La Fiscalía le imputa un delito continuado de cohecho pasivo, un delito continuado agravado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito continuado de prevaricación administrativa; así consta en el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, donde se investiga esta pieza separada de la macrocausa 'Tándem', denominada 'King'. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el excomisario de Barajas Carlos Salamanca
Por supuestamente recibir dinero y dádivas de un empresario a cambio de permitir la entrada irregular de ciudadanos ecuatoguineanos
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17/6/2021 17:13
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Actualizado: 17/6/2021 17:13
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La Fiscalía Anticorrupción pide 10 años de cárcel para el comisario Carlos Salamanca por presuntamente «aceptar regalos de carácter suntuario como mera atención y en consideración a su cargo y en otros casos como recompensa por servicios que prestaba con abuso de su condición policial, y en concreto de sus funciones y responsabilidades siendo jefe de la Comisaría del aeropuerto de Madrid- Barajas».
El escrito de acusación de la Fiscalía en esta pieza, denominada King, que propició la apertura del ‘caso Villarejo’, se dirige también contra el empresario Francisco Menéndez Rubio, para el que pide seis meses de prisión.
Según sostiene el Ministerio Público, entre 2012 y 2015 el empresario abonó al comisario Carlos Salamanca «dádivas de lujo, en dinero y en especie, tanto para él como para sus familiares más cercanos» a cambio de facilitar «la entrada ilegal» en España de sus clientes, «responsables de GEPETROL», empresa petrolera de Guinea Ecuatorial a la que Menéndez estaba vinculado, y de su suegra», quienes en todos los casos carecían del visado pertinente, y para que facilitara tanto al propio Menéndez como a sus socios ecuatoguineanos la salida del aeropuerto evitando el control de la aduana cuando volaran a Madrid procedentes de países no comunitarios.
La Fiscalía le imputa un delito continuado de cohecho pasivo por el que solicita seis años de prisión, una multa de 72.00 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años; un delito continuado agravado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por el que pide cuatro años de prisión, una multa de 45.000 euros e inhabilitación absoluta durante 12 años; y por un delito de prevaricación administrativa reclama inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años.
Reclama que se le imponga una fianza de 937.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Al empresario Francisco Menéndez lo acusa como cooperador necesario de un delito continuado cohecho activo cometido por particular, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito continuado de prevaricación administrativa. Apunta que concurre la circunstancia atenuante analógica de colaboración, como muy cualificada.
Para él reclama tres meses de cárcel, multa de 13.500 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor del primero de los delitos; otros tres meses de prisión y otra multa de 13.500 como cooperador necesario del segundo delito; y por el tercero reclama inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.
‘DÁDIVAS ACEPTADAS COMO MERA ATENCIÓN Y EN CONSIDERACIÓN A SUS CARGOS POLICIALES’
Según relata la Fiscalía, el Comisario Carlos Salamanca Vilches «venía recibiendo, sin que conste que lo fueran en concepto de contraprestación por servicios concretos, dádivas de carácter suntuario de un empresario», ya fallecido, dedicado a negocios de importación y exportación de mercancías vinculados con Guinea Ecuatorial.
Entre estos regalos, recibió en 2010, a través de la mercantil Pangelpra Inmuebles un Porsche Cayenne, que fue adquirido el día 16 de noviembre de 2010 por importe de 65.999,99 «con la exclusiva finalidad de facilitar su uso y disfrute por el acusado y sus familiares directos», según explica.
El vehículo fue matriculado el 25 de noviembre de 2010 y, desde el día siguiente el seguro de responsabilidad civil fue contratado, en calidad de tomador y conductor habitual, por el comisario Salamanca.
La Fiscalía expone que posteriormente, el 1 de abril de 2012, y «para dotar de apariencia de legalidad a su verdadera titularidad», Carlos Salamanca lo adquirió formalmente a Pangelpra por 25.000 euros, que le fueron entregados en efectivo por el acusado Francisco Menéndez Rubio.
Según detalla, esta compra se hizo a través del hijo de Salamanca, quien ingresó dicha cantidad en la sucursal de Caja de Burgos de Getafe el 29 de marzo de 2012 en la cuenta bancaria de Pangelpra.
