Serán juzgados el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Foto: Carlos Berbell
A juicio un hombre acusado de ofrecer los servicios sexuales de su hija menor de edad
La Fiscalía pide 10 años de cárcel para él y 9 años para su compañera sentimental por un delito de prostitución y explotación sexual, corrupción de menores de edad
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09/7/2021 11:05
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Actualizado: 09/7/2021 11:05
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La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes a un hombre acusado de ofrecer los servicios sexuales de su hija menor de edad, de 15 años, a cambio de dinero.
La Fiscalía le imputa a él y a su pareja sentimental un delito de prostitución y explotación sexual, corrupción de menores de edad.
Para él pide 10 años de cárcel, y para ella 9.
Según relata el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, el hombre –J. I. M. D. L., nacido en El Salvador, en situación irregular en España y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia-, puesto de acuerdo con su pareja sentimental, M. A. P. -mayor de edad, de nacionalidad española y sin antecedentes penales-, «con el propósito de obtener un enriquecimiento ilícito» publicaron en una página web el 26 de junio de 2017 y hasta al menos el 28 de julio de 2017 un total de 15 anuncios «ofreciendo servicios de contenido sexual» de la menor a cambio de dinero.
Destaca que ambos se prevalieron de su relación de parentesco, «al ser el primero el único progenitor de la menor en España y la segunda, pareja sentimental de su padre».
Según expone, la idea era que tanto la M.A. P como la menor ejercieran la prostitución, por lo que ambos acusados decidieron alquilar una habitación en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, propiedad de D. P. B. y A. S. R., que también se sentarán en el banquillo acusados del mismo delito y para quienes el fiscal solicita cinco años de prisión.
Así, el 28 de julio de 2017 «M. A. P., en compañía de la menor, suscribió un contrato verbal de arrendamiento» con de dicha habitación los otros dos acusados, ambos mayores de edad, de nacionalidad española y sin antecedentes penales, quiénes eran a su vez arrendatarios y usuarios del inmueble.
La Fiscalía indica que D. P. B. y A. S. R., «con el propósito de obtener un enriquecimiento ilícito, alquilaron la habitación a sabiendas que en la misma se iba a ejercer la prostitución» por M. A. P. (quien se presentó como “Eva”) y por la menor de edad», lo que «determinó un suplemento en el precio de alquiler pactando una renta de 150 euros semanales».
Subraya que los propietarios de la vivienda tuvieron “pleno” conocimiento cuando alquilaron la habitación de que la mujer conocida como “Luna” era menor de edad.
Según expone, tanto M. A. P. como la menor estuvieron en el interior de la vivienda desde el día 28 de julio de 2017 hasta el día 3 de agosto de 2017, periodo en la que diariamente prestaron servicios de contenido sexual a cambio de dinero.
Indica que estos servicios de contenido sexual se efectuaban previo conocimiento de J. I. M. D. L., quién había acordado que se quedaría en un parque de las inmediaciones supervisando el desempeño de los servicios.
La Fiscalía apunta que a tal fin, el padre era avisado por su pareja en el momento en que se iba a recibir un cliente, «y éste procedía a vigilar y observar la recepción» del mismo, para después de finalizado el servicio reunirse con ambas en un parque de las inmediaciones.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que al padre se le imponga una multa de 9.000 euros y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su hija, su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 11 años.
También reclama 8 años de libertad vigilada, consistente en la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su hija, su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, y el sometimiento a programas formativos de educación sexual.
Asimismo, pide que se le imponga la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de hasta seis años respecto de su hija, así como la inhabilitación especial para el desempeño de profesión u oficio que conlleve contacto directo y regular con menores durante un periodo de 14 años.
También interesa la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a J. I. M. D. L. en un centro penitenciario en España, sustituyéndose por la expulsión del territorio nacional una vez alcance el tercer grado penitenciario, se le conceda la libertad condicional o cumpla tres partes de la pena impuesta.
Para la acusada también pide además de 9 años de cárcel, una multa de 9.000 euros; la prohibición de que se aproxime a menos de 500 metros de la menor, su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 11 años; 8 años de libertad vigilada, el sometimiento a programas formativos de educación sexual; e inhabilitación especial para el desempeño de profesión u oficio que conlleve contacto directo y regular con menores durante 14 años.
Para los otros dos acusados solicita para cada uno 5 años de prisión, una multa 6.000 euros, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor, su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar frecuentado por ella, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 6 años; cinco años de libertad vigilada, que se sometan a programas formativos de educación sexual, y la inhabilitación especial para el desempeño de profesión u oficio que conlleve contacto directo y regular con menores durante 8 años.
El padre ha estado privado de libertad por estos hechos entre el 5 de agosto de 2017 y el 6 de mayo de 2019.
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