La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional (AN) instructor del ‘caso Tándem’, Manuel García-Castellón, que cite en calidad de investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para que responda en sede judicial sobre su posible participación en el contrato de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo por la eléctrica.
El Ministerio Público también solicita que se investigue al ‘número dos’ de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y al exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
El magistrado tendrá que pronunciarse ahora al respecto.
El juez ya investiga al responsable de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas del excomisario Villarejo.
Asenjo está siendo investigado en la pieza separada y secreta número 17 de esta macrocausa, en tanto que presunto interlocutor de Villarejo con la eléctrica, a la que habría servido en diversas tareas como el espionaje y el intento de desacreditar desde a un grupo ecologista hasta la empresa ACS y su presidente, Florentino Pérez, personado como perjudicado.
El juez abrió esta pieza separada en octubre de 2019 para investigar los trabajos que Villarejo ha realizado para Iberdrola entre 2004 y 2017 y quiere llegar hasta el fondo de las relaciones que la empresa energética tuvo con el excomisario.
La petición de la Fiscalía llega después de que el pasado mes de mayo se incorporase a la causa un nuevo informe de Asuntos Internos en el que se analizaban conversaciones mantenidas entre el excomisario y Asenjo. En ellas, Villarejo se refería en diferentes momentos a «don Ignacio» o el «señorito» en el marco del proyecto ‘Arrow’, uno de los encargos que realizó.
Asuntos Internos daba cuenta de hasta nueve archivos de audio desconocidos hasta ahora y en los que en conversaciones entre Asenjo y el comisario, éste le pedía que le abonaran más dinero por sus trabajos. Esos audios se hallaron en las entradas y registros de noviembre de 2017, si bien hasta ahora no se habían logrado extraer.
Asenjo declaró ante el juez de la Audiencia Nacional en febrero de 2020 que el presidente no tenía conocimiento de la contratación de los servicios de la empresa del comisario. Manifestó que Sánchez Galán no tenía conocimiento de los contratos con el comisario dado que los acuerdos de seguridad, que en ese periodo alcanzaron la cifra de 170 millones en materia de seguridad para la compañía, no los llevaba el presidente, sino el equipo dedicado a tal efecto.
A finales del pasado mes de mayo, la eléctrica envió un escrito al magistrado en el que puso a los administradores y empleados de la compañía, incluido Galán, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.
Lo hizo por medio de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la energética señala que el máximo órgano de la compañía, para «la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante», adoptaba esta decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado que investiga el caso.
De esta manera, pedía la comparecencia de la cúpula de la energética «en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible», para proporcionar su testimonio y de esta manera «facilitar la finalización de la investigación en curso».
Iberdrola también denunciaba en dicha comunicación a la CNMV que la tramitación de esta pieza separada del caso Villarejo sobre los negocios del excomisario «ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía».
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, manifestó en su día que «la cúpula» de la energética «no se dedica a espiar a nadie», y ha defendido que Iberdrola tiene un sistema de gobierno corporativo y de cumplimiento «muy sólido» y que tras conocerse las informaciones sobre el presunto espionaje que Villarejo habría perpetrado en diferentes ocasiones por encargo de la energética, se abrió una investigación con medios internos y externos en la que «no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley».
Iberdrola anunció en octubre de 2019 que abriría una investigación exhaustiva en forma de informe ‘forensic’ para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo mediante la que se habrían ejecutado y facturado los contratos.
El informe fue encomendado a PwC y se suma a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y en julio de 2019 a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa de Villarejo.
En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la compañía.
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