PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

[Opinión] Cartas desde Londres: “la peor decisión del Tribunal Supremo de esta generación”

Lord Sumption, sobre el que trata la columna de Josep Gálvez, afirma que “La actividad de un solo juez rara vez es constante y nunca es definitiva”, ya que “incluso en el más alto tribunal de apelación, las opiniones sobre cuestiones jurídicas son necesariamente provisionales. Son susceptibles de ser superadas por una reflexión posterior".
| | Actualizado: 11/05/2021 0:47

Sin duda Lord Sumption ha sido uno de los jueces ingleses más prestigiosos y prolíficos de las últimas décadas. Y es que su paso por el Tribunal Supremo del Reino Unido, saltando directamente desde una muy lucrativa posición como el “barrister” mejor pagado, le llevó a tener que resolver algunas de las cuestiones más controvertidas tanto en materia de derecho público como privado.

Precisamente, sobre esta última faceta ha sido publicado recientemente “Challenging Private Law: Lord Sumption on the Supreme Court”, un excelente trabajo crítico, tanto de la decisiones de Jonathan Sumption, como de algunas de sus “lectures”, que se toman como excusa, como punto de partida para reflexionar sobre la dirección en que navega actualmente el derecho inglés en relación con temas tan dispares como los contratos de agencia y distribución, las pérdidas económicas y lesiones en el derecho de “torts” (daños), la aplicación del derecho extranjero en los tribunales ingleses o la particularmente interesante cuestión de ilegalidad en el derecho privado.

UN EXCELENTE PUNTO DE PARTIDA

Gracias a “Challenging Private Law” y, seguramente, para hacernos más amena la espera del quinto volumen sobre su celebrada obra sobre la Guerra de los Cien Años, este pormenorizado examen de la “jurisprudencia” de Lord Sumption sorprende por la naturalidad con la que se plantea, por el exjuez del más alto tribunal del Reino Unido, que su opinión, por muy autorizada que fuera, es solamente una más de las voces que, en un momento concreto del devenir, tuvo que resolver un caso particular y que, por tanto, está llamada a ser temporal, como lo fueron, a su vez, sus predecesores:

La actividad de un solo juez rara vez es constante y nunca es definitiva”, advierte Sumption, ya que “incluso en el más alto tribunal de apelación, las opiniones sobre cuestiones jurídicas son necesariamente provisionales. Son susceptibles de ser superadas por una reflexión posterior.”

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Por tanto, lejos quedan para Sumption las posturas inmovilistas del derecho, tan propias por otro lado del sistema continental, con esos maravillosos códigos centenarios que tanto cuestan amoldar a la realidad del nuevo tiempo, también a golpe de sentencia del Tribunal Supremo, en la mayoría de las ocasiones.

De hecho, la difusión del derecho codificado por toda Europa, sobre todo mediante las campañas militares de Napoleón -de cuya muerte, por cierto, se cumplieron 200 años el pasado 5 de mayo-, llevaría al emperador francés a mostrar su orgullo por la permanencia de su legado jurídico más allá incluso que sus hazañas militares:

«Mi verdadera gloria no es haber ganado cuarenta batallas. Waterloo borrará la mayoría de ellas; pero nada borrará mi Código Civil, éste vivirá para siempre«.

Lejos de las pretensiones de eternidad del emperador francés, el sistema inglés ha seguido siendo el sistema más flexible y que, en el caso del Sumption, no se detiene con la jubilación -el exilio de un juez a su Santa Helena particular-, al alcanzar la edad de 70 años y, a pesar de encontrarse en un excelente momento de plenitud intelectual.

PUBLICIDAD

Lejos de decisiones grabadas en piedra para siempre, para Sumption el destino de los jueces más influyentes del derecho inglés es precisamente que “sus sucesores revisen o deshagan sus interpretaciones del derecho” ya que la función primordial del juez es “servir al público, no para remodelar la ley según nuestros propios prejuicios o para perfeccionar una filosofía jurídica global propia”.

Para ello, Lord Sumption revisita retrospectivamente las sentencias dictadas durante los siete años en que desempeñó el cargo de juez del Tribunal Supremo identificando, al menos, tres principios sobre los sí habría sido constante en su particular forma de entender y acercarse al caso:

CERTEZA

Para Sumption, el Tribunal Supremo no es un tribunal para resolver meramente el caso concreto sino, de conformidad con la tradición de la “common law” inglesa, para establecer la norma, la regla, el derecho, en definitiva.

