por los interesados)». Les resulta «ciertamente inquietante que efectivamente se tenga y las consecuencias que ello pueda deparar al fiscal en el ejercicio de su legítimo derecho a la asociación».

«La Carrera debe regirse por los criterios de mérito y capacidad», concluye Dexeus.

EL INFORME DE LOS VOCALES DE LA AF PARA DESCARGAR

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