La presión de los interinos en estas últimas semanas, con reuniones y acciones con los partidos políticos, clave para frenar el 'Icetazo'.
ERC, Podemos y 4 partidos pequeños apoyan al PSOE en el Real Decreto de los interinos a cambio de que se tramite como proyecto de ley
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22/7/2021 01:00
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Actualizado: 22/7/2021 01:00
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El último Pleno del Congreso de los Diputados antes del parón de verano fue de infarto. La Cámara Baja convalidó el Real Decreto-Ley de interinos acordado por el exministro Miquel Iceta con los sindicatos mayoritarios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora también al frente de Función Pública, fue la encargada de defender el apoyo al texto en el Hemiciclo.
Al final un exiguo 170 frente a 169 en la votación deja claro la necesidad de modificar considerablemente un texto normativo que a la mitad de la Cámara ha gustado.
El ‘Icetazo’ o el Real Decreto-ley 14/2021 se ha convalidado pese a la falta de talante negociador del Gobierno, tal y como los diputados lo han indicado en el debate. Y es que, conocieron del texto un par de días antes del debate.
Además del apoyo de Unidas Podemos -socio de Gobierno del PSOE-, el texto ha contado con el apoyo de ERC, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria, mientras que el PNV y Más País-Equo-Los Verdes se abstuvieron.
El pacto logrado por Montero con esas formaciones políticas subraya que este Real Decreto se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá su modificación, a partir del 1 de septiembre.
Se prevé su aprobación para mediados de octubre, con otras novedades pactadas.
Tanto ERC como Unidas Podemos en su toma de postura dieron un voto de confianza al Gobierno en la tramitación por proyecto de ley.
En sus exposiciones, Pilar Vallugera y Pedro Antonio Honrubia, portavoces de estas formaciones políticas subrayaron las muchas deficiencias que contiene el Real Decreto-Ley y que esperan que el Gobierno sea capaz de introducir mejoras en la tramitación.
Vallugera anunció un cambio de posición de ERC, “creo que debemos dar una explicación a las personas interinas de porqué cambiamos nuestro voto. El problema de fondo está ahí. Hay que ver cómo modificamos este Real Decreto-ley ahora convertido en proyecto de ley».
Desde su punto de vista, “el Estado crea el problema. La tasa de reposición genera el problema. La Administración tiene un 8% de temporalidad y en las comunidades se ha acumulado toda esta tasa de temporalidad. En sanidad y enseñanza. Un personal de avanzada edad y femenino que será complicado de recolocar”.
A su juicio, “nuestro trabajo ahora va a ser introducir todas las garantías que venimos manteniendo de dos años para que se cumpla la jurisprudencia europea y los derechos de los trabajadores”.
«El artículo 61.6 del EBEP [Estatuto Básico del Empleado Público], donde se indica que se permite de forma excepcional la selección de los funcionarios por concurso de méritos, también en ese acuerdo, es algo muy importante. Creemos que estos profesionales no deben ir a oposiciones, ya llevan diez años en fraude de ley y un concurso de méritos es lo más lógico para que no pierdan su plaza”, apuntó.
Vallugera apeló a “la sinceridad y lealtad del PSOE para que esté aprobado y tramitado en octubre. En estos momentos creemos que es mejor este Real Decreto que tendrá una vida muy corta que seguir con el EBEP anterior”.
Por su parte, Honrubia se limitó a defender sus tesis ya comentadas por Unidas Podemos en una carta enviada a Montero, misiva que al parecer generó el debate que antes no existió en el Gobierno.
También valoró que el Gobierno haya introducido el artículo 61.6 del EBEP que permite la exención de las oposiciones. Desde Unidas Podemos se va a trabajar en mejorar la futura norma y en buscar indemnizaciones más acordes a la situación de fraude de ley de estos profesionales
Una reforma exprés injustificada
En el lado del ‘no’ el resto de las formaciones políticas. María de los Llanos de Luna, por parte del PP, señaló que al Gobierno no le interesa la función pública “es evidente que es un tema menor y sin importancia ya que en menos de dos años han cambiado tres veces de ministro. Hay una falta de continuidad clara en la política de administración pública”.
Desde su punto de vista, “con este Real Decreto-ley cierran en falso un grave problema del empleo público en nuestro país. Crean más problemas que soluciones al contener lagunas e imprecisiones normativas. Si ahora se tramita como proyecto de ley haremos nuestras aportaciones».
Para esta diputada, “existen grandes diferencias en la carencia absoluta de soluciones técnicas y jurídicas para reducir la temporalidad y sobre todo en la forma. Ustedes en la forma autoritaria lo hacen con el abusivo Real Decreto-Ley, solo previsto para situaciones de extrema necesidad. En este tema no hace falta regulación exprés”.
“La propia extensísima exposición de motivos del llamado ‘Icetazo’ deja en evidencia que la urgencia de su uso no esta justificada ante un problema estructural como éste. Tampoco el presidente del Gobierno está convencido al haber cesado recientemente al titular de dicho Ministerio de Administración Pública y Función Pública, Miquel Iceta, ahora en Cultura», destacó.
A su juicio, “el Gobierno debería haber traído esta Cámara un proyecto de ley en un tema tan importante como es el empleo público temporal, hubiera gozado de consenso, de debate y de participación de todas las partes afectadas”.