PUBLICIDAD

De tal manera para que cumpla con su función, tiene en cuenta unos precedentes que le permiten una mayor flexibilidad que un sistema codicial ya que:

 “Es fundamental para cualquier sistema de derecho que sea predecible en su aplicación, como la infinita variedad de la experiencia humana en función de los valores cambiantes de la comunidad así lo permitan”.

PUBLICIDAD

No obstante, advierte Sumption que, si bien dicha flexibilidad es una de sus fortalezas, también tiene sus límites dado que

El ‘common law’ es un cuerpo de principios legales, no una licencia para reinventar constantemente la rueda del derecho”.

COHERENCIA

En efecto, según Lord Sumption, la decisión debe gozar, no solamente de una lógica interna para decidir sobre el asunto respecto a una situación o unas partes concretas, sino que. además, significa poder aplicarse a una pluralidad de sujetos que se encuentren ante problemas comparables al resuelto por la sentencia.

PUBLICIDAD

Y ahí es donde Sumption advierte sobre una excesiva particularidad del asunto:

“La especialización permite a los profesionales proveer de un mejor servicio a sus clientes. Pero la mayoría de las especializaciones son falsas. Impiden un conocimiento de los principios jurídicos subyacentes en el caso”.

Para ello, el exjuez propugna una visión amplia del derecho, “echando un vistazo a lo que pasa en la habitación contigua para ver cómo se hacen las cosas ahí”, dejando atrás compartimentos estancos que resultan en una excesiva miopía jurídica.

A modo de ejemplo, recordemos cómo la “Court of Appeal” resolvió el célebre asunto mercantil Starbev GP Ltd v Interbrew Central European Holdings BV (Rev 1) [2016] EWCA Civ 449 según la interpretación de “propósito” que el mismo Lord Sumption había dado para un asunto penal según Ley de Protección contra el Acoso de 1997.

De tal manera, concluye Sumption:

“El hecho que la mayoría de los miembros del tribunal sean habitualmente extraños a la materia objeto de discusión tiene sus ventajas, que no siempre son apreciadas por los especialistas”.

HUIR DE LA DISCRECIONALIDAD

Según Sumption, este tercer y último principio “es un reflejo de los dos anteriores” ya que, si bien la discrecionalidad se encuentra en el ámbito de las indemnizaciones o en las normas procesales, “su lugar en el derecho privado debería ser muy limitado”, cuestión que, como veremos, se encuentra clavada en un asunto resuelto por el Tribunal Supremo.

Para Lord Sumption esto es debido a que el ámbito del derecho privado no debe basarse en meras expectativas sino en los derechos que legalmente se atribuyen a sus titulares, de tal manera que tal circunstancia no debería ser objeto de simples juicios de valor puesto que “el auténtico juicio de valor ya se efectuó en su momento cuando la ley reconoció el derecho”.

En tal sentido, Sumption aboga para que las decisiones que afectan a derechos constituidos como, por ejemplo, aquellas que anulan ciertas transacciones por ilegalidad, sean tan claras como las normas que otorgaron esos derechos, siempre “en la medida que la complejidad de los asuntos humanos así lo permitan”.

“Así, -concluye Sumption- estos razonamientos pueden explicar por qué considero “Patel v Mirza” como la peor decisión del Tribunal Supremo en materia de derecho privado en esta generación”.

“LA PEOR DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTA GENERACIÓN”

Como es costumbre, Sumption no pierde la ocasión para sacar el as de bastos, aunque en esta ocasión será para que reciban los antiguos compañeros del Tribunal Supremo, quienes adoptaron por mayoría la solución al caso Patel v Mirza [2016] UKSC 42, como veremos a continuación.

No obstante, primero hay que tener en cuenta que, de forma parecida a lo contemplado en el artículo 1.275 del Código civil de España sobre el contrato con causa ilícita, en derecho inglés se acude, en esos casos, a la doctrina “EX TURPI CAUSA”, (a veces también llamada “defensa por ilegalidad”) que impide que una reclamación civil prospere si la relación jurídica tiene su origen en un acto ilegal por parte del demandante.

Advertido lo anterior, el asunto es el siguiente:

El señor Patel entregó al Sr. Mirza un total de 620.000 libras esterlinas para que este especulara con las oscilaciones de precios de las acciones del ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (RBS), utilizando para ello información privilegiada que había obtenido a través de unos contactos de la referida entidad bancaria.

Esta información privilegiada consistía, según parece, en que el gobierno del Reino Unido anunciaría en breve una serie de medidas que tendrían como efecto un aumento significativo del precio de las acciones de la entidad, anuncio que al final no se produjo.

