La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha alertado al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, de los «ataques para dejar sin legitimación al Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno, que busca favorecer a los indultados» por el ‘procés’, así como a otros dirigentes separatistas que utilizaron dinero público «para financiar ilegalidades», ya que pese al perdón del Ejecutivo mantienen una causa abierta en este órgano por supuesto desvío de fondos públicos para el proceso independentista.
En una misiva, Pagazaurtundúa explica al comisario que el Ejecutivo, después de conceder el indulto a los líderes secesionistas «tras el intento de subvertir el Estado de Derecho en España en 2017», busca situar en este órgano fiscalizador de las instituciones públicas en España a miembros que permitan «entorpecer» este expediente.
Maite Pagazaurtundúa advierte que la acción puesta en marcha por el Gobierno para renovar los miembros del Tribunal de Cuentas “parece encaminada a entorpecer la tramitación del expediente sancionador iniciado por este Tribunal contra cargos del gobierno catalán por uso indebido de fondos públicos, por una cuantía superior a cinco millones de euros», dinero que «se habría usado para la promoción exterior del proceso secesionista, para la gran campaña de obtención de apoyos internacionales”.
La eurodiputada destaca que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público, y que su función es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos.
El Gobierno ha dicho que el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas es administrativo, pero Pagazaurtundúa subraya que este Tribunal en estos pleitos ejerce funciones auténticamente jurisdiccionales que terminan en sentencia, que después se pueden recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
La eurodiputada expone a Reynders que el Ejecutivo, «que alberga a un partido populista ultraizquierdista, busca utilizar las normas sobre la composición de un órgano para modificar la estructura y proteger a personas que ocupaban cargos públicos en el Gobierno catalán entre 2011 y 2017″.
Así, sostiene que “esta acción, nuevamente, va contra la separación de poderes y es una invasión de la independencia judicial en toda regla”.
«En anteriores ocasiones hemos señalado el problema subyacente de la politización en la elección deestructuras de control de poderes públicos», recuerda la eurodiputada, y añade que «las declaraciones públicas de miembros de los partidos en el Gobierno indician el deseo de hacerse con el Tribunal para encubrir un episodio de corrupción flagrante y grave».
En palabras del ministro José Luis Ábalos, que recoge la eurodiputada en la carta, “estas causas no dejan de ser piedras en este camino”, refiriéndose a «esta estrategia arbitraria de búsqueda de impunidad por parte del Gobierno», para añadir que “nos corresponde ir desempedrando este camino”.
Apunta que la ministra Irene Montero, de Unidas Podemos, también se mostró ayer partidaria de “prescindir de todo lo que no sea eminentemente político” al considerarlo “dificultades” y “piedras en el camino”, como afirmó en una entrevista en “La Hora de la 1”, de TVE.
Para Pagazaurtundúa, “las declaraciones de Ábalos y Montero son una clara declaración de intenciones».
El portavoz adjunto en el Congreso y vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Cs, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales, también ha manifestado su “enorme preocupación” ante este «nuevo ataque del Gobierno a la división de poderes y la independencia judicial, para privilegiar a imputados y condenados separatistas».
“Los españoles ya saben qué es lo que sigue al indulto: El desprestigio y el ataque desde el propio Gobierno del Estado a todas las instituciones del Estado que están velando por reparar a el interés general de los españoles tras las ilegalidades separatistas”, ha señalado.
Bal ha subrayado que “la independencia de instituciones como el Tribunal de Cuentas o las que conforman el Poder Judicial son la última garantía de los demócratas y el Estado de Derecho ante las arbitrariedades del Gobierno de Pedro Sánchez” y que es por ello que “se las ataca e intenta desprestigiar para favorecer a los separatistas”.
Pagazaurtundúa también advirtió la semana pasada a Reynders en otra misiva de la reforma que respalda el Gobierno para limitar las funciones del Tribunal Constitucional, «para que no pueda sancionar a quien desobedece sus sentencias».
La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Eutopeo afirma que «en todos los casos subyace la intención de favorecer la impunidad de delitos e irregularidades».
«La calidad del Estado de Derecho está viéndose afectada una y otra vez por las iniciativas de este Gobierno. Parece imposible de creer, pero tal arbitrariedad de fondo y responsabilidad está pasando», concluye Pagazaurtundúa en su última carta, y pide al comisario de Justicia, una vez más, que «vigile de cerca esta reforma» y tenga en cuenta este asunto en el informe que prepara sobre el Estado de Derecho en la Unión.
