Interinos de toda España se manifestaran en Madrid el próximo 22 de mayo.
Los interinos intensifican su presión sobre el ministro Iceta y los gobiernos autonómicos buscando su fijeza
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10/5/2021 06:48
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Actualizado: 10/5/2021 15:27
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La problemática de los más de 800.000 empleados interinos en nuestro país sigue en el aire. En junio el ministro de Función Pública y Territorial, Miquel Iceta, debería presentar su plan de choque para frenar la temporalidad y medidas, aun sin concretar, para estabilizar al personal en fraude de ley.
Ayer domingo, Día de Europa, la Plataforma MI15F de empleados temporales públicos, convocó a nivel estatal una caravana de vehículos reivindicando una solución a esta situación. Otras entidades afectadas se sumaron a esta iniciativa, que viene desarrollándose desde enero del 2021, el segundo domingo de cada mes.
Es el preámbulo a la manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo 22 de mayo, ya autorizada por la Delegación del Gobierno a la que acudirán empleados interinos de toda España.
En este Día de Europa, ante las declaraciones europeas de ministras como Nadia Calviño, vicepresidenta económica o Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, el colectivo desde sus asociaciones autonómicas adheridas volvieron a recordar el incumplimiento de nuestro país de la Directiva 1999/70 y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre estos profesionales en fraude de ley.
La Coordinadora, a través de su presidenta Cristina Grúas, también cabeza visible del colectivo de interinos de Cataluña, ha enviado un escrito con amplia documentación al secretario de Estado de Función Pública, Víctor Francos, para reunirse con él y buscar una solución.
En ese escrito, al que Confilegal ha tenido acceso, se indica que “la urgencia es todavía mayor vista la postura del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de paralizar el acuerdo alcanzado en la comunidad autónoma de Canarias dirigido a proteger al personal público temporal en abuso de temporalidad y de prorrogar los mal llamados procesos de consolidación y de estabilización que conllevan el cese del personal de más antigüedad y edad”.
Para este colectivo “la fijeza en igualdad de condiciones y derechos es la única propuesta acorde al Derecho de la Unión que protege debida y suficientemente al personal público en abuso de temporalidad, tal como establece la Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018″.
A juicio de estos profesionales “la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida previene y sanciona de manera efectiva el abuso y debe ser clara e incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros”.
Asimismo, el Parlamento Europeo condena el despido de los trabajadores víctimas de un uso abusivo de contratos de duración determinada, en infracción de la Directiva 1999/70/CE.
En dicha carta se insiste en que, desde el año 2001, el Estado español incumple el Derecho de la Unión en materia de temporalidad.
También se recuerda que ninguna de las medidas analizadas por el TJUE (figura del indefinido no fijo, procesos selectivos de consolidación y estabilización, ni indemnización por despido improcedente del Estatuto de los Trabajadores son medidas que cumplan los criterios de Derecho de la Unión (sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020) como sanción al abuso.
Otra cuestión que se señala es que en caso de no obtenerse la fijeza, deberá compensarse económicamente el abuso sufrido en términos del derecho de la unión y, dados los índices de temporalidad, las cuantías económicas se convertirán, sin duda, en inasumibles.
UN PLAN SIN MEDIDAS CONCRETAS
Tal y como adelantaba este diario, el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas por el Gobierno español no contempla ninguna medida para estabilizar a estos profesionales en fraude de ley.
Esto ha hecho que la estrategia del colectivo se haya intensificado en cada una de las Comunidades Autónomas.
La situación se encrespa de un colectivo que podría incluso llegar a paralizar la administración por su peso específico.
Las protestas y manifestaciones surgen en muchos puntos de España. En Canarias hay 42.500 interinos en fraude de ley, de ellos 3.000 en la Administración General de la Comunidad Autónoma, en huelga desde el mes de enero con paros parciales, pendientes de un acuerdo aun sin cerrar para lograr su fijeza.
Por su parte en Navarra, la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra (ATPTN) convoco una serie de huelgas los pasados 22, 27, 28 y 29 de abril y está fijada otra para el 14 de mayo en los centros de enseñanza pública y los servicios administrativos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
Ahora la reunión con el delegado del Gobierno en esta Comunidad Autónoma, el próximo día 12 de mayo, será clave en estas negociaciones para un personal que supone cerca de 12.000 profesionales en el ámbito educativo.
Desde este Comité de Huelga denuncian la pasividad del Gobierno navarro en este asunto.
En Sevilla, se da por descontado el inicio de las movilizaciones y paros en el Ayuntamiento de la ciudad.
El próximo 13 de mayo se establecerá el calendario de paros. Desde aquí se nos insiste que pese a la buena disposición inicial del alcalde Juan Espadas, no se ha avanzado nada y el consistorio ha rechazado la propuesta presentada por los asesores de este colectivo, el Bufete Arauz & Belda, experto en estos temas.
Los paros se van a intensificar en los próximos días en muchas Comunidades Autonomas, asi como el estudio de posibles querellas contra algunos estamentos de dichas autonomías.
En este escenario el trabajo de Andrés Maluenda, abogado penalista, ahora vinculado a la Coordinadora Estatal de Personal Interino, ya ha interpuesto una querella contra la Generalitat de Cataluña, que será clavé en los próximos días.
Maluenda reconoce que hay una decena de Comunidades Autónomas interesadas en ver como se vertebra una querella criminal desde la prevaricación de la Administración.
