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Alineación parental y estafa procesal

José Luis Sariego Morillo
Alineación parental y estafa procesal
El abogado José Luis Sariego Morillo, autor de esta columna.
07/6/2021 06:47
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Actualizado: 07/6/2021 06:47
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En muchos procesos de familia y de violencia de género es usual encontrarte con prácticas abusivas del derecho de defensa que rozan o, incluso, pueden entrañar la comisión de posibles delitos.

No hace mucho, una abogada de una asociación muy conocida de juristas feministas que cobran sustanciosas subvenciones, presentó un informe de una psicóloga impostora que colabora con la misma asociación, en el que afirmaba que nuestro cliente era tal y cual cosa (nada bueno) sin conocerlo de nada.

Añado que nuestro cliente nunca ha estado en España.

Dicho informe fue aportado como prueba en el juicio y tuvimos que impugnarlo por ser falso.

Y, más tarde, denunciado ante el juzgado de guardia por falsedad documental y posible estafa procesal, ya que no se puede emitir una opinión “profesional” sobre alguien a quien no se conoce ni se le ha visto nunca.

Esta prueba fue rechazada en el procedimiento civil, afortunadamente.

Este asunto está sub judice y sigue su marcha.

LA ALINEACIÓN PARENTAL «NO EXISTE»

A raíz de este asunto, se nos presentó otro similar en el que el falso informe es de profesionales de los servicios sociales de un ayuntamiento en el que se justifica que los niños rechacen la figura paterna por alienación parental, porque (dixit) la alienación parental no existe.

Se justifica el rechazo de los niños a su figura paterna porque, según “refiere” la ex esposa de nuestro cliente, éste es así o asá (nada bueno).

Reconocen que los niños están alineados por su madre porque sienten que su padre los ha abandonado. En realidad el padre ha abandonado afectivamente a la madre, pero no a los hijos.

Pues ahora vienen nuestros legisladores (entre los que hay integrantes de grupos políticos de antiguos asesinos, delincuentes condenados por sedición e incluso desclasados de “la nueva y vieja casta”) y nos vienen a decir que se prohíbe argumentar en un juicio la existencia de la alienación parental.

Pero, por otro lado, se inventan un nuevo concepto como es el de la violencia vicaria. Concepto que no existe ni en el DSM5 ni en el CIE11. 

Todo esto es como el debate en redes sociales sobre la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla.

Desde hace tiempo sabíamos que querían prohibir a nivel nacional la alegación de sufrir alienación parental, aunque muchos equipos psicosociales, en sus informes, ya negaban la existencia de este tipo de maltrato ejercido mayoritariamente por madres.

Por ello, elaboramos una estrategia jurídica nueva para afrontar este tipo de negativa al reconocimiento de la alienación parental por parte de algunos profesionales, sobre todo de las UVIVG y algunas fiscalías.

Cuando nos topamos con un caso de alienación parental en un juzgado, junto con el cliente y con pruebas documentadas de la vida anterior de éste con sus hijos, pasamos toda la información a un psicólogo forense especialista en esta materia.

Se elabora un informe forense sobre ello y, si da positivo en alienación parental, formulamos de inmediato una denuncia ante el Juzgado de Guardia por un posible delito de estafa procesal y añadimos una acusación por posible delito de maltrato infantil.

LA NUEVA LEY 8/2021 CAMBIA LAS COSAS

Con la nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se abre todo un abanico de posibilidades para poder acusar de malos tratos al progenitor que ejerce alienación parental e, incluso, poder acusar y denunciar a aquellas personas colaboradoras, ya que, conforme a lo establecido en el Convenio de Estambul (artículo 3), los jueces deberán aplicar éste de forma directa, ya que es legislación española según el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre y artículo 96 de la Constitución Española.

No debemos olvidar que el mismo Convenio de Estambul define a la “víctima” como “toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados a y b”.

Y en estos apartados están incluidas las mujeres, los hombres y los niños.

La LO 8/21 de 4 de junio define como violencia “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social…”.

Por ello, entiendo que manipular a un hijo para que odie o rechace al otro progenitor, será un acto de violencia psíquica y que interfiere en su desarrollo social.

Me da igual cómo lo llamen, pero esto es así.

En este cuadro se recogen algunas formas que definen la alienación parental, que he encontrado en diferentes países hisspano-hablantes:

El Tribunal Supremo viene definiendo la alienación que sufren adultos y menores desde hace muchos años. He dado una vuelta ligera por la jurisprudencia y me he encontrado con algunas definiciones muy curiosas:

Pero quiero terminar este artículo refiriéndome al delito de la estafa procesal que puede significar el someter a un niño a alienación parental.

Me explico:

Creo que un progenitor que ejerce alienación parental o violencia vicaria sobre su hijo, o bien lo lleva a un psicólogo para reforzar dicha alienación, podría ser un posible delito de estafa procesal por cuanto un menor manipulado que es usado “como prueba” en un juicio, puede entrañar un posible delito del artículo 250.1.7º del Código Penal que dispone que:

“El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, cuando: se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas (declaración del niño o informe ad hoc aportado) en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”.

Hay un perjuicio económico a esa parte que obliga a gastarse dinero para pedir auxilio judicial en estos casos.

La posible estafa procesal constituye una modalidad específicamente agravada del delito de estafa, porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado, se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria.

Lo que caracteriza a la estafa procesal es que consiste en que el sujeto pasivo engañado es, en realidad, el titular del órgano jurisdiccional a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que, de otro modo, no hubiera seguido o dictado (sentencias del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2000, 27 de abril y 22 de diciembre de 2001, 14 de enero y 14 de marzo de 2002, entre otras).

Ahora la pelota está encima del tejado de los operadores jurídicos, especialmente de fiscales y jueces.

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