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Lo que Juan Carlos Campo deja pendiente para Pilar Llop
El columnista, Carlos Berbell, describe las asignaturas pendientes que hereda de Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia. Foto: EP.
11/7/2021 06:46
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Actualizado: 11/7/2021 06:46
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Es evidente que la razón principal por la que Juan Carlos Campo ha dejado de ser ministro de Justicia ha sido por su papel, y su responsabilidad en los indultos, de los 9 separatistas condenados por secesión.
Era sí o sí. Porque si se hubiera negado haría mucho tiempo que habría dejado la cartera. Ha hecho lo que le tocaba hacer.
Campo, además, no era tan cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tenía casi todos los boletos para que le hubiera tocado volverse a la Audiencia Nacional, o a fichar por un gran despacho de abogados para hacer caja hasta la jubilación.
Seguro que su cercanía al movimiento LGTBI ha jugado su papel.
La salida de Campo deja a su sucesora, y compañía de carrera, Pilar Llop con un herencia cargada de objetivos: un Ministerio trabajando frenéticamente sobre la hoja de ruta que estableció en 2019, cuando tomó posesión de su cargo, y que supone el proyecto histórico de modernización de la Administración de Justicia más ambicioso de los últimos tiempo.
Un proyecto que se levanta sobre la base de tres futuras leyes: la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital.
La primera fue llevada al Consejo de Ministros el pasado mes de abril y supone la reorganización de la pirámide judicial sobre tres pilares básicos: los tribunales de instancia, las oficinas judiciales y las oficinas de justicia en cada municipio.
Por la segunda, la de eficiencia procesal, se integrarán las diferentes plataformas de gestión procesal diferentes –existen hasta 9–, haciendo realidad una necesidad: que puedan comunicarse entre sí, cosa que no ocurre en estos momentos.
La tercera, la de eficiencia digital, conlleva la transformación de la Oficina Judicial, con el expediente digital en la nube, la videograbación y la transcripción de su contenido a texto, los juicios telemáticos…
Todo sobre un concepto que requiere mucha mano izquierda, mucha dedicación y mucho tiempo: la cogobernanza, que consiste en hacer todo en consenso con todos, el Ministerio y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
Campo deja a Llop un Ministerio con una hoja de ruta y unos objetivos bien definidos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Pendiente también quedan el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal –y su consecuencia directa, un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal–, la transposición de la Directiva de los «Whistleblowers», o como se le quiere llamar aquí, alertadores o denunciantes de corrupción, que tiene que hacerse antes de 2022, la nueva Ley de Acceso a la Abogacía y la Ley de Asistencia Gratuita, la reforma de los artículos del Código Penal referidos al enaltecimiento del terrorismo, para evitar que los raperos vuelvan a ir a la cárcel, a los delitos de rebelión y sedición, la casación autonómica y todo lo que tiene ver con el Proyecto Justicia 2030.
En «cash», dinero contante, la nueva ministra de Justicia va a contar con 410 millones de euros hasta 2023, además de 60 millones más para el proyecto de sedes sostenibles.
Es cierto que, en puridad periodística, tenía que haber comenzado hablando con las «asignaturas políticas» pendientes, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 2 años y 7 meses fuera de su tiempo, de los tres magistrados del Tribunal Supremo, que tenían que haber sido sustituidos en noviembre pasado, del Defensor del Pueblo, de la directora general de la Agencia de Protección de Datos, y ahora el Tribunal de Cuentas.
Pero lo que hay en marcha en el corazón del Ministerio de Justicia es tan importante para el futuro de la Justicia española que no quedaba más remedio que ir al grano.
A lo que importaba, de verdad.
Esto.
En las horas posteriores a la publicidad de la renovación me contaban personas del equipo de ministro Campo –hasta el lunes sigue siéndolo– que esperaban que sucediera como cuando Mariano Fernández Bermejo fue cesado el 24 de febrero de 2009 y sustituido por Francisco Caamaño.
El nuevo ministro no alteró la ruta y contó con mucha gente del exministro. Los experimentos, como se suele decir, con gaseosa.
Sinceramente, espero que Pilar Llop haga lo mismo. Sé que es una persona muy inteligente y muy sensata.
Su paso por la Presidencia del Senado ha dejado una profunda huella. Me consta. Ha sido un ejemplo para todos. Institucional y no partidista. Y le gustaba lo que estaba haciendo.
Para la posteridad de la Cámara Alta queda el hecho de ha sido la que ha puesto en marcha el sistema de voto telemático para que los senadores no tuvieran que acudir presencialmente a las votaciones ante las restricciones impuestas por el coronavirus.
Recientemente protagonizó una de las polémicas más sonadas de esta legislatura en el Senado después de que resolviera una solicitud de controversia del Gobierno y decidiera anular la votación de una enmienda en la ley antifraude que recogía la bajada del IVA de las peluquerías del 21% al 10%.
Esto provocó el enfado de la oposición, que pidió su dimisión. Llop se defendió asegurando que hay que utilizar «con valentía» el Reglamento de la Cámara Alta.
Lo que no sabían los que tanto la criticaron es que su madre es peluquera.
Porque Llop, de 47 años, procede de una familia humilde. Su padre, taxista, posteriormente se convirtió en empleado de banca. Y los estudios, la oposición a magistrada, operó como ascensor social, como lo llaman los franceses.
La nueva ministra de Justicia habla bien inglés, alemán, francés y español, y se defiende en italiano y búlgaro. Es, como Campo, magistrada en servicios especiales, titular de uno de lo Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid y ha sido delegada del Gobierno contra la violencia de género, una materia de la que es una de las grandes expertas de España.
Con Enrique López, el responsable de Justicia e Interior del PP y consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, se entenderá perfectamente en español. Y no necesitará más porque los dos, como ocurría con Campo, se conocen bien.
Todo cambia pero nada cambia.
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