En su opinión, “no queda claro quien va a pagar estas indemnizaciones que plantea dicha norma que deberán pagarse a los empleados públicos temporales que vayan a superar los procesos selectivos. Al mismo tiempo se va producir solapamiento de varios procesos de estabilización, donde unos tendrán derechos a indemnización y otros no”.
También recordó que habrá plazas que “se verán afectadas a la misma vez de un proceso de consolidación y de una oferta de empleo público, no queda claro qué tiene preferencia si la oposición pura y dura o el proceso de consolidación. No lo resuelven sino que incrementará la litigiosidad”.
También resaltó que otro problema se va a generar en función “de la Comunidad Autónoma o ayuntamiento en la que se presente, ya que no hay un un mínimo diseño de estas pruebas para los diferentes subgrupos e incluso cuando para las entidades locales han dejado que esté en vigor el artículo 89 del Decreto 896 del año 1991 que regula las reglas básicas de acceso a la entidad local”.
Sobre la incorporación de estos interinos a unas bolsas de trabajo si no superan el proceso, apuntó que “dejan a la determinación de cada convocatoria la nota que se tiene que alcanzar, incluso tampoco aclaran si hay o no compatibilidad entre percibir la indemnización y la incorporación inmediata a esa bolsa o la contratación por esa administración. Esto debe delimitarse para evitar fraude de ley”.
La diputada del PP señaló que “no se ha hecho un análisis de los puestos y de las plazas. No sabemos cuantas plazas están ocupadas. No se ha determinado de forma objetiva que se considera el fraude de ley y el abuso de la contratación temporal. Una vez que lo sepamos se podrían establecer unas medidas adecuadas sometidas al consenso de Comunidades Autónomas, sindicatos y la FEMP”.
Interinos, satisfechos pero expectantes
En los aledaños del Congreso cientos de interinos esperaban el desenlace y mostraban su decepción ante el resultado final. Confían en que el nuevo texto sea más ecuánime y recoja las reivindicaciones que vienen reclamando desde hace años.
Para Cristina Grúas, presidenta de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, “el gran avance es que se tramita por proyecto de ley con lo cual se van a incluir enmiendas de manera importante. Creo que los partidos políticos han entendido nuestras reivindicaciones como hemos visto en las exposiciones de los diferentes partidos políticos”.
“Esperamos que ahora el Gobierno nos tenga en cuenta. Vamos a abrir una ronda de reuniones con partidos políticos para poder trabajar con ellos este proceso de enmiendas que creemos que es importante. Hemos conseguido parar este Real Decreto-ley y ahora esperamos que el nuevo texto recoja la normativa europea y la Directiva 1999/70. Es importante que nuestro país tenga un servicio publico preparado”.
Ahora se inicia otra fase “no está todo perdido y es fundamental que ahora empecemos a trabajar para presentar propuestas en este nuevo texto. A la persona abusada hay que facilitarle que se mantenga en su plaza. Y por supuesto las indemnizaciones deben ser más altas, ya lo ha dicho el TJUE en varias sentencias que debe ser abusiva”.
Desde su punto de vista, la presión social “que ha hecho nuestra coordinadora y sus organizaciones ha sido importante. Este ha sido un mes último muy notable. Quiero agradecer a todos los profesionales de todas las plataformas y colectivos temporales su trabajo en este asunto. Este es un tema de justicia social. Gracias a ellos estamos ahora con la esperanza del proyecto de ley”.
Reivindicar el acuerdo de Iceta con los sindicatos
A nivel sindical desde CSIF, sindicato mayoritario de las administraciones públicas, Francisco Lama, su secretario de acción sindical, señala que “es una buena noticia la convalidación de este Real Decreto-Ley. Es un primer paso en el que ha sido clave el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno el pasado 5 de julio”.
«Ahora habrá que estar pendiente de los anuncios hechos por la ministra Montero para que realmente haya seguridad jurídica y no nos encontremos con que los tribunales tumben las normas”, aclara.
Desde su punto de vista, “habrá que ver cómo se traspone el artículo 61.6 del EBEP que va a permitir a interinos que lleven diez años en plazas que no hayan salido a empleo publico realizar un concurso de méritos. Ahora lo importante es saber a cuantas personas afecta realmente. Hacer una valoración así es complicado en estos momentos”.
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama. Foto: CSIF
Desde CSIF se insiste en que “hay que darse cuenta que el problema lo han generado el comportamiento irregular de las administraciones, sobre todo en planificación de recursos humanos y en la contratación abusiva que se ha venido haciendo en estos años a nivel de temporalidad. Creo que el acuerdo firmado por los sindicatos con Iceta ha impulsado este debate parlamentario y vamos a ver si son capaces de solucionar esta problemática”.
En este sentido, el calendario de Montero y el resto de los partidos políticos para este proyecto de ley es que esté tramitado y aprobado en el mes de octubre.
Viendo el debate del Congreso de este miércoles no parece que sea fácil llegar a un consenso generalizado. “Los procesos de estabilización deben estar ejecutados a 31 de diciembre del 2024, hay que darse cuenta que este acuerdo obliga a las partes porque está vigente”.
Lama aclara que «en la negociación con el ministro Iceta ya defendimos que las pruebas de los procesos de estabilización no fueran eliminatorias. Habrá que ver realmente cómo queda el texto tras los anuncios hechos por la ministra Montero. Nosotros a disposición del Congreso por si es necesaria nuestra presencia para dar nuestra opinión de este tema”.
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