Pueden limitarse puntualmente derechos fundamentales con una ley ordinaria, según el Supremo
Pese a ello, el Supremo avala los argumentos dados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que concluyó que el Gobierno autonómico no justificó adecuadamente el cierre perimetral de las islas. Foto: Confilegal.

Pueden limitarse puntualmente derechos fundamentales con una ley ordinaria, según el Supremo

Así lo establece en relación a la libertad de circulación que se debatía en el recurso del Gobierno canario contra el rechazo al cierre de las islas
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25/5/2021 06:47
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Actualizado: 24/5/2021 23:05
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El Tribunal Supremo ha señalado en relación a la limitación de derechos fundamentales, que «no necesariamente ha de hacerse por ley orgánica».

En este sentido, reconoce que «es verdad que el desarrollo de los derechos fundamentales está reservado a esa fuente (artículo 81.1 de la Constitución) y que el Tribunal Constitucional ha equiparado al desarrollo el establecimiento de limitaciones a los derechos fundamentales de tal intensidad que les afectan esencialmente».

Sin embargo, agrega, «con carácter general la ley ordinaria es suficiente para regular el ejercicio de los derechos, aunque al hacerlo habrá de respetar su contenido esencial (artículo 53.1 de la Constitución)».

«Y establecer limitaciones puntuales de derechos, incluso fundamentales, no equivale a desarrollarlos siempre que, por las características de las restricciones, no lleguen a desnaturalizarlos», afirma.

Así se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la sentencia 719/2021, 24 de mayo, en la que rechaza el recurso del Gobierno canario sobre el cierre perimetral de las islas, cuya decisión fue adelantada el pasado viernes.

El Supremo avala los argumentos dados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que concluyó que el Gobierno autonómico no justificó adecuadamente el cierre perimetral de las islas.

La Sala recuerda que el Ejecutivo canario partía de la «preferencia del derecho a la vida y del derecho a la protección de la salud que, si bien no es un derecho fundamental, puede converger con aquél en circunstancias límite».

Por ello, apelaba a la Ley Orgánica 3/1986, 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y a las leyes ordinarias 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

«Dentro de la regulación que puede hacer la ley ordinaria cabe, pues, la imposición de limitaciones puntuales a los derechos fundamentales. Y, siendo suficiente para ello la ley ordinaria, esa reserva puede ser satisfecha tanto por la ley del Estado cuanto por las leyes que, dentro de su competencia, dicten las Comunidades Autónomas».

En definitiva, concluye, «no se corresponde con la Constitución la afirmación de que toda limitación de un derecho fundamental ha de hacerse única y exclusivamente por ley orgánica. El Tribunal Constitucional ha dejado claros estos extremos, tal como lo recuerda, entre otras, en sus sentencias 76/2019, 86/2017 y 49/1999″.

«Hubiera sido deseable que pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia»

El Supremo estudia, por tanto, «si esas leyes, que no previeron circunstancias como las que estamos atravesando, permiten o no restringir la libertad de circulación»

En este sentido, concluye que «este conjunto de preceptos ofrece suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto de la libertad dé circulación».

Ls cuales, agrega, «de otro lado, no pueden predeterminarse siempre —ya que no han de excluirse situaciones nunca imaginadas ni, en consecuencia, previstas- y no se alejan los términos recién examinados del parámetro admitido por el Tribunal Constitucional para la tipificación de sanciones, por ejemplo en su sentencia 14/2021″.

A pesar de ello, afirma que «sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de a conceptos indeterminados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica».

«No obstante, no puede preverse todo y tampoco puede decirse que los preceptos examinados adolecen de tal indeterminación que permitan hacer cualquier cosa a las Administraciones que los utilicen».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, tras analizar los preceptos, afirma que «delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación».

Aunque, reconoce que «no es una novedad que los tribunales deban extraer del ordenamiento jurídico los criterios para resolver problemas que no han recibido una solución precisa por parte del legislador».

Esto significa, subraya, que «será necesario examinar cada medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos de estos preceptos, si cumplen las exigencias de adecuación, necesidad y proporcionalidad».

El Supremo concluye que «la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación siempre que se den las condiciones por ella previstas».

Subraya que el artículo 54 de la Ley General de Salud Pública circunscribe la adopción de medidas especiales a supuestos de «extraordinaria gravedad y urgencia».

Además, apunta el Supremo, «exige motivación a la Administración, contempla medidas y deja abierta la puerta a otras que, no solo han de ser idóneas para hacer frente a esa emergencia sanitaria, sino que exige que sean temporales y proporcionadas«.

Comprobación específica para ratificar las medidas restrictivas

El tribunal, formado por Pablo Lucas Murillo de la Cueva -presidente y ponente-, Celsa Pico Lorenzo, Luis María Diez-Picazo Giménez, María del Pilar Teso Gamella, José Luis Requero Ibánez y Rafael Toledano Cantero, explica que a su vez los TSJ y la Audiencia Nacional deben hacer una comprobación específica para su ratificación.

Esto es, que la Administración que pida que se avalen las medidas restrictivas es la competente, invoca los preceptos legales de la habilitación y ha identificado con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública.

Asimismo, que ha establecido debidamente la extensión de ese riesgo desde el punto de vista subjetivo, espacial y temporal y ha justificado que no dispone de otros medios menos agresivos para afrontarlo, así como que los propuestos son idóneos y proporcionados.

Sobre ello, indica el Supremo, «la Sala correspondiente deberá concluir si dicha justificación es suficiente y si la limitación pretendida es efectivamente idónea, necesaria y proporcionada».

Por último, la Sala recuerda, en relación al recurso de Canarias, que no estaba en discusión la competencia del Gobierno de Canarias, ni la normativa precisa, y éste había expuesto los hechos relevantes y razonado la necesidad de la limitación del acceso a las islas que lleguen a estar en los niveles de alerta 3 y 4.

Sin embargo, tras ser examinados estos elementos el TSJ «concluyó razonadamente que carece de justificación la limitación de la libertad de circulación propuesta».

La solución dada para Canarias no entra en contradicción con lo que se ha acordado por otras salas territoriales, dice el TS

Para llegar a tal solución, subraya, el tribunal «ha tenido en cuenta las excepciones que acompañan a la restricción, incluida la abierta e indeterminada del apartado m) del número 1 del acuerdo, y ha valorado el distinto trato dado a quienes pretendan acceder a las islas según dispongan o no de una reserva hotelera y, tras valorar todo ello ha llegado la conclusión de que no se había justificado de manera suficiente».

«No encontramos tachas que oponer al juicio expresado en el auto de 9 de mayo de 2021 pues su razonamiento es, no solo coherente con los presupuestos de los que parte, sino también razonable por el resultado al que llega», afirma.

Por otro lado, remarca que «no puede sostenerse que la denegación de la ratificación de la medida por el auto de 9 de mayo de 2021 entre en contradicción con lo que han acordado los autos dictados por otras Salas territoriales».

Esto, subraya, «no es posible afirmarlo porque no ha acreditado el escrito de interposición que las circunstancias contempladas por esas otras resoluciones sean coincidentes con las de las de Canarias».

A la vista de todo ello, señala, «no encontramos razones para considerar desacertado el juicio expresado en el auto recurrido en casación».

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