Se trata de la indemnización que plantea la Sala de lo Social del Supremo en la figura del indefinido no fijo. Foto: EP.
Iceta ofrece 20 días por año trabajado a aquellos interinos en abuso de temporalidad que pierdan su plaza tras la oposición
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03/7/2021 01:00
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Actualizado: 03/7/2021 01:00
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El acuerdo con los sindicatos mayoritarios esta más cerca. La cuantía de las indemnizaciones podría poner en peligro la estabilidad del 80% de las administraciones locales de nuestro país con recursos escasos.
Sin apagarse los ecos de la reunión que mantuvo el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con las comunidades autónomas del pasado jueves, la reunión de los sindicatos mayoritarios con el ministro ha alcanzado un acuerdo para ofrecer una indemnización aquellos interinos que pierdan su plaza porque no superen el proceso de estabilización.
Se les ofrecerá 20 días por año trabajado. Curiosamente, la indemnización que plantea la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la figura del indefinido no fijo que ahora ha rescatado.
En el documento se mantiene la decisión de incluir en bolsas de empleo específicas a los interinos que no superen el concurso-oposición.
En los últimos meses, las propuestas del Ministerio han ido evolucionando de forma progresiva, de no ofrecer ninguna compensación tras el cese de ese interino a los tres años, a los 33 días por año trabajado de hace varios días a esta última que pretende ofrecer una compensación a los interinos que no superen dicho proceso de estabilización.
Es previsible que el próximo lunes por la tarde Iceta cierre la negociación con los sindicatos mayoritarios y resuelva cuestiones pendientes, como son la compatibilización del proceso de estabilización con la movilidad, la promoción interna del personal fijo o el establecimiento de unas garantías claras de cumplimiento del acuerdo de estabilización, entre otros asuntos.
De todas formas, las reticencias que existen en las comunidades autónomas podrían hacer que el Decreto Ley que planea Iceta llevar al Consejo de Ministros se demore algunos días y que fuera en el del martes 13 de julio cuando llegase a Moncloa definitivamente.
Las críticas a esta propuesta llegan desde diferentes escenarios. Para el colectivo de interinos es insuficiente y no cumple la jurisprudencia comunitaria. Vuelve a señalar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) habla de sanciones disuasorias ante el abuso y la que plantea el Ministro no es acorde a ello.
Desde la Coordinadora Estatal de Personal Público se insiste en que el ministro sigue abordando la compensación económica en lugar de la sanción a la administración y la verdadera raíz del abuso de temporalidad existente en nuestro país.
Para este colectivo el escenario que se avecina es el de ceses masivos que van a significar miles de millones de euros en indemnizaciones inasumibles y además tampoco son sanción al abuso cometido por la administración que estipula la Directiva 1999/70 y el TJUE.
En este sentido, asegura que la propuesta provocará un efecto llamada sobre las demandas a nivel individual, que continúan en aumento, y un coste de judicialización excesivo por no atender la realidad y empeñarse en un proceso de estabilización.
Señalan, así, una sentencia reciente de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que planteaba considerar un caso de funcionario de prisiones interino como empleado público a extinguir.
El problema es que el Gobierno rechaza esta categoría de forma generalizada —que supondría otorgar una plaza indefinida al trabajador— porque asegura que la Constitución lo prohíbe, como también lo indica en la Exposición de Motivos del Decreto Ley que está listo para aprobarse dentro de unos días .
¿Quién paga las indemnizaciones?
Otro colectivo disconforme son las comunidades autónomas que esbozan un alud de indemnizaciones para las que no hay dinero. Por eso, este jueves en la reunión sectorial con el Ministerio ya reclamaban un fondo que se hiciera cargo de dichas cuantías.
A nivel de comunidades autónomas la decepción era notable por la propuesta planteada por Iceta. La noticia de la extensión de las indemnizaciones al colectivo de interinos no es una buena noticia. La idea de que se cree un fondo para que ayude al pago de las mismas vuelve a estar en la mente de algunos de ellos.
La consejera de la Generalitat Valenciana Gabriela Bravo, participante en la reunión, señalaba la posible inconstitucionalidad de aplicar única y exclusivamente al personal interino que se nombre a partir de la entrada en vigor de la reforma legal, la compensación económica para el personal interino que no apruebe la prueba de consolidación.