Afirma que de este modo figuró como titular de este vehículo desde el 14 de agosto de 2012 hasta el 19 de mayo de 2016, fecha en que procedió a venderlo a Movilcar S.A. por el mismo precio de 25.000 euros de la supuesta compra. Dicha cantidad se aplicó por el acusado Carlos Salamanca a la adquisición del vehículo Land Rover Range Rover Sport, que fue utilizado por su esposa, añade la Fiscalía.
‘SERVICIOS PRESTADOS CON ABUSO DE SU CONDICIÓN POLICIAL A CAMBIO DE DÁDIVAS’
El acusado Francisco Menéndez Rubio trabajaba para la empresa nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial Gepetrol desarrollando funciones de consultoría y asesoramiento legal desde al menos el año 2010, principalmente por medio de la mercantil Framen Consultores y Asesores SL, de la que era administrador único.
Según la Fiscalía, «con objeto de recabar la prestación de servicios de apoyo para dichos clientes, de naturaleza tal que únicamente se podían prestar mediante el abuso de la condición policial, recurrió, al menos a partir del año 2012», a Carlos Salamanca, quien, desde el 8 de junio de 2006 hasta el 14 de enero de 2015 fue jefe del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas y desde el 20 de junio de 2016 hasta su detención el 3 de noviembre de 2017 ostentaba el cargo de Comisario Jefe de la Unidad Central de Fronteras, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
De esta forma, -siempre según su relato-, el empresario abonó al comisario entre los años 2012 y 2015 dádivas de elevada cuantía, en dinero y en especie, para sí y para el disfrute de sus familiares más cercanos.
La Fiscalía manifiesta que el comisario, «con pleno conocimiento de que la autorización de entrada en España de una serie de ciudadanos extranjeros no se ajustaba a la legislación en vigor, se prevalió de su cargo como Comisario Jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas para ordenar que se expidiera por su mera voluntad y de forma arbitraria la autorización administrativa excepcional del visado en frontera en al menos cuatro ocasiones entre los años 2012 y 2013, incumpliendo groseramente los requisitos legalmente establecidos en la normativa aplicable», en los cuales «ni siquiera dio cuenta de la autorización a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para dificultar su conocimiento».
Además, afirma que entre 2012 y 2015 Carlos Salamanca «no se limitó a infringir las normas reguladoras del control de inmigración, sino que, abusando de su puesto como Comisario Jefe del aeropuerto de Barajas, dispensó un tratamiento especial y personalizado, totalmente injustificado», al otro acusado a sus clientes ecuatoguineanos.
Según explica, dicho tratamiento se concretó en recogerles en vehículos policiales en la escalerilla del avión a su llegada a Madrid procedentes de Guinea Ecuatorial o de Dubai y en trasladarles hasta la salida del aeropuerto con el fin de sustraerles de la preceptiva vigilancia y control de aduanas de España y, por tanto, de la Unión Europea (Unión Aduanera), «facilitándoles de esta manera la introducción de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin efectuar la preceptiva declaración de movimientos de medios de pago (Modelo S-1)».
‘DÁDIVAS RECIBIDAS COMO RECOMPENSA POR SERVICIOS PRESTADOS CON ABUSO DE LA CONDICIÓN POLICIAL’
Anticorrupción señala que la infracción de la normativa reguladora del control de personas y de mercancías descrita en los dos apartados anteriores, la cometió Salamanca a instancias de Menéndez y» a cambio de recibir de éste dádivas de carácter suntuario y de elevada cuantía entre los años 2012 y 2015, que eran abonadas por Framen Consultores y Asesores por cuenta de sus clientes ecuatoguineanos».
En concreto, con dichos fines, o como recompensa a los favores que el Comisario acusado les prestaba en tal sentido, Francisco Menéndez Rubio corrompió a Carlos Salamanca Vilches mediante el abono de vehículos de alta gama, relojes y viajes de lujo, palcos deportivos, beneficios económicos a terceros y entregas de dinero en efectivo», sostiene la Fiscalía.