Andrés Maluenda esabogado penalista, ahora vinculado a la Coordinadora Estatal de Personal Interino.
“Interpondremos querellas si realmente lo vemos claro y hay visos de que prosperen realmente”, afirma.
Los profesionales de este despacho están analizando la actividad de dichas Comunidades autónomas y uno de los elementos que estudian es cómo se han convocado los procesos selectivos (PESCOS) que no han cesado de impulsarse en todo el territorio español y en el que muchos interinos están perdiendo su sitio en su correspondiente administración.
“No se puede replicar la situación de Cataluña que estamos llevando y hay que estudiar caso por caso para ver la viabilidad porque vamos con personas concretas”.
Maluenda aclara que “hay que ver si estamos ante un procedimiento administrativo, si es con posterioridad a octubre del 2019, que es cuando se emite el informe de la abogada general del TJUE, o desde marzo del 2020 del TJUE. Y al mismo tiempo que las personas que estén al cargo de la función publica tenga conocimiento de la situación, con lo cual podría haber un presunto delito de prevaricación”.
UNA SOLUCIÓN JURÍDICA AL CONFLICTO
En la documentación enviada a Francos hay un detallado informe del despacho de Javier Araúz, uno de los abogados que mejor conoce esta problemática y que asesora a la CEPPT en estos momentos.
En las conclusiones finales del informe se plantea como alternativa una propuesta “que podríamos llamar de “interinos equiparables a los fijos” sin adquirirla condición de funcionario de carrera o fijo, tiene muchas ventajas”.
Dicha propuesta pasaría por trasponer la Directiva 1999/70, A nivel legislativo propone dos alternativas:
La primera sería aprobar una norma que con rango de Ley que modifique la normativa autonómica de aplicación, que fije, como medida efectiva y disuasoria para sancionar los abusos, la sujeción de los empleados públicos víctimas de un abuso a las mismas condiciones de trabajo, y a las mismas causas, requisitos y procedimientos de cese que a sus homónimos funcionarios de carrera o empleados fijos, comparables.
También se podría realizar a través de una disposición transitoria en una ley autonómica (por ejem. en la Ley de Presupuestos), que solucione el problema coyuntural en el que se encuentran el personal público de larga duración en situación incompatible con la Directiva en cada Administracion, sujetándolo a las mismas causas de cese que el personal público fijo comparable
En cuanto a las ventajas de dicha propuesta, el estudio jurídico destaca las siguientes:
1.- La propuesta es rápida y da cumplimiento a la trasposición.
Se da cumplimiento inmediato a las exigencias que impone la UE y la Directiva 1999/70, de reducir la temporalidad en el sector público al 8 % de la plantilla.
2.- Ahorra gasto público en un momento de crisis económica grave, como es la generada por el COVID 19.
Si no se estabiliza a este personal habrá que indemnizarle ya que la Directiva establece que es “indispensable sancionar disuasoriamente a los empleadores que abusan de la temporalidad y compensar a las víctimas de los abusos”.
La estabilización no conlleva coste económico para las arcas públicas, pues estos empleados públicos siguen cobrando lo mismo que perciben actualmente: lo mismo que habrá que pagar a los que los sustituyan, que, además, no tendrán los mimos conocimientos y la misma experiencia que estos trabajadores temporales
3.- En el informe se señala que se soluciona un problema que han generado las propias Administraciones públicas empleadoras, que no sólo han infringido la Directiva 1999/70/CE, sino que también han infringido la legislación interna, al no convocar todos los años procesos selectivos en las que se incluyan todas las plazas vacantes, como ordena y manda el artículo 10.4 del EBEP.
4.- La propuesta clarifica y ordena la situación, conociendo con exactitud y sin impugnaciones, qué plazas titulan las víctimas de los abusos y, por tanto, con derecho a permanecer en ellas con carácter indefinido, y qué plazas pueden sacarse sin problema alguno en Ofertas Públicas de Empleo (OPE).
En definitiva, esta solución permite celebrar de OPE sin riesgos para el personal de larga duración en abuso, sin que estos empleados temporales adquieran la condición de funcionarios de carrera o fijos.
Quedarían sujetos a las misma condiciones de trabajo que los fijos, de tal forma que solo puedan ser cesados por sus mismas causas y en las mismo condiciones.
5.- Se mantienen los equipos de trabajo actuales que ya están formados, llevan trabajando juntos muchos años, y han demostrado eficacia en el desempeño de la tarea pública.
En este informe se señala que hubiera sucedido durante el covid si se hubieran desmantelado los equipos de urgencias o de las UCIs de los hospitales, que están formados en más de 80% por sanitarios temporales o interinos, que llevan años trabajando juntos y que nos han salvado en esta pandemia.
Los mismo puede predicarse de otros servicios esenciales como la justicia, la Educación, o los servicios sociales.
6.- Se evita una innecesaria judicialización a perpetuidad del problema.
Es claro que tras la sentencia de 19 de marzo de 2020, es claro que no se pueden convocar procesos selectivos sin que previamente se haya fijado la sanción a aplicar a las víctimas de los abusos en la temporalidad.
De tal manera que se multiplicarán los procesos judiciales de impugnación de OPEs y procesos selectivos y de ceses, reclamando su nulidad con reposición a los puestos de trabajo de los que hayan sido ilegalmente cesados, generado gasto público, desorden y disfuncionalidades administrativas.
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