La cuestión es que, cuando el sr. Patel solicitó la devolución del dinero entregado, el Sr. Mirza se negó por lo que intentó entonces recuperar el dinero ante los tribunales mediante una demanda alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto del Sr. Minza.

Y aquí viene lo interesante ya que el abogado del Sr. Mirza alegó que la demanda debía desestimarse debido a la ilegalidad del acuerdo con el Sr. Patel ya que, de conformidad con el artículo 53 de la “Criminal Justice Act” de 1993 (Ley de Justicia Penal), se trataba de una conspiración para cometer el delito de uso de información privilegiada.

Aunque la “excepción” de ilegalidad en base a la doctrina “EX TURPI CAUSA” fue admitida en la primera instancia, posteriormente la “Court of Appeal” desestimó el argumento del Sr. Mirza y le ordenó devolver el dinero a Patel, por lo que acabó recurriendo ante el Tribunal Supremo planteando esencialmente la siguiente cuestión:

 ¿Puede la ilegalidad fundamental del acuerdo entre las partes impedir la reclamación del Sr. Patel frente al Sr. Mirza?

Pues bien, el Tribunal Supremo desestimó por unanimidad el recurso de Mirza, considerando que Patel tenía derecho a recuperar el dinero que le había entregado, sin ampararse en ninguna excepción a la regla EX TURPI CAUSA: simplemente, no era aplicable al caso.

Sin embargo, los nueve jueces discreparon ampliamente sobre cómo alcanzar esa conclusión

De forma muy resumida, el parecer mayoritario del tribunal encabezado por Lord Toulson fue que, a pesar de la máxima de que «ningún tribunal prestará su ayuda a un hombre que funda su causa de acción en un acto inmoral o ilegal», según Holman v Johnson (1775) 1 Cowp 341, 343, se debe evaluar si sería desproporcionado denegar la reclamación a la que el Sr. Patel tendría derecho si el acuerdo no estuviera afectado de ilegalidad, como cuestión de orden público.

En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala Primera, concluyó que, al evaluar estos factores, la cuestión pertinente no es «si el contrato debe considerarse viciado por la ilegalidad, sino “si debe concederse la reparación solicitada«.

Por tanto, al menos de entrada, no se puede impedir recuperar el dinero pagado a quien satisface los requisitos ordinarios de una reclamación de enriquecimiento injusto debido a que la relación jurídica era, en algún aspecto, ilegal.

Para la mayoría de los Lores, es necesario considerar que, en este caso, el delito que se persigue con el uso de información privilegiada es el abuso del mercado y, si no se produjo tal actividad, no hay base de orden público para prohibir la devolución del dinero.

En el caso de Lord Sumption rechazó que la aplicación del principio de ilegalidad debe depender de «factores de política involucrados” o sobre “la naturaleza y las circunstancias de la conducta ilegal”.

Por el contrario, Sumption basó su decisión en la llamada «prueba de confianza» según Tinsley v Milligan [1993] UKHL 3 y, en conformidad, «el tribunal no debe hacer efectivo, a petición de una persona que cometió un acto ilegal, […] un derecho derivado de ese acto«”.

Así, concluye Lord Sumption, en este caso, este principio no impedía a Patel reclamar a Mirza ya que una sentencia obligando al reembolso de la cantidad entregada al demandado “no daría efecto al acto ilegal ni a ningún derecho derivado del mismo”.

Como se imaginarán, el asunto tiene miga, dado que la solución dada a Patel v Mirza tiene su aplicación a numerosos supuestos, en particular en el caso de reclamaciones contra entidades bancarias por clientes involucrados en actividades ilegales como blanqueo de dinero y que pueden verse bajo el prisma del derecho civil mediante acciones de reintegro.

Por tanto, aunque la “defensa por ilegalidad” como medio de evitar la reclamación seguirá estando disponible, aunque su viabilidad dependerá de si se considera una excepción proporcionada a la ilegalidad de los hechos particulares de cada caso objeto de enjuiciamiento.

¿Y ustedes qué piensan?

por Josep Gálvez.

Letrado en Del Canto Chambers (Londres) y socio director de la firma GALVEZ PASCUAL (Barcelona), Josep Galvez es un abogado especializado en litigios complejos y arbitrajes internacionales. Desempeñó una gran parte de su carrera como Magistrado-Juez y compatibiliza su práctica profesional con la docencia en la Universidad de Barcelona y en ISDE. Es igualmente miembro de la Honourable Society of Lincoln’s Inn, la International Bar Association y de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona.
Para comentar, suscríbete
Si ya eres suscriptor, Inicia sesión