Del Porsche Cayenne también dice que el mantenimiento se sufragó también por Menéndez a partir de 2012 mediante el abono en efectivo de facturas de reparación y mantenimiento en un taller de la Avenida de Burgos de Madrid, que enumera.
También expone que Menéndez adquirió un Porsche Panamera a través de Framen Consultores y Asesores el 22 de septiembre de 2010 por importe de 116.537,70 euros por encargo de su jefe ecuatoguineano, «cediendo su uso» a Carlos Salamanca «al menos entre julio del año 2012 y julio del año 2013 a través de la mercantil Inversiones Llavanera S.L., también administrada por Francisco Menéndez».
Señala que el comisario contrató del seguro obligatorio de responsabilidad civil de dicho vehículo desde el 10 de julio de año 2012 hasta el 9 de julio del año 2013, figurando como tomador y conductor habitual y abonando la prima del seguro mediante la entrega de 1.845,76 euros en efectivo que le habían sido previamente entregados con dicho fin también por el empresario.
Asimismo, manifiesta que Menéndez entregó al comisario al menos, los siguientes relojes abonados con cargo a las cuentas de Framen Consultores y Asesores: un Rolex Oyster Perpetual Date GMT-Master II, de oro amarillo con brazalete y esfera verde index, cuyo precio de venta ascendió a 30.700 euros; y un Hublot Geneve, cuyo precio de venta ascendió a 8.300 euros.
En cuanto a los viajes de lujo, dice que Menéndez regaló a Salamanca y a su esposa, por cuenta de sus socios ecuatoguineanos, «un viaje a Londres realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2012, con todos los gastos pagados y cuya cuantía global no ha podido determinarse, alcanzando solo en concepto de traslados y alojamiento el importe de 4.429,22 €».
Sobre los palcos deportivos, manifiesta que Menéndez cedía a Salamanca el palco del Estadio Santiago Bernabéu que la mercantil Framen Consultores y Asesores alquiló al club por 328.772,01 euros y 331.039,21 euros anuales durante los años 2012 y 2013, respectivamente, «de forma que pudo disponer libremente de ellos, ofreciéndoselos a sus amistades».
Asimismo, asegura que el empresario acusado entregó a dos personas a petición de Salamanca la cantidad de 66.000 euros «con la finalidad de que estos artistas, amigos del comisario que amenizaban en ocasiones las fiestas y ágapes que éste ofrecía a sus amigos, pudieran sufragar la producción y edición de grabaciones de música flamenca, para lo cual suscribió entre aquellos un contrato privado de préstamo fechado el 19 de septiembre de 2012 sin que se procediera a la devolución del principal ni de los intereses».
También sostiene Anticorrupción que a partir de 2012, Francisco Menéndez hizo entrega a Carlos Salamanca «a modo de regalo y en consideración a aquellos servicios que le iba prestando», al menos, las siguientes cantidades, distintas a las ya aludidas: 10.000 euros el 24 de junio de 2012 para que reparase la caldera de la piscina de la vivienda familiar; 50.000 euros el 15 de julio de 2012 cuyo destino concreto se desconoce; 47.000 euros, cuya fecha exacta y destino concreto se desconocen; 3.000 euros, cuya fecha exacta y destino concreto se desconocen; 25.000 euros entre los meses de junio y julio del año 2015 para sufragar los gastos de una boda.
Menéndez presentó en 2017 una denuncia y una documentación (una ‘Propuesta Económica’ y anexos denominados ‘Proyecto King’) que revelarían delitos de cohecho y de blanqueo de capitales, dando lugar a una investigación a la que también aportó datos sobre cuentas bancarias en el extranjero.
A través de esas cuentas se canalizaron parte de los pagos recibidos por el excomisario José Manuel Villarejo que van desde una cuenta en Suiza hasta posiciones bancarias de Panamá y Uruguay tituladas por mercantiles cuyo titular real es el policía jubilado.
La Fiscalía pide el decomiso del Rolex Oyster Perpetual Date GMT-Master II, de oro amarillo con brazalete y esfera verde index; y del Hublot Geneve.
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