La consejera de la Generalitat Valenciana Gabriela Bravo durante la reunión.
Para Bravo esta propuesta podría a suponer una conflictividad judicial que va a afectar sobre todo las comunidades autónomas ya que el trato es claramente discriminatorio.
En su reflexión indicaba que se va a indemnizar a personas que contratemos a partir de la entrada en vigor de la norma y que hayan estado en un puesto de trabajo más de 3 años y, sin embargo, los interinos actuales que cuentan en algunos casos con largos periodos de trabajo no van recibir ningún tipo de compensación.
Por ello, Bravo planteó una tasa adicional para la reducir la interinidad que permita poder ofertar todas de plazas estructurales -no incluidas en planes de estabilización anteriores-, en las que no hay personal funcionario titular y creadas con anterioridad al 1 de julio de 2021.
Con esa medida, cree que muchas comunidades autónomas podrían poner el contador de la temporalidad a cero. A su juicio, con los planes de estabilización y la incorporación de esta tasa adicional podríamos abordar una solución real al problema de la interinidad actual.
País Vasco habla de injerencia
Por su parte, la consejera vasca Olatz Garamandei indicaba que la propuesta del ministro Iceta no da respuesta a la situación del personal con larga interinidad en la administración y no plantea la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEB) para procesos de consolidación
Garamendi considera que la propuesta del Estado supone una extralimitación de la legislación básica y una intención de uniformización en materia de políticas de función pública.
En este sentido, destacó que «la propuesta presentada por Iceta establece cuándo y cómo se puede nombrar el personal interino, vinculando la aplicación de la tasa de reposición también a los interinos, de modo que el nombramiento del personal interino dependería de las jubilaciones que se puedan ir produciendo”.
La consejera vasca Olatz Garamandei durante la reunión telemática.
Por ello, es partidaria de la eliminación de estas herramientas, ya que con ellas se sigue limitando la capacidad de oferta de plazas por parte de las administraciones vascas. “Deberíamos poder ofertar todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente”.
Garamendi volvió a explicar ante el ministro que las medidas planteadas por el Ministerio atienden al futuro, a los nuevos interinos, “pero no plantea una solución real y efectiva ante las situaciones pasadas de larga interinidad”, cuyo origen reside en las tasas de reposición.
A su juicio, con estas medidas el Gobierno parece querer quitarse de encima el reproche recibido desde el TJUE por “abusar” de la contratación temporal en sus administraciones “sin tener en cuenta la realidad de las comunidades autónomas, a las que nos hipoteca con la puesta en marcha de estas compensaciones económicas sin resolver el verdadero problema de fondo”.
La Rioja y el Tribunal Constitucional
Otro punto de atención de la función pública está en La Rioja estos días. En esta comunidad autónoma esperan que les llegue la notificación del recurso que interpondrá el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Se interpuso este martes tras el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar un recurso contra el Estatuto de Personal de la Cámara riojana al considerar que crea una categoría laboral que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución.
Se trata en concreto de la disposición adicional segunda que, aprobada por el Parlamento con el voto en contra del PP y la abstención de Cs el pasado mes de abril, establece que aquellos trabajadores que llevan más de cinco años prestando servicios en la Cámara pasen a ser personal fijo.
En aplicación de dicha disposición, el Parlamento riojano hizo fijos a cinco trabajadores interinos -un letrado, una jefa del Área de Sistemas y Archivo de Información y las jefas de Gestión Parlamentaria, Publicaciones, y Asuntos Económicos y Personal-, lo que en la práctica supone equiparlos en derechos a la categoría de funcionario, pero sin haber pasado por una oposición.
El propio Jesús María García, presidente de dicha institución, ha señalado que en varias ocasiones que «la Cámara riojana no se rige por el Estatuto de Función Pública, sino por el suyo propio, por lo que su normativa y sus decisiones no afectan al resto del sector público».
Mientras tanto cerca de 4.000 interinos que hay en esta comunidad autónoma, según la Plataforma de Interinos de La Rioja, están a la espera del desenlace de dicho recurso, que aún tardará.
Son profesores, sanitarios, personal administrativo o de justicia a la espera de una solución a un problema de hace años. No son funcionarios, pero acumulan amplias trayectorias en el sector público, por encima de los 20 o 30 años en algunos casos. Ahora consideran que ha llegado el momento de regularizar su situación.
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