Unidas Podemos pide a Montero cambios en el Real Decreto-ley y voluntad política para encajar la fijeza que reclaman los interinos
Considera que el Real Decreto-Ley de interinos, pendiente de convalidación, es “insuficiente para resolver la problemática”. Foto: EP.

Unidas Podemos pide a Montero cambios en el Real Decreto-ley y voluntad política para encajar la fijeza que reclaman los interinos

La formación pide diálogo de cara a que las pruebas no sean eliminatorias y que se suprima la tasa de reposición durante algunos años 
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14/7/2021 13:20
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Actualizado: 14/7/2021 13:20
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El portavoz de Función Pública de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y diputado por Granada, Pedro Antonio-Honrubia, ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la que muestra su preocupación por el colectivo de interinos y el Real Decreto-Ley pendiente de convalidación que tilda de “insuficiente para resolver la problemática”.

Para esta formación política “solamente haría falta voluntad política para reformar los textos legales correspondientes para que se pudiera encajar en nuestro ordenamiento jurídico la propuesta de fijeza que demanda buena parte del colectivo de interinos y, desde luego, nosotros no renunciamos a ella”.

En la citada carta, a la que ha tenido acceso Confilegal, se indica que sería bueno hacer algunos cambios en el Real Decreto-ley antes de su votación en el Congreso de los Diputados. Para Unidas Podemos esos cambios tienen que ver con modificaciones en lo relacionado al proceso selectivo, fijado en su artículo 2.4.

A juicio de Honrubia, habría que establecer  que en el proceso de concurso-oposición, ni las pruebas ni la fase de oposición puedan ser eliminatorias. 

Asimismo, considera que hay que establecer que la persona aspirante pueda utilizar su mejor nota obtenida en cualquier proceso anterior convocado por la misma administración para el acceso al mismo cuerpo, escala o categoría. 

Según señala en la misiva que ha enviado a Montero, hay que hablar de un “colectivo que ha sido maltratado por las Administraciones Públicas y al que este Gobierno de coalición progresista tiene la obligación de mejorar su situación”.

A su juicio, “el actual Real Decreto-Ley aporta algunos avances importantes, pero es todavía insuficiente para reparar el maltrato antes mencionado, hacer justicia con ellos y ellas y también garantizar la eficiencia de nuestro sector público no desaprovechando la experiencia acumulada por estas personas”.

Otro tema que destaca en la citada carta el diputado de Unidas-Podemos es que para “garantizar que esta inaceptable situación de precariedad fuera de la ley y de maltrato a nuestros profesionales públicos no se vuelve a repetir, es necesario un compromiso de que se aumentarán significativamente por encima del 100% las tasas de reposición en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en aquellos servicios públicos que han sufrido recortes en plazas estructurales desde el año 2008″. 

Las tasas de reposición han sido el caballo de batalla de sindicatos y administraciones autonómicas en las negociaciones de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En la reforma que se acaba de aprobar no queda claro.

La idea de Unidas Podemos es que estas tasas significativamente superiores al 100% se mantendrán durante un número de años suficiente como para recuperar el número de plazas estructurales previo a los recortes y así garantizar el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos. 

Honrubia ha declinado hacer declaraciones a Confilegal  sobre el contenido de la carta, pero avanza que aún no está decidido el voto de su formación política respecto a la convalidación del Real Decreto-Ley.

Desde su formación se apela a que se genere un diálogo constructivo en el seno del Gobierno de coalición para que estas modificaciones se hagan efectivas antes de la votación del texto.

Precisamente, este miércoles en Granada ha tenido lugar una reunión entre Unidas Podemos y CGT Andalucía, sindicato adherido a la Coordinadora Estatal de Empleo Público Temporal.

En dicha reunión, CGT Andalucía a través de su secretario general en Andalucía, Miguel Montenegro, ha defendido una solución para que “quienes están ya en la administración, se queden”.

El propio Honrubia, asistente a dicho encuentro, ha confirmado los extremos de la carta enviada a la ministra Montero así como que se van a proponer una serie de medidas de mínimos tendentes a modifica el Real Decreto Ley que podrían resumirse en mejora de las indemnizaciones, pero principalmente en lo ya avanzando en dicha carta de que dichas fases de ese concurso oposición no sean eliminatorias.

Desde CGT Andalucía se ha insistido a Unidas Podemos en que cualquier modificación que se plantee del Real Decreto-Ley es insuficiente, porque no se puede dar por hecho que la respuesta al abuso a la temporalidad en las administraciones públicas sean los procesos abiertos.

Y es que, según el sindicato contraviene la jurisprudencia del TJUE y el propio espíritu de la Directiva Europea 1999/70, incluso el espíritu que expresa el propio Decreto de Iceta al considerar responsables del abuso a las administraciones públicas.

Interinos en el Congreso de los Diputados

En este contexto, ha tenido lugar frente al Congreso de los Diputados la comparecencia  del colectivo de interinos, ya en reuniones diversas con las distintas formaciones políticas para evitar que se convalide el Real Decreto-Ley aprobado por el ya exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

La iniciativa ha sido promovida por los sindicatos alternativos a nivel nacional: Cobas, sindicato de comisiones de bases; Confederación Intersindical; Solidaridad Obrera,  Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) de Aragón y Galicia, con el apoyo de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT).

A nivel regional los sindicatos vascos ESK e Interinok Taidea; Ista y STEPA de Intersindical Aragón, SAS de la Comunidad de Madrid, Intersindical Alternativa de Cataluña; Intersindical Valenciana, el sindicato Steilas.

Distintos colectivos de interinos han dirigido una carta a los grupos parlamentarios sobre su situación.

Un portavoz de este colectivo explicaba a Confilegal que este 14 de julio, día la Toma de la Bastilla en Francia, los comparecientes señalaron que la problemática de los interinos se ha legislado a golpe de Real Decreto sin tener en cuenta la situación de estos profesionales.

Desde este colectivo se ha hecho un esfuerzo telemático, contactando con todos los partidos políticos y sus responsables de función pública, al mismo tiempo que ya se están cerrando reuniones con las diferentes formaciones para explicarles la situación actual.

Los interinos llegados a Madrid han registrado una carta para los diferentes grupos parlamentarios donde se indica que el Real Decreto-Ley es contrario a las leyes europeas, no sanciona el abuso de la temporalidad y condena a la precariedad a cientos de miles de empleados públicos.

En el texto de la carta se indica que, en resumen, este Decreto no ofrece seguridad jurídica, ni define con claridad la situación de abuso, ni incorpora medidas disuasorias, ni mucho menos sancionadoras del abuso.

Para los firmantes de dicha carta  el problema del abuso de temporalidad en el empleo público requiere de soluciones asumibles y garantistas no solo para los empleados públicos afectados, sino para el conjunto de la ciudadanía, porque le afecta de lleno como beneficiaria de los servicios y como contribuyente esencial de los costes financieros de lo público. 

“Y para ello se deben utilizar canales ordinarios de producción legislativa, muy lejos del ejercicio de dictadura del Decreto Ley que se está utilizando”, señalan.

Hay que recordar que hace unos meses, antes de la comparecencia del que era en aquel momento ministro, Miquel Iceta, los miembros de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal mantuvieron distintas reuniones con los grupos políticos en el Senado. 

De manera paralela la citada Coordinadora  ha puesto en marcha una campaña informativa de cara a explicar a sus asociados como denunciar su situación ante la Comisión Europea. Cerca de 19.000 posibles afectados ya han consultado la web y la guía informativa elaborada por este motivo.

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